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Alto contraste
Los sistemas políticos latinoamericanos evolucionaron mucho en este siglo. Hoy en día, la mayoría de los países de la región tienen democracias consolidadas, con elecciones regulares y justas, prensa libre e investigativa e independencia entre los diferentes poderes del Estado. Este año, se celebrarán varias elecciones en la región, entre las que cabe destacar las presidenciales en Colombia (mayo y junio), en México (julio) y en Brasil (octubre). Además de los cargos presidenciales, esos países también renovarán sus Congresos y diversos gobiernos provinciales.
El resultado de las elecciones ayudará a definir las políticas económicas regionales durante la próxima década. Las elecciones se llevarán a cabo en el contexto de una aceleración de la actividad económica por toda la región que, en teoría, debe beneficiar a los partidos en el poder. Más específicamente, el PIB debe crecer 2,5% en Colombia (1,6% en 2017), permanecer invariable en poco más de 2% en México y aumentar del 1,0% al 3,0% en Brasil.
Es probable que las presiones inflacionarias permanezcan bajo control en esos tres países, entre un 3,0% y un 4,0%, y cerca de las metas de los respectivos bancos centrales. A menos que ocurra algo inesperado, el real brasileño y el peso colombiano deben devaluarse ligeramente debido a una presión monetaria continua en Estados Unidos, mientras que el destino del peso mexicano no es tan previsible –al parecer, la moneda está subvalorada y, por tanto, tiende a revalorizarse a menos que el resultado de las actuales negociaciones del NAFTA sea excesivamente adverso.
Con ese telón de fondo, la política monetaria probablemente se distenderá en Colombia (cerca de 50 a 75 puntos base) y en Brasil (50 puntos base), pero en México puede sufrir una presión mayor (de 25 a 50 pontos base) en la medida en que su banco central siga, más o menos, a la Reserva Federal.
Pero, por más importantes que sean las elecciones, no debemos sobrevalorar su impacto, ya que esas economías enfrentan desafíos económicos que limitarán su radio de acción y exigirán atención y energía de quien gane las respectivas elecciones.
En Colombia, el desafío consiste en concluir el proceso de paz y hacer frente a los costos fiscales que le son inherentes sin poner en riesgo el importante estatus de grado de inversión del que el país goza, un problema enfatizado por el reciente descenso de su rating soberano.
México se encuentra ante desafíos más relacionados con el ambiente externo que con asuntos fiscales, aunque estos no deban dejarse de lado (calculamos que la deuda pública bruta haya aumentado doce puntos porcentuales del PIB entre 2012 y 2017). El mayor desafío del nuevo gobierno será manejarse dependiendo del resultado de las negociaciones del NAFTA. En la medida en que un nuevo acuerdo limite el libre flujo de bienes entre las tres economías de la región, las monedas tendrán que ajustarse y el peso será el mecanismo crítico por el que México deberá manejar la nueva situación.
En lo que a Brasil se refiere, la situación fiscal deberá ser la máxima prioridad del nuevo gobierno. La deuda bruta del sector público aumentó de cerca del 54% del PIB a casi el 75% entre 2012 y 2017. Si Brasil quiere estabilizar la deuda tiene que llevar a cabo un ajuste fiscal de cerca de cinco puntos porcentuales del PIB. Existen factores que deben colaborar con las cuentas públicas a corto plazo, tales como la recuperación de la economía y los efectos de las tasas de interés históricamente bajas. A pesar de todo, a falta de reformas más profundas, la dinámica de la deuda probablemente volverá a empeorar en el mediano plazo, lo que podrá impedir cualquier recuperación sostenida de la actividad económica.
El maratón electoral latinoamericano de 2018 puede añadir alguna volatilidad a los precios de los activos de vez en cuando y, con toda seguridad, llamará la atención de los inversores y líderes empresariales, pero no hay que sobrevalorar su relevancia en lo que se refiere a cuestiones tales como los desafíos de política económica que seguirán siendo de primera magnitud.
