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Alto contrasteLa urgencia de una ley de fomento forestal
Chile lleva más de una década sin una política de fomento forestal, pese a contar con una de las industrias más competitivas del mundo y una demanda global en expansión. El resultado es una actividad que pierde superficie plantada, empleos e inversión, en circunstancias en que el país necesita precisamente lo contrario. Y el gobierno tiene hoy una oportunidad concreta para revertirlo.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, comprometió una propuesta de ley de fomento forestal para los próximos 60 días. Se trata de una iniciativa largamente esperada para un sector que emplea a 250 mil personas de manera directa, representa cerca del 1,5% del PIB, genera exportaciones por unos US$ 6 mil millones anuales y constituye uno de los principales sumideros de carbono del país.
La urgencia de avanzar resulta aún más evidente a la luz de las tendencias globales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el mercado mundial de la madera podría expandirse hasta un 49% hacia 2050, impulsado por la demanda industrial. Chile, además, posee ventajas comparativas difíciles de igualar: estudios del Instituto Forestal (Infor) muestran que el pino radiata crece localmente entre 20 y 22 metros cúbicos por hectárea al año, frente a tasas de apenas 5 a 6 metros cúbicos en países forestales desarrollados como Canadá o Finlandia.
Sin embargo, el sector ha seguido una trayectoria inversa. Desde su nivel más alto de superficie plantada en 2016 se han perdido cerca de 600 mil hectáreas, más de 36 mil empleos y alrededor de 200 aserraderos han cerrado sus puertas. A ello se suma que más de 1,5 millones de hectáreas con aptitud forestal permanecen sin desarrollar.
En la práctica, Chile lleva más de una década sin tratar al sector forestal como una actividad estratégica para el desarrollo económico del país.
Parte de esta situación responde a factores coyunturales, como los bajos precios de la celulosa, los incendios forestales o los problemas de seguridad que han afectado a las regiones productoras. Pero ninguna de esas variables explica por sí sola un deterioro que se extiende por más de una década. La ausencia de una política de fomento desde el término del DL 701, en 2012, ha generado un vacío regulatorio e institucional que ningún gobierno ha logrado subsanar. En la práctica, Chile lleva más de una década sin tratar al sector forestal como una actividad estratégica para el desarrollo económico del país.
Los gremios han planteado diversas herramientas para impulsar una recuperación, desde ventanillas únicas para pequeños y medianos propietarios y financiamiento permanente a través de Corfo, hasta mecanismos de cobertura frente a incendios, incentivos para el uso de la madera en infraestructura y vivienda, y la incorporación de pequeños y medianos propietarios al mercado de bonos de carbono. Son propuestas razonables y técnicamente fundadas que apuntan a corregir fallas de mercado y reactivar la inversión forestal.
Sin embargo, ninguna de ellas logrará recomponer plenamente al sector si no va acompañada de condiciones básicas para la inversión de largo plazo. La seguridad en las zonas productivas, la protección de la infraestructura crítica y la certeza jurídica son requisitos indispensables para una actividad cuyos ciclos se miden en décadas.Después de 14 años sin una estrategia de desarrollo para una industria donde Chile posee ventajas competitivas de clase mundial, el país tiene la oportunidad de construir una política de Estado que entregue estabilidad y permita recuperar una actividad clave para el empleo, las exportaciones y el crecimiento futuro.
