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Alto contrasteAtaque a Irán
El 28 de febrero, mientras su equipo negociador sostenía conversaciones con representantes iraníes en Ginebra, el Presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó desde su residencia en Mar-a-Lago la operación Furia Épica. Centenares de ataques coordinados con Israel fueron lanzados sobre Teherán sin resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, ni autorización del Congreso y, según los propios servicios de inteligencia del EEUU, sin que Irán representara una amenaza inminente para territorio continental estadounidense. La ofensiva ha sido explicada por el propio Trump como un objetivo de “aniquilación” del régimen iraní. Sin embargo, y pese a la contundencia militar, no se ha apreciado hasta ahora un diseño político coherente sobre el escenario posterior ni sobre la arquitectura regional que emergería de un eventual colapso del régimen.
La ofensiva ha revelado, además, fisuras en EEUU, donde sectores relevantes cuestionan la compatibilidad de esta acción con la promesa reiterada de evitar nuevas guerras prolongadas. Esto en un contexto de reconfiguración del orden internacional, en el que la primacía del poder material vuelve a tensionar las normas que regulan el uso de la fuerza. El régimen iraní, instaurado en 1979 y consolidado bajo el liderazgo de Ali Jamenei desde 1989, ha sido responsable de una cruda represión sistemática contra su población, violaciones graves a los derechos humanos y financiamiento de milicias que han desestabilizado la región. Su caída no despierta simpatías democráticas, pero la naturaleza autoritaria de un Gobierno no exonera a terceros del respeto al derecho internacional, pues incluso el uso de la fuerza tiene cauces formales.
La ofensiva, que persigue la caída del régimen, no ha explicitado un diseño político para la estabilidad regional.
La muerte de Jamenei el sábado abrió un período incierto. Teherán designó con rapidez un consejo interino, señal de que existían planes de contingencia. Hay manifestaciones de rechazo al régimen y también expresiones de apoyo, lo que en un país de 92 millones de habitantes, multiétnico y sin una oposición estructurada con capacidad de gobernar, abre un alto riesgo de fragmentación. Las experiencias de Irak en 2003 y Libia en 2011 muestran que la decapitación de un régimen sin alternativa institucional viable puede derivar en vacío de poder.
La ofensiva es la quinta acción militar ordenada por Trump fuera de territorio de EEUU en menos de 13 meses sin consulta institucional. El patrón parece apuntar a intervenciones rápidas, focalizadas y unilaterales como instrumento de reconfiguración geopolítica, pero esta doctrina convive con un debate interno no resuelto sobre el rol global de Estados Unidos y los límites del Ejecutivo en materia de guerra.
En el plano regional, aliados como Arabia Saudita y otros Estados del Golfo, cuyas economías dependen de la estabilidad y la inversión, enfrentan un entorno más incierto; en tanto que el cierre del estrecho de Ormuz puede afectar a economías altamente dependientes de importaciones energéticas, entre ellas China. A más largo plazo, la percepción de que la supervivencia de un régimen depende de su capacidad disuasiva puede incentivar, incluso, dinámicas de proliferación nuclear en otras regiones.
Europa, por su parte, ha oscilado entre el respaldo político a los objetivos de seguridad y la cautela jurídica, reflejando una ambigüedad que debilita consensos multilaterales. La cuestión de fondo trasciende a Irán, pues cuando la potencia que diseñó el orden de posguerra decide actuar al margen de sus procedimientos, el precedente no es neutro.
