El Juzgado de Garantía de Coronel dio un nuevo giro en la compleja trama judicial que envuelve a la principal empresa portuaria de la Región del Biobío y a la Municipalidad de la comuna. La justicia resolvió acoger la solicitud de la Fiscalía y separar las causas del denominado caso Puerto Coronel, una decisión impulsada tras la ampliación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Esta medida procesal despeja el escenario para la compañía, la cual venía enfrentando una paradoja judicial: sus derechos como querellante habían sido suspendidos debido a una “incompatibilidad de intereses”, al figurar simultáneamente como víctima de fraudes internos y como imputada por delitos de corrupción.
Los dos frentes legales de la portuaria
Con la separación de las aristas, Puerto Coronel transitará por dos carriles judiciales distintos al tener una doble calidad procesal, más allá de lo que resuelva la Corte Suprema respecto a un recurso de queja presentado por la empresa para recuperar sus derechos como querellante.
Por un lado, se encuentra la arista corporativa, donde la empresa actúa como víctima. Esta corresponde a la querella presentada en marzo de 2024 por la propia compañía en contra del expresidente del directorio, Eduardo Hartwing y el exgerente general, Javier Andwanter. A ambos executivos se les acusa de la administración desleal y falsificación de instrumentos mercantiles que habrían mermado el patrimonio de la portuaria.
Por otro lado, se desarrolla la arista de corrupción, en la cual la empresa figura como imputada. Tras la querella interpuesta en enero por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Puerto Coronel está siendo investigada en su calidad de persona jurídica por el delito de soborno. Este escenario se da en el marco de los presuntos pagos ilícitos que habrían recibido el actual alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y el exconcejal Eduardo Araya.
El origen de la incompatibilidad
Previo a esta separación, el magistrado Daniel Ortiz había suspendido la participación de Puerto Coronel como querellante. La solicitud de exclusión fue impulsada por las defensas del alcalde Chamorro y del exgerente de Administración y Finanzas de la empresa, Daniel Chamorro, argumentando que le permanencia de la portuaria afectaba el principio de objetividad.
Aunque el Ministerio Público, el SII y el propio CDE se opusieron a dicha exclusión, el tribunal determinó que, al estar ambas causas agrupadas, el vínculo directo entre los hechos impedía la intervención activa de la empresa. En su momento, el abogado defensor del terminal Cristophe Giroux, argumentó que la querella de la empresa buscaba perseguir delitos patrimoniales internos y no se dirigía nominativamente contra el alcalde.
El mismo juez Ortiz había adelantado que "lo ideal sería separar las aristas investigativas". Finalmente, a solicitud del Ministerio Público, el tribunal de primera instancia procedió con dicha división.
Próximos pasos
El escenario judicial continuará su desarrollo esta semana. Se espera que el viernes 19 de junio se lleve a cabo una audiencia para discutir un nuevo plazo de investigación para estas causas, donde se indagan delitos de alta complejidad financiera tanto para el sector privado como público.
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