Transparencia al otro lado de la cordillera

Cuando los problemas de una empresa chilena vuelven a poner en primer plano la situación argentina, una reciente experiencia nos da otra perspectiva para entender los debates que se desarrollan en ese país.

En agosto nos correspondió participar en el I Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto. La iniciativa tenía características peculiares. En el país trasandino no existe una Ley de Transparencia que garantice el acceso a la información de los organismos públicos. Es cierto que la prensa ha desarrollado un periodismo investigativo cuyos “golpes” impactan; sin embargo, la dificultad para acceder a la información de los organismos del Estado dificulta su tarea y el alcance de sus conclusiones. Así, el problema de construir diagnósticos comunes de la realidad se agudiza.

Pero el Congreso tuvo también otro rasgo: su convocatoria la realizaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y además contaba con la participación del de la provincia de Santa Fe, encabezados por figuras políticas de signo opuesto, el centroderechista Mauricio Macri y el socialista Antonio Bonfatti. Lo interesante es que, en el señalado contexto de ausencia de un marco legislativo, ambos líderes han explicitado su decisión de incorporar los conceptos de transparencia y acceso a la información como elementos propios de su gestión. Fue con ese objetivo que invitaron a un puñado de personalidades, como el periodista y escritor Alvaro Vargas Llosa, y el ex fiscal italiano Antonio Di Pietro, famoso por su rol en la “Operación Manos Limpias”.

La reunión sirvió para relevar la necesidad de Argentina de dar pasos concretos en transparencia, como factor básico para la reconstrucción de confianzas. En ese sentido, nuestra participación apuntó en una doble dirección: relatar la experiencia chilena y entregar el apoyo de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (ente regional cuya secretaría ejecutiva lidera nuestro país) para los esfuerzos que se desarrollen.

Inevitable fue retornar a Chile con una sensación de legítimo orgullo. Y es que, conscientes de lo mucho que nos queda por avanzar en la instalación de una cultura de la transparencia, es revelador que aquello que ya hemos construido en los cuatro años de vigencia de la Ley sea visto, desde el otro lado de la cordillera, como una aspiración ambiciosa de, por ahora, dos gobiernos provinciales, pero, a juzgar por los comentarios, tweets y convocatoria, también de parte importante de la ciudadanía.