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Alto contrasteUna negociación que se va por las ramas
Críticas transversales ha recibido el proyecto de negociación colectiva multinivel presentado por el Gobierno en las postrimerías de su período, las que no solo han surgido del sector privado, sino también del mundo sindical. A los cuestionamientos sobre el probable aumento de los costos de contratación y los riesgos de incentivos a la informalidad laboral, se han sumado profundas diferencias entre organizaciones de trabajadores que disputan la representatividad del modelo propuesto y cuestionan el rol predominante que asumiría la CUT, en un cuadro que revela un diseño mal calibrado y desconectado del contexto económico y laboral que enfrenta el país.
La iniciativa, comprometida por el Ejecutivo con la CUT en la negociación salarial de 2022, comenzó a discutirse la semana pasada en la comisión de Trabajo de la Cámara, hasta donde han concurrido diversos actores. Entre ellos, Sofofa advirtió que la propuesta “mira al pasado” y desconoce la heterogeneidad productiva del país, al fijar estándares que no reflejan realidades empresariales disímiles. Las críticas se sumaron a lo alertado por la CPC y la Cámara de Comercio de Santiago respecto de los efectos adversos en empleo e inversión. Y durante la misma semana, organizaciones sindicales distintas de la Central Unitaria de Trabajadores exhibieron sus diferencias respecto de un proyecto que, acusaron, “solo beneficia a la CUT y sus dirigentes”.
El proyecto de negociación multinivel se inserta en una secuencia de leyes laborales sin correlato con políticas estructurales de productividad.
Con todo, el inicio de la discusión ha dejado en evidencia una desconexión aún más profunda entre las aspiraciones del Gobierno de avanzar hacia salarios mínimos diferenciados por sectores y los niveles de productividad que exhibe el país. La propuesta se inserta en una secuencia de leyes laborales -reducción de jornada, salario mínimo, cotizaciones previsionales- que han incrementado los costos del trabajo sin un correlato en políticas estructurales de productividad. Chile acumuló 15 años de estancamiento en este ámbito, con un repunte muy incipiente en 2024-2025, de entre 0,5% y 0,6% anual, aún insuficiente para sostener aumentos permanentes de salarios y bienestar. En este marco, rediseñar las relaciones laborales sin redefinir el modelo productivo profundiza el riesgo de desacople entre salarios y productividad, lo que muy probablemente terminaría reflejándose en mayores tasas de informalidad.
En este aspecto son reveladores los planteamientos del futuro ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien antes de ser designado sostuvo en una columna en Ex-Ante que “no hay otra vía sostenible para mejorar salarios que el aumento de la productividad, la que se construye con inversión, competencia, innovación y capacitación, no mediante la centralización de la negociación”.
Tal como está formulada, la propuesta del Ejecutivo suma nuevas rigidices, sin resolver los problemas estructurales de un mercado que viene exhibiendo tasas de desempleo sobre 8% por cerca de tres años, una informalidad que bordea el 26% y donde el 80% de los trabajadores no están sindicalizados. Sin productividad, la negociación pierde sustento y cuando el debate se va por las ramas, el mercado laboral es el que paga el costo.
