En mayo de 2024, la sociedad concesionaria a cargo del Hospital Félix Bulnes -ligada al gestor de fondos francés Meridian- inició una batalla contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en la que pidió ser compensada por una suma que podría alcanzar hasta UF 2.409.452, equivalentes a cerca de US$ 107 millones.
A juicio de la firma, el hospital “ha operado de forma completamente distinta a la pactada bajo el contrato de concesión”, afectando los servicios concesionados tanto en volumen como en exigencias adicionales.
En concreto, en una discrepancia ingresada ese año ante el Panel Técnico de Concesiones, la sociedad sostuvo que desde 2020 -período en que asumió la operación del recinto- se han producido una serie de situaciones que alteran las condiciones originalmente pactadas en el contrato.
Frente a este escenario, el Panel Técnico propuso un mecanismo para recomponer parte de esos pagos. Sin embargo, la fórmula no dejó conforme a la concesionaria, que decidió escalar el caso a la Comisión Arbitral para exigir una compensación; proceso que sigue en curso.
A casi dos años de ese primer conflicto, la concesionaria volvió a abrir un nuevo frente contra la cartera liderada por Martín Arrau. Esta vez, la sociedad ingresó una nueva discrepancia en la que solicita una compensación por UF 351.431, equivalentes a cerca de US$ 16 millones, sobre la misma base de su reclamación anterior: que las afectaciones denunciadas en 2024 se mantuvieron entre abril de ese año y diciembre de 2025.
“De allí que la presente discrepancia está limitada materialmente por los daños y efectos negativos que se han provocado a la concesionaria por el período comprendido”, se desprende del escrito presentado por la firma.
“Tales transgresiones han implicado un escenario de sobrecarga estructural, no transitoria, que ha afectado de manera permanente la operación de la concesión con exigencias operativas fuera del Contrato de Concesión. Esta situación impide el cumplimiento de los principios de autofinanciamiento eficiente y equilibrio económico establecidos en el marco normativo de la Ley de Concesiones”, plantea el privado.
El detalle
La compañía ligada al fondo francés sostuvo que, desde el inicio de la etapa de explotación de la concesión, y por causas atribuibles al Fisco, al MOP y al Ministerio de Salud, el hospital ha operado bajo condiciones distintas a las previstas en el contrato, afectando -al igual que lo señalado en 2024- tanto el volumen de los servicios concesionados como el nivel de exigencia requerido para prestarlos.
Uno de los principales puntos que expuso la concesionaria es la habilitación permanente de camas y elementos de hospitalización en zonas no contempladas para ese uso.
En concreto, aseguró que en el hospital se han instalado de forma permanente 111 dispositivos utilizados como camas para hospitalización de pacientes en áreas de apoyo clínico. Según la firma, esto ha elevado de forma sostenida la demanda por servicios concesionados, sin que ese mayor uso esté contemplado en el contrato ni en el mecanismo de pagos.
Otro de los puntos que cuestionó la concesionaria es la imposición de exigencias adicionales en la prestación de seis servicios concesionados, lo que -según afirmó- la ha obligado a operar bajo condiciones más gravosas que las originalmente pactadas. A juicio de la firma, esto ha significado asumir cargas no previstas y costos adicionales fuera del marco contractual.
A ello suma la operación de servicios no contemplados en el contrato, como la denominada “Unidad de Pre-Alta”, que -según sostuvo- no está regulada en la concesión y que, pese a ello, comenzó a operar, generando costos efectivos sin reconocimiento en el esquema de pagos asociado a los días cama ocupados.
Pérdida del equilibrio económico
Este tipo de requerimientos, afirmó la concesionaria, ha afectado directamente la estructura económica del contrato, al imponer costos permanentes derivados de servicios que exceden el diseño original de la concesión.
En esa línea, la firma sostuvo que se produjo un quiebre del equilibrio económico del contrato, ya que la operación efectiva del hospital desde el inicio de la explotación se ha apartado de manera significativa de las condiciones originalmente pactadas.
“Tales transgresiones han implicado un escenario de sobrecarga estructural, no transitoria, que ha afectado de manera permanente la operación de la concesión con exigencias operativas fuera del Contrato de Concesión. Esta situación impide el cumplimiento de los principios de autofinanciamiento eficiente y equilibrio económico establecidos en el marco normativo de la Ley de Concesiones”, concluyó la sociedad.
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