Pesada herencia fiscal
Mientras abundan los balances de cierre de gestión y el Gobierno se empeña en realzar su legado -hace solo un mes presentó la plataforma digital “1.000 avances”- la herencia fiscal de la actual administración ha terminado confirmando que las cuentas públicas atraviesan un déficit crónico. Lejos de la sorpresa, el Gobierno incumplió por tercer año consecutivo la meta de déficit estructural, que escaló a 3,6% del PIB, donde lo inesperado fue la magnitud de la desviación, con un resultado que triplicó el objetivo de -1,1% del Producto, originalmente comprometido en la Ley de Presupuestos del año pasado. El complejo panorama -que gatilló que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) citara a una reunión extraordinaria para hoy- vuelve urgente retomar una senda de gestión fiscal responsable.
El deficiente resultado del Gobierno redobla la urgencia de retomar una senda de gestión fiscal responsable.
De acuerdo con las cifras informadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), en 2025 no solo se alcanzó el mayor déficit estructural desde la pandemia, sino que fue además un registro histórico para un período sin crisis. El desajuste ascendió a cerca de US$ 13.200 millones, con una trayectoria de las finanzas públicas reveladora de las fallidas proyecciones de ingresos y subestimación de los gastos -reiteradamente advertidos durante el año por el CFA y numerosos expertos-, donde la meta original de 1,1% de saldo negativo se corrigió a 1,6% en junio, a 2,2% en septiembre y a 3% en enero, hasta cerrar en 0,6 punto por sobre el peor de los escenarios.
Mientras los ingresos del Gobierno Central representaron 21,4% del PIB, lo que involucró un alza de 3,5% real anual, y los tributarios avanzaron 4,3%, impulsados por la minería y el royalty, los tributarios no mineros completaron su nivel más bajo desde 2014, excluida la pandemia. La deuda bruta, en tanto, se ubicó en 41,7% del PIB y el gasto primario en 23% del Producto, su nivel más bajo en casi una década, lo que fue insuficiente para revertir el deterioro estructural. El Gobierno ha insistido en defender estas cifras, como evidencia de responsabilidad fiscal y de un quiebre en la tendencia de endeudamiento, según la ministra vocera de Gobierno y la directora de la Dipres. Sin embargo, el problema no está en el margen del gasto, sino en la sobreestimación sistemática de los ingresos y en la falta de un ajuste oportuno cuando las proyecciones comenzaron a fallar. La estabilización de la deuda no compensa un déficit estructural que terminó siendo casi dos puntos del PIB superior a la meta comprometida.
Para 2026, la Dipres proyecta un déficit estructural de 2,7% del PIB. Aunque involucra una reducción frente a 2025, el punto de partida ya representa más del doble previsto hace dos años. Ante este panorama, es evidente el mayor esfuerzo que deberá emprender la nueva administración de Gobierno al momento de fijar su propia meta en el próximo Decreto de Política Fiscal y definir una senda de convergencia, que recupere la credibilidad en la regla fiscal. El deficiente resultado del Gobierno que termina dejará su huella en crecientes presiones sobre la magnitud del recorte de gasto anunciado por el futuro ministro de Hacienda, cuyo plan también contempla reducción de impuestos, lo que evidencia la urgente necesidad de un equilibrio que no siga abultando el desajuste.
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