Durante la Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric realizó una serie de anuncios que abordan la situación de violencia en las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos, que incluyen el desarrollo de políticas contra el crimen organizado y modificaciones al sistema de inteligencia del Estado, además de inyección de fondos para Carabineros y un programa de apoyo para las víctimas de violencia rural.
Tras el discurso, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía, afirmó que no ve grandes novedades respecto de lo que se venía hablando. “Creo que aún falta convicción para combatir a los grupos extremistas y bandas delictuales y que se debería colocar más energía y recursos en eso”.
“Creo que lo primero, en vez de comprar más tierras, es cuantificar y definir cuál es el problema”.
Si bien estimó que hay un cambio en el discurso del Ejecutivo con respecto al inicio del periodo, cree que todavía no se han tomado definiciones firmes de lo que se debe hacer y que no se ha tomado en cuenta a la gente de la región.
“Claramente vemos que el gobierno ha ido cambiando su posición y asumiendo cosas que son parte de la realidad, pero nos parece que la gravedad en el nivel de violencia requiere una respuesta más enérgica aún”.
Por otro lado, celebró la iniciativa de fomentar una Política Nacional contra el Crimen Organizado y de modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado, ya que va “absolutamente en la línea de lo que necesitamos”, y agregó que “el robo de madera merece un capítulo especial”, en ello.
Cambio de enfoque
Dentro de las medidas que mencionó el mandatario se incluyen inyecciones de $ 3 mil millones para la prevención del crimen organizado, $ 4.500 millones para la compra de camionetas blindadas y $ 1.800 para mejorar las capacidades periciales de la PDI.
Aunque valora los recursos, Santibáñez considera que se requieren soluciones más profundas: “Más que la distribución de policías, necesitamos un aumento de dotación y fortalecimiento completo del sistema político, con un respaldo político y presupuestario hacia las policías, en términos de equipamiento y remuneraciones, para que haya gente interesada en ser carabinero. Claramente, la falta de justicia que existe en el país se deriva en buena parte de la poca capacidad policiaca. Esto es más amplio que la compra de camionetas”.
En esa línea, el dirigente señaló que las políticas de compra de tierras -y que en la Cuenta Pública se prometió profundizar- vienen funcionando hace años “y nunca han arreglado nada, al revés, lo han agravado”.
Para Santibáñez, hace falta una mirada nueva. “Yo creo que lo primero es, en vez de comprar más tierras, es cuantificar y definir cuál es el problema. Probablemente la solución pasa también por indemnizaciones y reparaciones al pueblo mapuche”. Por eso, considera que el anuncio de un Ministerio de Pueblos Indígenas no va a servir “si va hacer lo mismo que hemos venido haciendo en los últimos 20 años, donde el conflicto solo ha crecido”.
Añade que se tiende a diferenciar entre la seguridad y los problemas de fondo, pero que "a mí me parece que la seguridad también es un problema de fondo. Mientras haya personas que no respetan las leyes, eso no va a permitir avanzar. Obviamente creemos que después la política de tierras e indígena debe ser reformulada, que se requiere un proceso de diálogo y un programa potente de inversión productiva y social".
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