El Ministerio Público abrió una investigación contra la persona jurídica de Puerto Coronel por el delito de soborno. A través de esta arista, la Fiscalía busca determinar si la empresa obtuvo beneficios a cambio de pagos irregulares dirigidos al alcalde de Coronel, Boris Chamorro y al exconcejal de la comuna, Eduardo Araya.
La fiscal anticorrupción, Glenda Lagos, detalló que se trata de una indagatoria paralela “donde está en materia de investigación la responsabilidad penal que pueda tener la persona jurídica, Puerto de Coronel Sociedad Anónima, por el pago de sobornos a autoridades de la comuna de Coronel, que son de elección popular", precisó la persecutora.
La nueva línea investigativa surge luego que en junio de este año, el Juzgado de Garantía de Coronel acogiera una solicitud de la Fiscalía e impulsada por el Consejo de Defensa del Estado, que amplía la causa, argumentando que la empresa figuraría en ella como víctima e imputada dentro de la misma.
Sin formalización
La defensa del expresidente del directorio de Puerto Coronel, Eduardo Hartwing, es liderada por el abogado Alejandro Espinoza, quien detalló a DF Regiones que “para efectos de la imputación penal se ha cerrado la investigación y no se ha formalizado a la compañía Puerto Coronel por responsabilidad penal de la persona jurídica”, un escenario que según comentó “implica un beneficio para la compañía como contraprestación del soborno, sin perjuicio que existe una arista abierta por esa materia, con querella interpuesta por el CDE”.
En la indagatoria del Ministerio Público se imputa al alcalde Chamorro la recepción de $ 82 millones, entre mayo de 2022 y noviembre de 2023. En la misma línea, se imputa al entonces concejal Eduardo Araya haber recibido $ 69 millones, cifras que habrían sido entregadas por Hartwing y por el exgerente general del terminal marítimo, Javier Andwanter, a quienes se les acusa de administración desleal y falsificación de instrumentos mercantiles.
El perjuicio total estimado por estas acciones ascendería a $ 2.500 millones, de los cuales $ 2.159 millones se atribuyen al delito de administración desleal.
Pese a ello, Espinoza aseguró que “en la carpeta de investigación no constan pagos desde Puerto Coronel o de algún ejecutivo o exdirectivo de dicha compañía asociado a la entrega de algún permiso, patente u otra prestación de parte del municipio”, que pudieran evidenciar algún tipo de beneficio para la empresa.
“Salida alternativa”
El viernes se conoció que la exgerenta interina de Puerto Coronel, Michelle Prater, llegó a un acuerdo con la Fiscalía, aceptando una salida alternativa consistente, entre otras medidas, en el pago de $ 2,5 millones que deberán ser donados al Cuerpo de Bomberos de Coronel.
Prater, quien fue formalizada por administración desleal y omitir acciones para evitar el desvío de los fondos en diciembre de 2025, había asumido el cargo en enero de 2022 y por lo mismo, sólo se le imputaban delitos por un periodo.
Respecto al impacto que la definición de la ejecutiva podría tener para su defendido, el abogado Espinoza detalló que “no vemos mayor relevancia en dicho acuerdo, entendemos que su defensa optó por una salida alternativa para evitar el juicio oral y los costos asociados”.
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