Libertad para manifestarse

La aprobación del mega proyecto eléctrico Hidroaysén ha generado en el país no sólo debates técnicos sobre materias energéticas y ambientales, sino que además ha producido una serie de repercusiones de orden público y político que brindan una oportunidad inmejorable para abordar el rol que cumplen las autoridades a la hora de decidir sobre la legítima expresión social masiva de grupos de ciudadanos interesados en hacer sentir su voz y, probablemente, en incidir en la forma en que están progresando los acontecimientos a través de esos actos de expresión popular.



En este punto lo que se ha visto es a autoridades administrando decisiones de alcance profundo, que están mucho más allá de la terrenal disyuntiva de si se está a favor o en contra de las represas y implican intentar conciliar derechos y principios que, por las externalidades que su ejercicio produce, comienzan a friccionar con otros principios y derechos.

En efecto, el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos que se oponen a Hidroaysén ha generado externalidades negativas evidentes sobre la libertad de movimiento, el derecho a la propiedad y otros numerosos derechos de otros ciudadanos. Más allá de que estos trastornos probablemente no eran buscados por los organizadores y la amplia mayoría de manifestantes pacíficos, quienes gobiernan la ciudad y deben equilibrarse entre ambas fuerzas, no pueden omitir de su análisis esos datos y asumir que los derechos de unos no son superiores a los derechos de otros. Esa es la tarea, y la complejidad, que deben encarar quienes están llamados institucionalmente a arbitrar en estos asuntos públicos.