La Contraloría Regional de Arica y Parinacota detectó graves deficiencias técnicas y administrativas en la construcción de la Biblioteca Municipal de Putre, proyecto financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y administrado por el municipio.
La obra fue adjudicada mediante licitación privada a Constructora CPC SpA por $ 945.730.843 y un plazo de ejecución de 299 días. Posteriormente, una modificación contractual incorporó aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, elevando el monto a $ 1.132.467.112, casi $ 187 millones más que el presupuesto original.
En marzo, cuando la obra registraba un avance de 40%, se estimaba su término para la primera quincena de septiembre. El proyecto contempla un edificio de dos pisos, con ascensor, rampas de acceso universal, salas de estudio, espacios de lectura y áreas de acceso digital. La iniciativa se originó tras un proceso de participación ciudadana realizado en octubre de 2020, en el que los vecinos plantearon la necesidad de contar con nueva infraestructura cultural y educativa.
Según el Informe Final N° 396 de 2026, la obra fue licitada y construida con cálculos que no reflejaban completamente las características estructurales del edificio.
Menor exigencia sísmica
La auditoría estableció que la estructura fue analizada utilizando los parámetros de la Zona Sísmica 1, pese a que la normativa vigente ubica a Putre en la Zona Sísmica 2.
La memoria de cálculo consideró una aceleración efectiva máxima del suelo de 0,20g, mientras que para la comuna corresponde aplicar un valor de 0,30g. Contraloría sostuvo que estas diferencias afectan criterios técnicos esenciales vinculados directamente con la seguridad estructural del inmueble y representan un incumplimiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
La revisión también detectó modificaciones en pilares, vigas, la caja del ascensor, las escaleras y la estructura metálica de la cubierta. A ello se sumaron elementos proyectados que no fueron ejecutados, componentes incorporados sin estar contemplados en el diseño y diferencias en los sistemas de unión y anclaje.
Demolición de elementos
El organismo fiscalizador constató que en elementos estructurales de hormigón armado se utilizó acero de refuerzo de menor grado que el establecido por el ingeniero calculista y por las especificaciones técnicas.
Por esta razón, el municipio deberá entregar en un plazo de 60 días hábiles un informe que acredite la demolición y posterior reconstrucción de todos los elementos identificados por Contraloría. Los trabajos deberán ajustarse a los antecedentes técnicos del contrato y contar con la validación del ingeniero calculista.
El informe también cuestionó la falta de registros de recepción y aprobación de distintas partidas en el Libro de Obras. Entre ellas figuran trabajos preliminares, fundaciones, estructuras de hormigón armado, albañilería e instalaciones eléctricas y sanitarias que registraban avances o pagos, pero no contaban con la aprobación de la inspección técnica o de los profesionales responsables.
Obras sin permiso
La construcción comenzó el 10 de octubre de 2025 sin contar con un permiso de edificación vigente. La autorización fue entregada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Arica y Parinacota el 23 de junio de 2026, más de ocho meses después del inicio de las faenas.
Debido a los cambios realizados durante la ejecución, el municipio también deberá tramitar una modificación del permiso para que los planos y antecedentes aprobados coincidan con la configuración definitiva de la biblioteca.
La auditoría cuestionó además una modificación contractual aprobada en febrero de 2026. El ajuste se basó en un informe elaborado por la propia constructora, pero no contaba con planos modificados, memorias de cálculo, cubicaciones ni especificaciones actualizadas que permitieran determinar el alcance de las nuevas obras.
Pagos bajo revisión
En el ámbito financiero, Contraloría determinó que el Estado de Pago N° 5 incluyó $26.818.477 correspondientes a partidas que no estaban ejecutadas, tenían un avance menor al informado o no correspondía incorporar al cobro.
La Municipalidad de Putre deberá restituir esos recursos y acreditar el reintegro dentro de 15 días hábiles desde la recepción del informe. Si no lo hace, el organismo anunció que formulará el reparo correspondiente.
En el Estado de Pago N° 8 se detectaron otras partidas objetadas por $90.895.887. En este caso, el municipio deberá corregir el documento, disminuir los montos que no coinciden con el avance efectivo y acreditar las medidas adoptadas en el mismo plazo de 15 días hábiles.
También deberá entregar certificados, protocolos e informes de ensayo que permitan acreditar el control de calidad de la estructura metálica, albañilería, morteros y elementos de hormigón armado incluidos en ese estado de pago.
Responsabilidades administrativas
El informe estableció que la Municipalidad de Putre no ejerció adecuadamente sus labores de inspección técnica, supervisión y control, lo que permitió aprobar obras que no se ajustaban al proyecto ni a sus especificaciones.
Contraloría también determinó que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, en su calidad de mandante y organismo financiador, no desarrolló controles que permitieran detectar oportunamente las deficiencias constructivas, técnicas y documentales.
El organismo instruirá procedimientos disciplinarios en ambas instituciones por las irregularidades relacionadas con el diseño sísmico y el uso de acero de menor resistencia. Además, el municipio y el Gobierno Regional deberán iniciar investigaciones para establecer eventuales responsabilidades administrativas por las demás observaciones y remitir los actos que las ordenen en un plazo de 15 días hábiles.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
