Según una circular enviada este lunes a las empresas participantes del proceso, a la que tuvo acceso DF, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) informó que su directorio acordó, el 23 de julio, ejercer la facultad contemplada en las bases administrativas para dejar sin efecto la principal licitación del proyecto del Puerto de San Antonio.
La decisión afecta al proceso internacional destinado a adjudicar ciertas obras y trabajos conexos de la iniciativa, cuyo monto asciende a unos US$ 1.950 millones y considera la construcción del molo de abrigo de cerca de cuatro kilómetros, el dragado de la dársena y canal de acceso, explanadas, accesos ferroviarios e infraestructura complementaria.
La estatal explicó en la circular que se “ha estimado fundamental” continuar el desarrollo de las obras “separando aquellas habilitantes o preliminares de las relacionadas con la ejecución del molo de abrigo, lo que no resulta posible en los términos del actual proceso”.
Agregó que el actual proceso licitatorio queda terminado desde la notificación de la comunicación y que, conforme a las bases, la decisión no da derecho a indemnización, compensación o reclamación alguna por parte de los participantes.
Asimismo, la empresa adelantó que convocará nuevos concursos para materializar esta nueva modalidad de ejecución e invitó a las compañías a participar cuando éstos sean informados.
El equipo del biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, no realizó comentarios oficiales de momento.
No obstante, fuentes que conversaron con este medio explicaron que será clave el seminario de este miércoles del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), al que no solo asistirá De Grange, sino el propio Presidente José Antonio Kast, donde se explicarán los planes del Ejecutivo respecto al plan para San Antonio. Los conocedores subrayaron que no se busca quitarle priorización al proyecto, sino evaluar -entre otras cosas- nuevos mecanismos de financiamiento.
Según indicó EPSA, el objetivo de la decisión es fortalecer la planificación de las siguientes etapas, gestionar de mejor manera los riesgos de ejecución, resguardar los recursos públicos comprometidos e incentivar la participación de empresas locales como contratistas.
Asimismo, enfatizaron que se trata de “un ajuste en la estrategia de contratación” y no de un cambio en el desarrollo del Puerto Exterior, por lo que se continuará con la obtención de permisos, la adquisición de terrenos y el trabajo que EPSA está desarrollando con las comunidades de la zona.
“La materialización (del Puerto) continuará conforme a la planificación vigente”, dijo la firma.
El debate
La megainversión, que en sus dos etapas podría ascender a casi US$ 4.500 millones (entre inversión pública y privada), había sido objeto de discusión particularmente desde mayo, cuando el tema protagonizó una reunión entre De Grange y actores de la industria, en la que el ministro planteó ciertas dificultades de financiamiento.
La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) entró a ese debate con un estudio que encargó al Puerto de Rotterdam. En ese informe, se argumenta que el crecimiento de la demanda portuaria en el país se proyecta moderado y con un alto grado de incertidumbre “asociado a factores geopolíticos y macroeconómicos”.
Así, el estudio postula: “No se identifica la necesidad de iniciar la construcción del Puerto Exterior de San Antonio antes de 2045”, aunque sí “resulta indispensable mantener un monitoreo continuo de las condiciones de demanda, capacidad y entorno competitivo”.
El director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz, disiente. El exministro de Obras Públicas señala que esta visión está considerando el futuro de Chile con una tasa de crecimiento país cercana al 2%, en línea con los últimos 15 años. En ese sentido, sugiere que lo que se debe hacer es tratar de acercarse a tasas de 3,5% o 4% y que, para lograr eso, el Puerto Exterior de San Antonio es un habilitante y una condición base.
“Nuestro crecimiento tiene que ver esencialmente con el comercio exterior. Para poder crecer tenemos que tener buenas condiciones de comercio exterior y esto es algo que el puerto ofrece”, esgrimió.
Con todo, a Cruz le parece que la decisión del gobierno es una estrategia correcta, porque abre la posibilidad de buscar financiamiento parcial y no casi US$ 2.000 millones de una sola vez. “En otras circunstancias probablemente habría sido mejor hacerlo todo de una, pero dadas las restricciones fiscales que existen y los problemas que ha manifestado el gobierno para el financiamiento de obras de infraestructura de mayor envergadura, me parece una muy buena estrategia”, respaldó.
La licitación había llamado la atención de grandes compañías internacionales, como las chinas CRCC y CHEC, la coreana Hyundai, un consorcio de las hispanas Dragados y Sacyr, otro de Acciona y Deme (España-Bélgica), la holandesa Van Oord y la belga Jan de Nul.
Mientras tanto, en la misma región sigue avanzando la ampliación del Puerto de Valparaíso y, este mismo lunes, el Comité de Ministros confirmó la RCA favorable para “Sitio Costanera”, un nuevo frente de atraque que contempla una inversión privada cerca a los US$ 400 millones.
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