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Alto contrasteInfraestructura binacional
El déficit de infraestructura productiva sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país y de sus regiones. Por ello, cualquier avance en esta materia merece atención. Algunos son ya realidades concretas, como el progreso del Puente Chacao. Otros responden a una creciente integración económica con los países vecinos, como el reciente acuerdo entre Argentina y Chile para establecer un corredor entre Neuquén y la Región del Biobío, que contempla incluso la posibilidad de exportar gas argentino a través de puertos chilenos.
También existen iniciativas de mayor alcance que aún parecen lejanas, como la propuesta de unir el continente y Tierra del Fuego mediante un túnel bajo el estrecho de Magallanes. Sin embargo, más relevante que la magnitud de estos proyectos son los desafíos regulatorios e institucionales para hacerlos viables.
Es precisamente el caso del proyecto impulsado por el consorcio conformado por la chilena Beler y la firma de Singapur International Nusantara Investment, que propone un túnel ferroviario entre Mendoza y Los Andes acompañado de nueva infraestructura logística, energética y portuaria. La iniciativa supone una inversión cercana a los US$ 9.600 millones y busca transformar la conectividad entre ambos países mediante una solución de largo plazo para el transporte de carga a través de la cordillera.
Más relevante que la magnitud de estos proyectos son los desafíos regulatorios e institucionales para hacerlos viables.
Más allá de sus características técnicas, el proyecto ha puesto nuevamente sobre la mesa el Tratado de Maipú, firmado en 2009 por las entonces presidentas Michelle Bachelet y Cristina Fernández. Sus promotores han solicitado a las cancillerías de Chile y Argentina invocar por primera vez algunas de sus disposiciones para facilitar la ejecución de la obra.
No se trata de una petición menor. El acuerdo fue concebido precisamente para promover la integración física entre ambos países y contempla mecanismos especiales para proyectos de conectividad, particularmente ferroviarios. Entre ellos figura el Proyecto Túnel de Baja Altura-Ferrocarril Trasandino, considerado estratégico para la zona central.La controversia surge porque los inversionistas sostienen que dichas disposiciones permitirían excluir la iniciativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, reduciendo significativamente los plazos de construcción. Y, aunque todavía no existe claridad jurídica respecto de esa interpretación, resulta evidente que una decisión de esa naturaleza abriría un intenso debate sobre los límites de los tratados internacionales y su relación con la legislación nacional.Chile necesita acelerar la ejecución de proyectos de inversión y reducir tiempos de tramitación que, en muchos casos, resultan excesivos. Sin embargo, ese objetivo debe alcanzarse mediante reglas claras, certezas regulatorias y procedimientos eficientes, no a través de interpretaciones que puedan ser percibidas como mecanismos para eludir exigencias legales vigentes. La necesidad de construir más infraestructura no puede traducirse en una fuente adicional de incertidumbre institucional.La discusión probablemente irá más allá de este proyecto. Otro de los corredores contemplados en el Tratado de Maipú es el Túnel de Agua Negra, destinado a conectar Coquimbo con la provincia argentina de San Juan. Tras años de estancamiento, la iniciativa ha vuelto a cobrar interés a medida que avanzan importantes proyectos mineros al otro lado de la cordillera y se intensifica la competencia entre puertos chilenos por transformarse en la principal salida al Pacífico de esas futuras exportaciones.La integración física entre Chile y Argentina ofrece oportunidades económicas evidentes para ambos países. Pero para que esas oportunidades se materialicen de manera sostenible será necesario compatibilizar la urgencia por invertir con el respeto a las instituciones que garantizan legitimidad, transparencia y estabilidad a largo plazo.
