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Alto contrasteDesempleo y el estado real de la economía
Las cifras sobre desocupación publicadas por el INE, 9,4% en el trimestre marzo-mayo -la más alta en cinco años-, son alarmantes. Pero el dato puntual es menos relevante que la tendencia que lo sostiene. Chile lleva más de tres años con desempleo sobre el 8%, una persistencia que obliga a mirarlo como un problema estructural y cuya solución es urgente para la calidad de vida y las perspectivas de los ciudadanos. Y como tal, exige una respuesta transversal, que no puede recaer solo en el Estado. Obliga también a la clase política y al sector empresarial a asumir su parte en la solución.
El deterioro golpea con especial fuerza a las mujeres, que volvieron a exhibir una tasa de desocupación superior a la de los hombres en el último trimestre. Además, la expansión de la población ocupada estuvo influida principalmente por la industria manufacturera, la salud y las actividades profesionales, mientras que, por categoría ocupacional, el alza se concentró en trabajadores por cuenta propia y personas asalariadas informales. Una señal de que buena parte del empleo que se crea no es del tipo que el país necesita.
Hay un diagnóstico que se ha transparentado de forma transversal, incluso entre voces de la propia oposición: un shock de tres políticas aplicadas en poco tiempo -alza del salario mínimo, reducción de la jornada laboral y aumento de las cotizaciones previsionales derivado de la reforma de pensiones- que habría contribuido a elevar el costo de contratación justo cuando la economía tenía menos margen para absorberlo. El propio ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que todavía restan seis puntos adicionales de cotización por implementar y que la jornada seguirá bajando, advirtiendo que “el aumento de costos laborales no ocurrió solo los últimos cuatro años, sino que va a seguir ocurriendo”.
Chile no puede seguir tratando el desempleo como una variable que se corrige sola cuando el crecimiento repunta.
Bajo ese diagnóstico, la Sofofa presentó cinco propuestas: reemplazar la indemnización por años de servicio por un sistema de cuenta individual en el Seguro de Cesantía, eliminar el umbral de 20 trabajadoras de la ley de sala cuna, flexibilizar la jornada, modernizar la capacitación, e incentivar el empleo joven mediante educación dual. La CPC ha respaldado esa agenda con subsidios a la contratación y mayor estabilidad regulatoria. Son medidas que el sector político debiera valorar y considerar.
En tanto, la tensión entre crecer rápido y financiar responsablemente las necesidades fiscales atraviesa el proyecto de Reconstrucción Nacional, que el gobierno presenta como motor de inversión y empleo. El Senado aprobó en general el proyecto, pero con un margen estrecho y sin resolver una de sus principales críticas: el financiamiento. El propio Consejo Fiscal Autónomo (CFA) confirmó un déficit fiscal adicional de hasta 0,71% del PIB a 2030 derivado del proyecto, advirtiendo que los ajustes anunciados “no resultan suficientes para corregir el deterioro fiscal”.
Es la misma lógica que exige el debate sobre empleo. Crecer e invertir son condiciones necesarias, pero ninguna reforma -tributaria o laboral- puede sostenerse si no asume con seriedad sus costos y la responsabilidad compartida entre los actores políticos, empresariales y sociales. Esa tensión se refleja también en la meta del propio gobierno, el que ya asumió que el 6,5% de desempleo al fin del gobierno es algo que ahora “se ve lejano”.
Chile no puede seguir tratando el desempleo como una variable que se corrige sola cuando el crecimiento repunta. El crecimiento importa, y es condición necesaria. Pero de nada sirve crecer si ese crecimiento no se traduce en empleos de calidad, formales y bien remunerados: la mejor política social que un país puede aplicar no es un subsidio, sino un trabajo digno y productivo. Mientras esa ecuación no se resuelva, la emergencia laboral seguirá siendo, como hoy confirmó el INE, la cifra que define el estado real de la economía chilena.
