Pensiones: ¿separar la administración de cuentas?

SALVADOR VALDÉS P.

El Gobierno ha insinuado que propondrá la separación de dos prestaciones que hoy dan las AFP, la administración de cuentas y la gestión financiera, con el fin de obtener eficiencias de costo. Parte de esas eficiencias vendrían de la centralización de funciones en un solo organismo (monopolización). Sin embargo, la evidencia al respecto es débil, porque esa parte de las operaciones ya accedió al grueso de esas ventajas por medio de subcontratos a proveedores de gran escala (como Previred). Puede haber algunas eficiencias todavía, pero son menores.

La clave es otra. El programa de Gabriel Boric estima esencial que el nuevo operador único sea estatal. Es decir, descarta organismos privados como la Administradora de Fondos de Cesantía, la Caja de Compensación Los Andes y la AChS, cuyos servicios administrativos tienen calidad muy superior a los de organismos estatales similares, como el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Seguridad Laboral.

“Como la propuesta omite estatizar la fiscalización, que hoy casi no existe, pero propone estatizar otras funciones administrativas donde el Estado se desempeña peor, se concluye que su objetivo real no es la eficiencia operacional”.

Una prueba de esta ineficiencia es esta: ¿habría podido el IPS pagar retiros de 10% a diez millones de chilenos en pocas semanas? Para lograrlo, ¿bastaría con que fuera dotado de cinco consejeros inamovibles? El IPS dice demorar nueve meses en procesar una pensión del sistema antiguo, lo que es un exceso. Como no reporta datos duros al respecto, los parlamentarios deberían exigirlos.

Al enfocarse en operaciones que hoy cumplen las AFP, el Gobierno elude la reforma de mayor prioridad: traspasar al SII y la Tesorería la función de recaudar en forma eficaz en la PYME y los independientes, por medio de fiscalizar activamente el pago de cotizaciones. En la actualidad, los hombres que pensionan cada mes lo hacen con un promedio de 22 años de cotización, apenas la mitad de su vida laboral. Este pésimo resultado se debe a un error en el diseño técnico del sistema de AFP, como es pretender que un privado (las AFP) pueda obligar a una PYME semiformal a cotizar por medio de sentencias de los tribunales civiles chilenos.

En todos los países OCDE con bajas lagunas, esta parte de la tarea operacional está en manos del SII y Tesorería respectivos. Esta es la medida más eficaz para mejorar las pensiones futuras, porque reduce las interrupciones de cotización (lagunas) y las subdeclaraciones.

Como la propuesta omite estatizar la fiscalización, que hoy casi no existe, pero propone estatizar otras funciones administrativas donde el Estado chileno se desempeña peor, se concluye que su objetivo real no es la eficiencia operacional.

Pero si la meta es de otro tipo, por ejemplo, limitar el poder de los dueños de las AFP y sus directorios y reducir el gasto en comercialización, ¿por qué no aplicar medidas dirigidas a esos fines, como son la licitación del servicio para afiliados antiguos y la creación de un Comité de Propietarios que represente a los afiliados en cada fondo de pensiones? Si a la vez traspasara la fiscalización de la PYME al SII y la Tesorería, podría haber un acuerdo rápido, aunque no guste a algunos dueños de AFP.