Primer test de ley de primarias

Como un fracaso parcial ha sido catalogado el saldo que dejó el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones primarias al parlamento. Salvo Renovación Nacional, y para un reducido número de distritos, el resto de las colectividades políticas finalmente no someterán a los posibles postulantes interesados en competir al veredicto de sus seguidores, quedando entregada la definición de los nombres al aparato institucional de los partidos y conglomerados políticos.

Más allá de las razones que se puedan esgrimir para justificar lo ocurrido en cada caso, para la ciudadanía quedará la sensación de que este sistema diseñado para profundizar el sistema democrático, involucrar más a los electores y avanzar hacia un sistema de definición de candidatos menos sometido al secretismo y el tráfico de influencias al interior de los partidos, tuvo un magro estreno en sociedad. Una sensación que se ve acrecentada dada la expectativa que se generó durante el debate de la reforma y las modificaciones que se le debieron realizar con posterioridad.

El desencanto con la política y los partidos que registran diversas encuestas y, especialmente, la relativamente baja participación electoral que se verificó en 2012 con ocasión de la primera elección en que operó la inscripción automática y el voto voluntario, son antecedentes que al final pareciera no fueron sopesados por los partidos a la hora de llevar a la práctica la ley de primarias. Más allá del cálculo electoral de corto plazo sobre cómo impacta lo ocurrido a las distintas colectividades, lo que debe primar son consideraciones más amplias, dado que este hecho no es indiferente para el prestigio de la política y los políticos.