El proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, sorprendió al proponer la incorporación de un nuevo artículo a la Ley de Propiedad Intelectual. Se trata de una excepción que permitirá a terceros usar grandes volúmenes de datos -texto, sonido o imagen- sin pagar derechos de autor o licenciamiento, siempre que dicha actividad no sea una “explotación encubierta de las obras protegidas”.
En el detalle, el artículo 8° incorpora a la Ley de Propiedad Intelectual el artículo 71 T que establece que es “lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular” la reproducción, adaptación, distribución o comunicación de “una obra lícitamente publicada”. Esta excepción se aplica exclusivamente cuando el uso tenga por objeto la extracción, clasificación o análisis estadístico de grandes volúmenes de datos (texto, sonido o imagen), siempre que dicha actividad no constituya una explotación encubierta de las obras protegidas.
Desde la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) solicitaron al Ejecutivo retirar el artículo 8° porque vulnera los derechos de autor.
En una declaración de siete puntos, el gremio señaló, entre otros, que la norma reproduce textualmente una disposición del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, que ingresó el gobierno anterior, la que fue objetada, y posteriormente acotada a fines de investigación científica sin fines de lucro, y con un mecanismo de reserva de derechos (opt out). No obstante fue rechazada por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional por afectar el derecho de autor.
Si bien esta excepción facilitaría a las grandes tecnológicas el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial, podría generar impactos en la protección de obras de contenido periodístico, al permitir su uso masivo, sin autorización ni pago previo, y poca claridad ante los límites de su utilización.
El socio principal de H&CO Abogados y exsenador, Felipe Harboe, advirtió que este artículo presenta “serias deficiencias de redacción”, y que configura una “disminución de los niveles de protección del derecho de autor” para las creaciones de obras, incluidas las periodísticas.
Dijo que, de aprobarse en los términos propuestos, los medios de comunicación perderían capacidad de resguardo sobre sus contenidos, ya que las grandes tecnológicas podrían acceder masivamente a extraer datos, clasificarlos y analizarlos.
Harboe alertó que el límite impuesto por el artículo 8° no está bien definido, y que trasladaría al afectado la carga de probar judicialmente una eventual infracción.
Por otro lado, indicó que fortalecería la posición negociadora de firmas tecnológicas como Google, por ejemplo, ante las demandas en curso por abuso de posición dominante en su contra. “Podrían argumentar que su actuar ahora es legal”, afirmó.
También señaló que se podrían “legalizar o normalizar” prácticas como la redirección y uso de contenidos periodísticos, afectando la visibilidad y repercusión del trabajo de los medios de comunicación.
Para corregir el artículo planteó, entre otros aspectos, que las obras periodísticas queden “expresamente excluidas de esta excepción”, salvo autorización mediante licencia, y que exista una “compensación equitativa obligatoria” por parte de las grandes tecnológicas.
Derecho a no autorizar
En tanto, el socio de Santa Cruz IP y exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), Maximiliano Santa Cruz, dijo que la redacción del artículo 8° es “particularmente amplia”, porque permite reproducir y analizar obras sin autorización ni pago, con “un límite difuso” basado en la “explotación encubierta”, lo que introduce incertidumbre y rompe el equilibrio propio del sistema de propiedad intelectual.
Consultado si esta excepción aplicaría para medios de comunicación con muros de pago, dijo que “sí correría, de todas maneras”, aunque es más difícil porque tienen “capas de protección tecnológicas que impiden copiar y pegar textos”.
Añadió que una de las principales debilidades del proyecto es que no distingue entre usos con fines de investigación y usos comerciales, lo que amplía innecesariamente el alcance de la excepción.
A ello se suma la ausencia de un mecanismo de reserva de derechos (opt out), que permitiría a los titulares excluir sus obras de estos usos y recuperar la capacidad de control y negociación, especialmente en el caso de los medios de comunicación, cuyos contenidos son insumos de alto valor para el entrenamiento de modelos de IA.
“Si bien este artículo permitiría tomar los contenidos de un medio con muro de pago, no se está haciendo cargo de que es distinto vulnerar las medidas tecnológicas de protección que usa un medio para acceder a sus contenidos”, dijo.
Señaló que la ley de la Unión Europea, por ejemplo, distingue entre dos escenarios: uno para fines de investigación científica y otro para usos generales o comerciales; en este último, “se permite a los titulares reservar sus derechos (opt out). En ambos casos, el acceso a las obras debe ser lícito”.
En tanto, el socio de Porzio Ríos García, Cristóbal Porzio, si bien no descartó la eventual afectación de los contenidos periodísticos, destacó que el límite de “explotación encubierta” está “muy bien escrito”.
Planteó que si las plataformas tecnológicas llegaran a reproducir o reformular contenidos periodísticos de manera sustantiva, “estamos infringiendo la norma y la excepción no protege ese hecho”.
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