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Alto contrasteLos desafíos de la exención de contribuciones
Eliminar el 100% de las contribuciones sobre la primera vivienda para los adultos mayores de 65 años, iniciativa incorporada en el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno, sigue avanzando. La intención es comprensible: aliviar la carga tributaria de un grupo cuyos ingresos provienen mayormente de una jubilación, en muchos casos modesta. Pero la propuesta, tal como está diseñada, tiene varias complejidades. Si el objetivo es recuperar la credibilidad del marco fiscal, ninguna exención de impuestos debería aprobarse sin una compensación adecuada.
En Chile, el 77% de las viviendas ya está exenta del pago de contribuciones, y más de un millón de adultos mayores propietarios no paga este impuesto, mientras otros 190.000 ya reciben rebajas o beneficios. La nueva exención, por tanto, se concentra en alrededor de 200.000 personas pertenecientes a los sectores de mayor ingreso del país.
La intención es comprensible: aliviar la carga tributaria de un grupo cuyos ingresos, en muchos casos, son modestos.
Por otra parte, la medida implicaría una caída de US$ 200 millones anuales en recaudación, de los cuales US$ 130 millones provienen del Fondo Común Municipal (FCM), mecanismo constitucional de redistribución solidaria que financia a todas las comunas. Según la Contraloría, 265 de los 345 municipios tienen una dependencia del FCM superior al 44,4% de sus ingresos propios. Los alcaldes ya advirtieron que una caída en sus presupuestos los obligaría a recortar servicios esenciales de salud, asistencia social y seguridad vecinal.
Frente a esto, han surgido propuestas alternativas, muchas planteadas por los propios municipios, que entienden la necesidad de aliviar a los adultos mayores, pero insisten en que la medida debe diseñarse correctamente. La Asociación de Municipalidades propone un esquema escalonado por ingresos, junto con un aporte fiscal compensatorio que cubra cada peso que los municipios dejen de percibir. Otros plantean postergar el pago, de modo que la deuda se mantenga congelada mientras viva el propietario y se liquide solo al vender o heredar la vivienda.
Cada fórmula tiene sus costos. Segmentar el impuesto según los ingresos del propietario, y no según el valor de la propiedad, altera la naturaleza de un tributo diseñado para financiar los servicios del sector donde se emplaza la vivienda. Y tanto la exención universal como los esquemas de tramos descansan en la premisa de que el Estado compensará una diferencia que el presupuesto fiscal, ya estrecho, puede no sostener.
Por otra parte, el impuesto territorial no debería desmantelarse de forma permanente, sino complementarse con herramientas que no afecten el financiamiento de las comunas más vulnerables. Eliminarlo en ciertos casos no solo reduce la recaudación, sino que debilita un instrumento clave de progresividad tributaria y de financiamiento solidario entre municipios. Pero la compensación tampoco puede ser un cheque en blanco. Si el Estado va a garantizar esos recursos, debe exigir mayores estándares de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. La evidencia muestra que el incremento de los ingresos municipales de la última década no siempre ha ido acompañado de una mejora equivalente en la calidad de los servicios, por lo que el debate debe incluir no solo cuánto reciben los municipios, sino también cómo administran esos recursos.
