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Alto contrasteRegulación de la IA: los riesgos de que la ley llega tarde
Jorge Atton P. ExSubsecretario de Telecomunicaciones
La discusión sobre cómo regular la inteligencia artificial (IA) en Chile avanza con una convicción compartida: proteger a las personas y dar certezas en un escenario tecnológico cada vez más complejo. Sin embargo, el camino elegido —un proyecto de ley que pretende definir obligaciones técnicas detalladas— corre el riesgo de repetir un error histórico: legislar sobre tecnologías que cambian más rápido de lo que puede adaptarse el derecho.
Chile ya conoce bien este problema. La Ley de Televisión Digital tardó más de una década en tramitarse y, cuando finalmente entró en vigencia, buena parte de sus supuestos técnicos estaban superados por el streaming, las plataformas globales y el consumo bajo demanda. Lo mismo ocurrió con la Ley de Neutralidad de Red: pionera en 2010, pero hoy insuficiente para abordar desafíos actuales como la congestión por plataformas, la priorización de tráfico para servicios críticos o los nuevos modelos de infraestructura digital. La historia es clara: cuando la ley queda amarrada a una fotografía tecnológica, inevitablemente envejece mal.
“El dilema no es si regular la IA. Es cómo hacerlo sin desincentivar la innovación, sin encarecer el desarrollo local y sin llegar tarde —como ya ocurrió con la televisión digital o con la neutralidad de red— a desafíos que mutan con la misma rapidez con que se escriben nuevos algoritmos”.
La IA avanza a una velocidad todavía mayor. En seis meses cambian las capacidades, los modelos, la arquitectura y los riesgos. Por eso, regularla mediante normas prescriptivas no solo es poco realista; es peligroso. La experiencia de la Unión Europea es ilustrativa: el AI Act, celebrado como vanguardia regulatoria, ya enfrenta dudas sobre su viabilidad y su impacto en la competitividad, al punto que varios Estados miembros impulsan mecanismos de flexibilización antes de que la ley se aplique por completo.
En contraste, otros países optaron por modelos más adaptativos. Reino Unido estableció una regulación basada en principios, delegando a cada regulador sectorial —salud, transporte, finanzas— la tarea de actualizar estándares técnicos de forma continua. Estados Unidos avanzó por una vía similar: una ley marco liviana complementada con guidelines de agencias que se revisan periódicamente. Brasil privilegió la protección de derechos y la participación multi-actor, manteniendo la técnica fuera del texto legal. Son modelos que no congelan la innovación, sino que conviven con ella.
Chile podría avanzar en esa dirección con una idea sencilla y moderna: una Ley Marco de IA que establezca principios obligatorios — transparencia razonable, supervisión humana, no discriminación, protección de datos— y que deje la regulación técnica a un organismo especializado con capacidad de actualización rápida.
Una innovación clave sería crear un Registro Dinámico de Sistemas de Alto Impacto, donde la autoridad clasifique tecnologías según riesgo real y no según una definición legal estática. Esto permitiría incorporar fenómenos emergentes —modelos generativos que clonarán voces, agentes autónomos capaces de ejecutar tareas críticas— sin reformar la ley cada vez que aparece algo nuevo. Canadá y Australia estudian mecanismos similares, pero Chile podría implementarlo primero a nivel regional.
Este modelo flexible también permitiría abordar los debates de fondo que aún están abiertos: el uso de obras con derechos de autor para entrenar modelos, la responsabilidad por daños cuando la IA interviene en decisiones sensibles, o la competencia entre sistemas generativos y creadores humanos. Son materias complejas que requieren ajustes permanentes, no respuestas rígidas inscritas en una ley que tardará años en cambiar.
El dilema no es si regular la IA. Es cómo hacerlo sin desincentivar la innovación, sin encarecer el desarrollo local y sin llegar tarde —como ya ocurrió con la televisión digital o con la neutralidad de red— a desafíos que mutan con la misma rapidez con que se escriben nuevos algoritmos.
Chile tiene la oportunidad de adoptar una regulación inteligente: ligera en la ley, fuerte en los principios, flexible en los estándares. Una regulación capaz de proteger a las personas sin sacrificar el dinamismo necesario para competir en la economía digital. La IA no esperará a que terminemos de debatir. La pregunta es si estaremos a tiempo para que la ley acompañe el futuro, y no para que lo persiga.
