Hace un año, la polémica por la construcción y venta de edificios de más de 40 pisos en Estación Central, los llamados guetos verticales, abrió el debate por la planificación de la ciudad. El asunto volvió a la palestra hace unos días cuando la Corte de Apelaciones declaró ilegal la acción del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien prohibió la construcción del proyecto Vespucio 345, de inmobiliaria Nueva El Golf. La discusión vuelve a abrirse y la interrogante que hay que despejar es ¿quién debe decidir la planificación en las grandes urbes?: ¿alcaldes, intendentes, el ministro de Vivienda o una nueva figura? Lo cierto es que diferentes sectores han levantado propuestas sobre quién debería desempeñar esa función y varios han coincidido en la figura, antes propuesta por parlamentarios, de un alcalde mayor, una especie de contralor de la construcción y planificación de la ciudad, y que ha tenido éxito en otros países de la región, como Brasil, Colombia y Ecuador.
“Normalmente, las ciudades por sobre 500 mil habitantes están configuradas por distintas comunas, que tienen dinámicas, características e intereses diferentes y conjugar todo aquello hace que sea necesario un sistema de gestión de planificación más coordinado y comunitario”, comenta Ernesto Calderón, director del departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Agrega que, de crearse el cargo de alcalde mayor, este debería tener un nivel de autonomía importante y aunque debería estar pensado con una estrecha relación con organismos como el Minvu, la intendencia y las comunas, su rango de actuación debería ser independiente de todas las mencionadas y tener, además, capacidad de decisión.
Esta propuesta es vista con buenos ojos desde el sector inmobiliario. Así al menos lo afirma Gonzalo Santolaya, gerente General de Inmobiliaria Deisa, quien confirma que en el país existe un atraso en materia de planificación. A su juicio, la autoridad debiera tener reglas claras y entender que Santiago pasó de ser una metrópolis a una megápolis y alguien más debe tomar el control. “El congelamiento o cambios de los planes reguladores ha hecho de Santiago una ciudad más elitista en vez de inclusiva e integradora”, agrega el ejecutivo, quien expone que las entidades que invierten en cada comuna debieran dialogar y estar sintonizados, por ejemplo, con las inversiones de alta rentabilidad social como el Metro. En este caso, explica, donde el Estado invierte, debería tener mayor poder de decisión.
Esta opinión es compartida por Calderón, quien es enfático al afirmar que los planes y administraciones actuales están convirtiendo a las ciudades en “espacios desiguales, desequilibrados y sobre todo, segregados”.
Pero estos problemas no son únicos de la capital. De acuerdo a la densidad poblacional, conurbaciones como Viña del Mar-Valparaíso, Concepción-Talcahuano, La Serena-Coquimbo y Temuco-Padre las Casas, deberían estar bajo el mismo concepto de metrópolis, que cuenten con herramientas de planificación diferenciados.
“En esos casos es indispensable tener una voluntad política para definir estos gobiernos metropolitanos. Se ha planteado muchas veces desde el punto de vista académico, empresarial; todo el mundo está de acuerdo, pero a la hora tomar la decisión política y de acercarse a la decisión de gobierno, la respuesta es no, porque hay un juego de poder de por medio”, comenta el académico.
Cambios estatales
Aunque la figura del alcalde mayor aún está lejos de concretarse, desde el Estado existen propuestas que apuntan a entregar mayor autonomía a los gobiernos regionales y a acelerar trámites de planes reguladores. Esto, explican desde el Minvu, en pro de densificar las ciudades equilibradamente y convertir lugares céntricos, generalmente deteriorados, en proyectos habitacionales racionales en el centro de la ciudad.
“Se requiere de una planificación integral, desde el ministerio de Vivienda, pasando por los gobiernos regionales y apoyándose mucho en las comunas. Los pasos a seguir son una mesa de trabajo público-privada para avanzar en hacer más eficientes los planos reguladores desde su dictación. No se pueden demorar entre seis y ocho años, y que sean más profundos en la normativa que comprenden”, comenta el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
Agrega que los futuros gobiernos regionales tendrán, dentro de sus funciones, una planificación territorial bastante más autónoma de lo que tienen hoy. “También tenemos que preparar la institucionalidad para abordar de buena manera esa planificación, que van a tener los gobiernos regionales de forma autónoma, el Minvu y los municipios”, detalla.
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