El Juzgado de Garantía de Coronel resolvió suspender los derechos de Puerto Coronel en su rol de querellante dentro de la investigación por delitos económicos, tributarios y de corrupción que involucra al terminal portuario y a la Municipalidad. El magistrado Daniel Ortiz adoptó la medida tras detectar una "incompatibilidad de intereses", dado que la compañía actúa simultáneamente como víctima de fraudes internos y como imputada por el delito de soborno, ante una acción legal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Según el tribunal, aunque las causas por las que Puerto Coronel es víctima e imputado son técnicamente distintas, mantienen un vínculo directo que impide su participación activa como querellante. "Puerto Coronel, en esta causa por hechos que se encuentran estrechamente vinculados, no puede intervenir en este procedimiento mientras no se aclare su situación procesal respecto de la querella deducida por el Consejo de Defensa del Estado", sentenció el juez Ortiz, según consta en una publicación del portal de noticias Bío Bío Chile
El magistrado añadió que, si bien lo ideal sería separar las aristas investigativas, mientras se mantengan agrupadas "no es pertinente la intervención de la querellante". En la misma instancia, la investigación se amplió por 45 días adicionales.
Escenario judicial
Cabe recordar que la situación jurídica de la empresa portuaria está asociada a dos frentes de investigación. Como víctima, luego que en marzo de 2024, se querellara contra el expresidente del directorio, Eduardo Hartwig y el exgerente general de Puerto Coronel, Javier Andwanter, por administración desleal y falsificación de instrumentos mercantiles que dañaron su patrimonio.
La segunda arista, pone a la empresa como imputada tras la querella que el CDE interpuso en enero por soborno, acusándola de pagar dineros ilícitos al alcalde de Coronel, Boris Chamorro y al exconcejal de la comuna, Eduardo Araya.
Argumentos
La solicitud de exclusión fue presentada por los abogados Waldo Ortega, quien representa al alcalde Boris Chamorro y por Gastón Barril, defensor del exgerente de Administración y Finanzas de Puerto Coronel, Daniel Chamorro. Ambos argumentaron que la permanencia de la empresa como querellante afecta el principio de objetividad.
El abogado defensor del terminal portuario, Cristophe Giroux, planteó al tribunal que "la querella de Puerto Coronel se deduce por delitos patrimoniales de que fue víctima: delito de administración desleal, apropiación indebida, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso... Es más, la querella de Puerto Coronel no se dirige nominativamente contra el señor alcalde", argumentó.
Pese a que organismos como la Fiscalía, el SII y el propio CDE se opusieron a la exclusión solicitada por las defensas, el juez determinó la suspensión de derechos de la compañía.
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Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
