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Alto contrasteMultas y regulación digital
La multa de más de 4.100 millones de euros (US$ 4.700 millones) confirmada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra Google —la mayor sanción antimonopolio de la historia de la Unión Europea— no es solo el cierre de un proceso de once años. Es, sobre todo, una señal sobre los riesgos de dejar que las grandes plataformas digitales definan por sí solas las reglas de acceso, distribución y monetización en internet.
De acuerdo con la sentencia, desde 2011, Google obligó a los fabricantes de dispositivos a preinstalar Google Search y Chrome como condición para acceder a Play Store. Europa lo detectó, lo investigó y lo sancionó, pero, durante ese tiempo, el mercado se consolidó exactamente como Google necesitaba. La multa representa una mínima parte de la utilidad anual de Alphabet (US$ 132.170 millones al cierre de 2025), lo que corresponde a un costo de hacer negocios, no necesariamente a un cambio de modelo.
El caso es relevante para Chile porque muestra que, cuando el poder de mercado se consolida, las sanciones expost suelen llegar tarde. De ahí la importancia de avanzar hacia reglas que no solo castiguen abusos una vez producidos, sino que establezcan condiciones preventivas para resguardar la competencia, la innovación y el valor de quienes generan información, servicios y activos digitales.
Hay que avanzar a reglas que no solo castiguen abusos, sino que establezcan condiciones preventivas para resguardar la competencia, la innovación y el valor de quienes generan información, servicios y activos digitales.
Ese punto se vuelve más urgente con la expansión de la inteligencia artificial. La nueva economía digital depende crecientemente de datos, contenidos, conocimiento acumulado y propiedad intelectual producidos por terceros. Si esos insumos son utilizados sin reglas claras de autorización, trazabilidad o compensación, el problema deja de ser solo tecnológico: pasa a ser económico, regulatorio y competitivo.
No se trata de cerrar internet ni de frenar la innovación tecnológica. Se trata de reconocer que una economía digital sostenible requiere reglas que permitan innovar, pero también distribuir de manera más equilibrada los costos y beneficios de esa innovación. Cuando las plataformas concentran el acceso a los usuarios, los datos, la publicidad y los canales de distribución, el riesgo es que quienes producen valor queden en una posición estructuralmente más débil frente a quienes lo escalan y monetizan.
Chile no tiene una regulación equivalente a la Ley de Mercados Digitales europea. Si bien el marco institucional contempla herramientas preventivas, además de facultades para investigar conductas anticompetitivas, la duda es si ese diseño permite anticipar oportunamente fallas en mercados digitales antes de que el daño se consolide. Google, Meta y Amazon operan en el país en mercados donde también existen riesgos de integración vertical, uso de datos y eventuales barreras de entrada, pero nuestra legislación aún no cuenta con un esquema preventivo equivalente al europeo para abordar esos desafíos.
Chile es el país más digitalizado de América Latina en términos de gobierno, pero aún tiene pendiente una discusión más profunda sobre las reglas que deben ordenar la nueva economía digital. Cerrar esa brecha requiere un esfuerzo conjunto del Ejecutivo, el Legislativo, los reguladores y la industria para construir una normativa que acompañe —y no frene— la innovación, resguardando al mismo tiempo la competencia, la propiedad intelectual y la sustentabilidad de quienes generan valor en el ecosistema digital.
