La presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y directora de la Cámara de la Producción y el Comercio de Biobío (CPC Biobío), Macarena Cepeda, también se refirió a las medidas que el presidente Gabriel Boric anunció para combatir la violencia en la Macrozona Sur.
La empresaria destacó que “es importante que se haga un capítulo especial en un tiempo de inseguridad, porque creemos que lo que plantea el presidente de que Chile merece vivir en paz, es lo central, porque la paz es lo que fundamenta la democracia y el desarrollo de las personas que se ven afectadas por la violencia que vivimos en la zona”.
La presidenta de Asipes señala que, además de entregar apoyo material a Carabineros, es importante un respaldo público “a quienes están en la calle”.
Asimismo, valoró que se le haya entregado apoyo a Carabineros, pero consideró que “eso también debe ir acompañado de un respaldo público. De esta forma, no va a hacer solo inversión en cuarteles y equipamiento. También es importante un respaldo a quienes están en la calle”.
Cepeda agregó que el tema deber ser tomado con celeridad y no solo porque se hizo presente en Santiago. “En regiones hace mucho tiempo está fuera de control. Hay que conceder que el gobierno está en una primera etapa, pero ese proceso ya terminó y hoy efectivamente debiéramos tener una participación mucho más activa desde las regiones. Se planteó un gobierno más descentralizado y eso no lo hemos visto en la región”, dijo.
Falta de urgencia
La presidenta de Asipes mostró preocupación porque, si bien el gobierno está dándose cuenta de los problemas de la zona, no ha dimensionado la urgencia que se necesita.
“La Cuenta Pública planteó indicaciones para reformular el proyecto que fortalece el sistema de inteligencia del Estado, recién a partir de septiembre. Eso significa que el proyecto estará a fin de año y debió haber sido abordado ayer”, argumentó.
En tanto, Cepeda advirtió que una serie de medidas apuntan a las consecuencias de la violencia, sin atacar su origen, como por ejemplo el Programa de Apoyo para Víctimas de Violencia Rural.
“Más que una política de reparación, lo que necesitamos es una que atienda el acto terrorista y que se ejerzan acciones de fiscalización y de inteligencia para erradicar el crimen organizado. Hoy recién vemos que se le está poniendo el nombre correcto”, afirmó.
En ese sentido, señaló que apurar la consolidación de un Ministerio de Pueblos Indígenas no contribuirá a erradicar la violencia, porque esta “no la están generando los pueblos originarios (…) esto está relacionado con narcotráfico, robo de madera que financia esas actividades. Hay una problema de crimen organizado que no ha sido abordado de esta manera”.
Y agregó que “ya no son delincuentes, son terroristas que hoy día no están permitiendo el desarrollo y el buen vivir de quien están presentes en el sur del Biobío y la Araucanía. Y esto va de la mano con una mayor pobreza en los territorios y la imposibilidad para poder generar condiciones para nuevas inversiones”.
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