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Alto contraste
La reciente entrevista de Sergio Urzúa en El Mercurio dejó una advertencia que vale la pena tomar en serio. Su tesis es que la agenda pro crecimiento impulsada por el Gobierno apunta en la dirección correcta, pero sugiere que es insuficiente para enfrentar el desafío que tiene Chile. Su diagnóstico va más allá de una reforma puntual. Después de más de una década de malas decisiones, reformas mal diseñadas, incertidumbre institucional y bajo crecimiento, se habría producido un daño estructural en nuestra economía. “Algo se rompió en la economía chilena”, señaló.
Puede discutirse el diagnóstico. Lo que resulta más difícil es ignorar la evidencia. En su último Informe de Política Monetaria, el Banco Central redujo el rango de crecimiento proyectado para 2026 desde el 2,0%-3,0% estimado en diciembre a un 1,5%-2,5%. La OCDE, por su parte, proyecta una desaceleración desde un crecimiento de 2,6% en 2025 a 1,7% en 2026, con una recuperación moderada hacia 2027. Y más preocupante aún es la mirada de largo plazo: el propio Banco Central estima un crecimiento tendencial de apenas 1,9% para el período 2026-2035.
Y las personas lo sienten. Las expectativas económicas de las familias siguen reflejando más preocupación que optimismo. Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, un 55% de las personas califica la situación económica de su familia como mala o muy mala, mientras solo un 41% la considera buena o muy buena. Son cifras solo comparables a las observadas durante el estallido social y algunos de los momentos más complejos de la pandemia.
“El principal riesgo para Chile no es una crisis repentina. Es acostumbrarnos al estancamiento. Aceptar que crecer al 2% es suficiente”.
Por eso la agenda pro crecimiento impulsada por el Gobierno merece ser valorada. Avanza en materias relevantes para la inversión, la productividad y el empleo. Pero sería un error transformarla en el horizonte de nuestras ambiciones. Si se aprueba, habremos dado un paso importante. Nada más. La reforma en discusión debe entenderse como el punto de partida de un nuevo ciclo reformista y no como su punto de llegada.
El desafío es mucho más grande. Requiere romper la inercia que se ha ido instalando tanto en la política como en el debate público. Significa avanzar en una agenda más amplia y ambiciosa. Permítanme algunas sugerencias: facilitar la incorporación de mujeres al mercado laboral (sala cuna universal); profundizar la simplificación regulatoria y la reducción de permisos; modernizar el empleo público y corregir las evidentes fallas de nuestro sistema político.
Pero esta tarea no es solo del Gobierno ni del Congreso. Hoy corresponde involucrarnos activamente para lograr reformas que permitan superarlo.
El principal riesgo para Chile no es una crisis repentina. Es acostumbrarnos al estancamiento. Aceptar que crecer al 2% es suficiente. Resignarnos a una economía que genera menos oportunidades, menos movilidad social y más frustración. Romper esa inercia exige una nueva generación de reformas bien diseñadas, políticamente viables y socialmente legítimas. Y exige también que los gremios empresariales, las universidades, los centros de pensamiento y las organizaciones de la sociedad civil asuman un papel protagónico en impulsar esa conversación. Romper la inercia es tarea de todos.
