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Alto contrasteSala cuna universal, ¿ahora sí?
El gobierno presentó indicaciones al proyecto de sala cuna universal, las que apuntan en la dirección correcta. Según lo expresado por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, se pretende consolidar un sistema de protección que no termine dañando al empleo formal. Sin embargo, su fórmula de financiamiento no es una decisión inocua, ya que reasigna recursos desde el Seguro de Cesantía, y su viabilidad en el largo plazo dependerá de supuestos como las tasas de uso proyectadas, estabilidad del mercado laboral y capacidad fiscal del Estado como respaldo de última instancia.
La necesidad de que este proyecto salga adelante no admite discusión. Según la última Encuesta Nacional de Empleo del INE, Chile registró un 10,5% de desocupación femenina enel trimestre febrero-abril de este año, por lo que eliminar el artículo 203 del Código del Trabajo, que por varias décadas ha obligado a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar el beneficio, generando un incentivo perverso contra la contratación femenina, es una corrección que el mercado laboral no puede seguir postergando.
Eliminar el incentivo perverso a la contratación femenina tiene un beneficio estructural de largo plazo.
La fórmula del gobierno no supone un costo neto adicional para empleadores ni trabajadores, dado que se crea un Fondo de Sala Cuna financiado con una cotización del 0,35% a cargo del empleador, compensada en igual magnitud con una reducción equivalente en las cotizacionesal Seguro de Cesantía —0,2 puntos menos en las cuentas individuales y 0,15 puntos menos en el Fondo de Cesantía Solidario—. Los trabajadores independientes cotizarán, según la fórmula propuesta, de la misma forma que en los demás seguros sociales.
Al analizar los pros y contras del financiamiento, se puede concluir que reducir en 0,15 puntos la cotización al Fondo de Cesantía Solidario —que hoy acumula $3,6 billones, equivalente a varios años de prestaciones— tiene un costo acotado. En cambio, eliminar el incentivo perverso a la contratación femenina tiene un beneficio estructural de largo plazo, ya que cada empresa que hoy se acerca a las 20 trabajadoras enfrenta una situación que termina por distorsionar su estructura de costos laborales. A eso se suma un efecto fiscal positivo: más mujeres trabajando formalmente significa más cotizantes al sistema previsional, mayor recaudación tributaria y un menor gasto futuro en transferencias. Según un estudio de Clapes UC, cada punto porcentual de aumento en la participación laboral femenina se traduce en un 0,1% adicional de PIB.En la dimensión política del proyecto, que el exministro de Hacienda, Mario Marcel, haya respaldado públicamente la fórmula —calificándola como una solución beneficiosa para todas las partes y llamando a la oposición a aprobarla— es una señal elocuente de que el diseño tiene sustento transversal.
El debate legislativo que se abre es legítimo y necesario, pero Chile no puede darse el lujo de prolongar una distorsión del mercado laboral que se mantiene por décadas, afectando directamente al empleo femenino, y cuya solución será beneficiosa para la economía en su conjunto.
