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Alto contraste
IcsaraPese al consenso respecto de que el desarrollo sostenible necesita de reglas ambientales exigentes, pero previsibles, para atraer inversiones, la institucionalidad del sector sigue operando en Chile con niveles de discrecionalidad y demora que postergan las posibilidades de dinamizar la economía. De ello han dado cuenta dos crónicas publicadas esta semana en DF, que revelaron que la calificación del 70% de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) está suspendida, y que un centenar de presentaciones hechas bajo el paraguas de la Ley Lafkenche –algunas de hace 15 años- mantienen detenida la explotación productiva de más de tres millones de hectáreas del borde costero. Ambos casos, aunque distintos en su naturaleza jurídica, convergen en el mismo efecto de prolongación de la incertidumbre regulatoria sobre las decisiones de inversión.
Sin plazos razonables ni criterios proporcionales, la regulación pierde su función ordenadora y socava la confianza.
Actualmente, 293 iniciativas en tramitación en el SEIA están en pausa (74% del total), lo que a juicio del organismo “no es una anomalía”, sino el resultado de un “procedimiento administrativo altamente complejo”. Sin embargo, cuando tres de cada cuatro proyectos están suspendidos, la discusión es más que procedimental, en un contexto en que dos tercios de las extensiones de plazo han sido solicitadas por los titulares de los proyectos ante la imposibilidad de gestionar en el período legal ordinario el alto volumen de observaciones y antecedentes adicionales exigidos por el servicio. Reflejo de ello es el aumento de 35% en los tiempos de tramitación de las declaraciones de impacto ambiental y de 58% en los estudios, durante la última década.
El segundo eje se relaciona con la Ley Lafkenche. Nacida para resguardar los usos y costumbres indígenas, ha derivado en un instrumento que opera sin plazos razonables y sin una evaluación integral de su impacto sobre sectores productivos. Desde 2008, cuando entró en vigencia, se han aprobado 41 solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo), equivalentes a unas 217 mil hectáreas, mientras que 105 reclamaciones mantienen detenidos proyectos productivos en un área equivalente a más de cinco veces la superficie de la RM. En zonas como Los Lagos y Aysén, las Ecmpo superan incluso las áreas donde existirían derechos consuetudinarios, lo que genera efectos adversos no solo sobre concesiones acuícolas o proyectos portuarios, sino también sobre proveedores, PYME, trabajadores y Gobiernos Regionales que dependen de tales actividades para sostener el empleo y recaudar ingresos.
La convergencia de ambas realidades se da en un escenario en que el país requiere elevar su tasa de crecimiento, fortalecer la inversión y generar empleo formal. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó el mes pasado a DF que está mirando el sistema de Brasil como modelo para simplificar la evaluación ambiental y que buscará desatar la “maraña regulatoria” que mantiene detenidos en el SEIA proyectos por US$ 12 mil millones; mientras que el Presidente electo ha dicho que revisará la normativa Lafkenche. Se trata de definiciones que requieren urgencia, y donde el futuro Congreso tiene un rol que jugar, para evitar que un ambiente de incertezas siga empujando capitales a otras jurisdicciones y obstaculizando la recuperación de la capacidad productiva del país.
