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Alto contrastePrimeras señales de un Gobierno de emergencia
Con la dictación de seis decretos que abordan materias de seguridad, reconstrucción, cuentas públicas e inversiones, el Presidente José Antonio Kast inauguró su mandato. Se trata de cuatro áreas que responden tanto a preocupaciones ciudadanas, como a desafíos sociales y económicos que, bien gestionados, pueden ser el punto de partida para recuperar el dinamismo económico, atraer capitales y restablecer condiciones de seguridad para las personas. Ello, en un marco en que reformas como la tributaria –cuya presentación fue anunciada para el 1 de abril- y la necesaria normalización de las finanzas públicas tensionadas por la estrechez surgen como las tareas de mayor envergadura de la nueva administración.
Los decretos dispusieron la designación de un comisionado para la Macrozona Norte, el refuerzo de la presencia militar y la implementación de un Escudo Fronterizo, con el fin de controlar la migración irregular y combatir el crimen organizado, uno de los ejes centrales del plan de Gobierno. En reconstrucción, se definió acelerar el levantamiento de viviendas en Valparaíso, Ñuble y Biobío, regiones donde aún persisten cientos de familias afectadas; mientras que en materia de cuidado de las cuentas públicas se instruyó una auditoría integral del gasto del Estado, otra de las prioridades de la administración.
El desafío será sostener el impulso inicial con reformas que consoliden crecimiento y estabilidad.
Y entre las medidas más relevantes, por su magnitud e impacto, el mandatario dictó una instrucción para resolver los atrasos en la tramitación de permisos ambientales en el SEIA. El propósito es destrabar cerca de 51 recursos de reclamación pendientes asociados a inversiones por más de US$ 16.000 millones. De acuerdo con la instrucción presidencial, los recursos vencidos deberán resolverse en un máximo de 90 días, mientras que aquellos que están en revisión ante el SEA tendrán 30 días hábiles. En este grupo se incluyen 20 declaraciones de impacto ambiental por cerca de US$ 6.500 millones. Por otro lado, los proyectos que escalan al Comité de Ministros deberán resolverse en un máximo de 60 días hábiles, categoría en la que se encuentran iniciativas por cerca de US$ 9.800 millones.
El esfuerzo es significativo y coherente con la lógica de un Gobierno que ha declarado su intención de actuar con rapidez. Precisamente por ello, será clave que estos compromisos se traduzcan en resoluciones efectivas dentro de los plazos anunciados y que las iniciativas efectivamente se destraben. Las expectativas ciudadanas respecto de una administración que se presenta como de emergencia descansan, en buena medida, en su capacidad de transformar decisiones iniciales en resultados concretos.
Pero, por otro lado, el desafío no debiera limitarse solo a resolver expedientes puntuales. La reciente aprobación de la Ley de Permisos Sectoriales fue un avance, pero el país puede más. También se requiere contar con instancias que articulen criterios, eviten duplicidades y otorguen mayor certeza regulatoria, a fin de avanzar hacia un sistema más predecible y eficiente.
Las primeras decisiones del nuevo Gobierno apuntan, en lo inmediato, a ordenar prioridades y a instalar la idea de acción temprana. El desafío siguiente es sostener ese impulso inicial mediante reformas y ajustes institucionales que permitan transformar medidas de corto plazo en condiciones estables para el crecimiento, la inversión y la seguridad que el país demanda.
