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Alto contrasteJUSTICIA LABORAL
En apenas cinco años, los ingresos de causas a los juzgados laborales prácticamente se han triplicado, de 35.450 en 2021 a 112.083 en 2025, según el análisis de Libertad y Desarrollo. La cifra no debería leerse únicamente como una estadística judicial, es el síntoma de un sistema de relaciones laborales que carece de mecanismos eficaces para resolver los conflictos antes de que estos se judicialicen, lo que acarrea una serie de costos que Chile no puede seguir ignorando.
El motor de ese aumento está identificado, las demandas por despido injustificado crecieron 262% en el mismo período, hasta 64.287 ingresos, equivalentes al 57,4% del total. A esto se suman cambios normativos recientes, el finiquito electrónico, la reducción de la jornada a 40 horas, la Ley Karin, la Ley de Conciliación Laboral y la reforma previsional, que ampliaron el catálogo de obligaciones para los empleadores y, con ello, los puntos de fricción.
El aumento no responde únicamente a que los trabajadores conozcan mejor sus derechos, aunque eso, en sí mismo, es una señal positiva. El problema es que el sistema chileno sigue tratando la vía judicial como el mecanismo por defecto, alimentado además por una expectativa extendida de que acudir a tribunales rinde frutos, más del 80% de las demandas por necesidades de la empresa que llegan a sentencia terminan siendo acogidas, y 57% de las causas se resuelve mediante acuerdo antes de eso. Ese cálculo explica por qué tantos conflictos que podrían resolverse dentro de la propia relación laboral terminan en un juzgado.
El problema es que el sistema chileno sigue tratando la vía judicial como mecanismo por defecto.
Las consecuencias alcanzan a todos los actores, al Estado le implica una infraestructura judicial que crece al ritmo de la judicialización sin mejorar la calidad de las relaciones laborales de fondo; a los trabajadores, procesos largos e inciertos pese a ser un derecho legítimo; a las empresas, una incertidumbre jurídica permanente donde cualquier despido, reorganización o cambio de turno puede derivar en juicio. Ese último efecto pesa especialmente en un mercado laboral con desempleo sobre 9%, desocupación femenina superior a 10% e informalidad por sobre 27%, y con proyecciones de crecimiento del PIB que se han moderado de 2% a un nivel cercano a 1%. Las pymes, sin departamentos legales robustos, son las que más resienten ese riesgo a la hora de contratar. El resultado es una paradoja que Chile debe evitar, un sistema diseñado para proteger a los trabajadores que, en la práctica, termina desincentivando la creación del empleo que se busca proteger.
Ya existe una primera respuesta, la reciente aprobación del proyecto que crea un tercer Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y aumenta la dotación de jueces en otras jurisdicciones. Pero es, en el mejor de los casos, un alivio momentáneo.
La discusión de fondo pasa por otro lado, fortalecer los mecanismos de mediación y conciliación previos al juicio, dotar a las instancias de resolución alternativa de mayores recursos y credibilidad, y avanzar hacia protocolos internos obligatorios o incentivados dentro de las empresas para la gestión temprana de conflictos, en línea con lo que ya ocurre en economías más desarrolladas.
Esto no es solo una aspiración de eficiencia judicial. Es una condición para que Chile pueda tener, al mismo tiempo, un mercado laboral competitivo que proteja los derechos de los trabajadores.
