Editorial

Millonarios proyectos en consulta indígena

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Uno de los puntos gravitantes para los proyectos de inversión que se someten al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es cumplir con el proceso de consulta indígena, factor que ha sido determinante en la judicialización de varias y millonarias iniciativas empresariales. Actualmente, son siete los procesos de consulta indígena que se están llevando a cabo en el SEA, los cuales suman casi US$ 11.500 millones.

El punto que llama la atención es que si bien se ha dado cumplimiento a lo establecido en la norma establecida para alcanzar los estándares que establece el Convenio 169, se ha observado por parte de las comunidades reticencia a participar, dejando al descubierto que muchas de esas entidades no lo hacen siguiendo los lineamientos de terceros actores, ajenos a las comunidades, que interfieren en la consulta con la finalidad de entrabar o dilatar los acuerdos que puedan alcanzarse. Esto sin duda, complica el diálogo y a las comunidades les quita la posibilidad de cerrar acuerdos que pueden resultar beneficiosos para ellas.

A diferencia de lo que sucedió en el caso de El Morro, cuando a causa de la negativa de las comunidades a participar el SEA declaró hecha la consulta realizada tras la primera reunión, hay experiencias exitosas como la de Celco y la planta Arauco, donde el proceso derivó en la firma de un acuerdo marco de seis puntos entre la empresa y las ocho comunidades con las que el organismo público consultó. Ante ello, sin duda es un tema a analizar el que existiendo un mecanismo para incorporar las visiones y demandas de las comunidades indígenas, éste no se materialice por la intervención de terceros.

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