Esta semana, en una resolución muy inusual, resolviendo un recurso interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que fue rechazado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ordenó a la FNE clarificar un requerimiento contra Indura en la denuncia por colusión en el mercado de gases con su competidor Linde.
La FNE deberá entregar el detalle de cómo estimó la multa solicitada contra Indura por más de US$ 32 millones. El TDLC señaló que la Fiscalía no precisó qué circunstancias específicas fueron consideradas para determinar la multa solicitada ni explicitó cómo fueron ponderadas. Respecto a esto último, el requerimiento de la FNE señaló que el acuerdo habría permitido “a las empresas mantener sus respectivos clientes y, en los términos utilizados por los requeridos, ‘rentabilizar’ sus respectivos negocios, contrariando el escenario que debió imperar bajo las reglas de la libre competencia, con el consecuente aumento ilícito de sus ganancias”. Adicionalmente, el requerimiento señaló que el daño abarcaba la totalidad del territorio nacional “e incide en diversos sectores económicos y en el sistema hospitalario del país”, sin precisar qué sectores específicos consideró al ponderar la multa solicitada. Esto precisamente es lo que quiere aclarar el TDLC.
El TDLC señaló que la falta de claridad del requerimiento deja a Indura en una posición desmejorada respecto a la FNE y le impide ejercer adecuadamente su derecho a defensa, afectándose el principio de bilateralidad o contradicción.
Tras conocerse el requerimiento Indura negó enfáticamente la acusación realizada por la FNE, indicando que ni investigaciones propias ni externas encargadas por la empresa, evidenciaron la existencia de colusión y que no obtuvo ninguna ganancia ilícita.
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