Reforma de pensiones (I): el Estado al centro

La complejidad y amplitud de los cambios al sistema de pensiones en la reforma del Gobierno amerita un análisis detallado de algunos de los aspectos más relevantes, lo que Diario Financiero ofrecerá a sus lectores a lo largo de una serie de editoriales en los próximos días.

Uno de estos aspectos salientes es el nuevo y aumentado rol que se otorga al Estado en la administración, en lo cual son innegables dos pulsiones que han cruzado este debate durante años. Por un lado, una desconfianza rayana en la hostilidad hacia las actuales AFP, que la reforma elimina tal como se conocen, transformándolas en Inversores Previsionales Privados (IPP), sociedades anónimas cuya función será gestionar la inversión de los recursos ahorrados. Por otro, una muy férrea confianza en la capacidad del Estado para asumir funciones que hoy no cumple y en las que no muestra ventajas competitivas respecto de los privados.

La idea de que el Estado tenga un rol mayor al que juega actualmente en el sistema previsional no es, en sí misma, objetable. Pero sí cabe tomar distancia y tener una perspectiva crítica de la noción de que sólo una mayor participación estatal garantiza que se vele por el interés público, en este caso, de los cotizantes; como también de una concepción de los privados que les atribuye, por definición, un enfoque de negocios supuestamente incompatible con dicho interés.

Es cierto que la reforma mantiene elementos como la capitalización individual y la posibilidad de elegir -al menos, en teoría- entre un Inversor de Pensiones Público Autónomo (IPPA) o un IPP. Pero en ausencia de una elección ex profeso, los ahorros se dirigen por defecto al IPPA, que no competirá en igualdad de condiciones con los IPP; y se convierte al Instituto de Previsión Social (IPS) en un Administrador Previsional Autónomo (APA), pese a su muy dudosa competencia para asumir esa función, a decir de un amplio abanico de expertos.

Este APA será, entonces, la “interfaz” entre el usuario y el sistema. Un mínimo de realismo obliga a preguntarse si el Estado, que ya muestra deficiencias en áreas de su indudable responsabilidad -como la salud, la educación y la seguridad pública- será capaz de asumir las diversas y complejas tareas de atender las necesidades de millones de cotizantes y pensionados.