Costa Rica ha dado pasos firmes hacia una reforma estructural de su sistema previsional, con la idea de sumarse a un grupo de cuatro países -Estados Unidos, Canadá, México e Inglaterra- que han adoptado el modelo de fondos generacionales. Sin embargo, a pesar de haber aprobado la transición a fines de 2023, la implementación fue pospuesta durante 2024 y, más recientemente, postergada nuevamente por un año.
La entrada en vigor estaba prevista para el 1 de abril de este año, pero en marzo el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decidió aplazar el cambio, pese a que la Superintendencia de Pensiones (Supen) no encontró objeciones técnicas o jurídicas para mantener el calendario original.
El exviceministro de Hacienda de Costa Rica, Fernando Rodríguez, explicó en exclusiva para DFSUD que el proceso arrancó "muy a lo interno" entre Supen y las operadoras de pensiones, “sin que se abriera un debate amplio ni se hiciera un análisis más amplio y exhaustivo sobre los riesgos y oportunidades asociados al cambio de modelo”.
Según explicó, era necesario realizar estudios complementarios en áreas como tasas de reemplazo, límites de inversión y análisis del impacto de la reforma.
“Este aplazamiento podría implicar una decisión de transformar totalmente la aplicación del mecanismo, de no aplicarlo, o decidir seguir adelante, pero entendiendo los riesgos asociados”, dijo Rodríguez.
La falta de discusión pública derivó en manifestaciones de asociaciones solidaristas, sindicatos y de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, quienes protestaron en el frontis del Banco Central, cuestionando la falta de estudios previos y posibles efectos negativos para la población.
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¿Qué propone Costa Rica?
La propuesta busca reemplazar el actual Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), basado en un fondo único, por un sistema de cuatro fondos generacionales. Cada uno de ellos respondería a un perfil de riesgo y horizonte temporal distinto, con el objetivo de optimizar los rendimientos y proteger las pensiones a lo largo del tiempo.
De esta manera, los afiliados se clasificarían de la siguiente manera: los menores de 34 años, serán parte del fondo D con un enfoque más agresivo; entre los 35 y los 44 años estarán en el fondo C, con un enfoque dinámico; entre los 45 y 54 años estarán en el fondo B, con enfoque moderado; y, mayores de 55 años estarán en el fondo A, con una mirada conservadora.
El diseño se inspiró en el modelo implementado en México, lo que para Rodríguez sería el primer problema. “Ese mercado tiene 100 millones de habitantes y tiene millones de cotizantes, pero Costa Rica cuenta con 5 millones de habitantes y probablemente tenga unos 2 millones de cotizantes, tal vez menos”, explicó el economista.
A ello añadió que “hubo bastantes e importantes problemas de comunicación, clarificación y acercamiento con todos los involucrados”.
Las operadoras también expresaron inquietudes legales, mientras que el Banco Central advirtió sobre posibles impactos negativos en las jubilaciones actuales y futuras, especialmente en el rendimiento de los fondos.
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Consecuencias y desafíos
Eso sí, para el exviceministro, se desconocen las consecuencias que podría haber acarreado la aplicación de los fondos generacionales. “Podríamos volver a ver, como entre 2021 y 2022, una corrección en los rendimientos y pérdidas en el valor de las inversiones de los afiliados”, pero también “podría provocar una reversión de tipo de cambio, no sabemos hasta dónde”.
Sin embargo, no todo es negativo. Desde la industria reconocen que la opción de fondos generacionales “da mejor perfil de riesgo, porque con las personas de menor edad se puede ser más riesgoso y con el tiempo se corrigen los precios -en caso de pérdidas-, mientras que con las personas de mayor edad hay que ser más conservador en las inversiones”.
De acuerdo con un estudio de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), existen ocho desafíos para los fondos generacionales en Costa Rica: construir el “glidepath” que representa la gestión de las inversiones a lo largo del tiempo y la selección de activos conforme se acerca la fecha de jubilarse; establecer un plazo de implementación, que debe ser suficientemente amplio para que todas las operadoras puedan estructurar cada fondo generacional; y, que la normativa se ajuste al cumplimiento de los objetivos.
Junto con esto, es necesario desarrollar y adaptar tecnología; mayores esfuerzos en la gestión de carteras y en asumir el alza en el costo de operación y tecnología que se usa para estos fondos; capacitación; comunicación; y, coordinación entre entes.
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Pasos a seguir
Consultado respecto de si la experiencia de Costa Rica podría ser un ejemplo para otros mercados de la región, el economista costarricense señaló que “todo depende de la realidad del sector financiero, la profundidad que éste tenga y la posibilidad de que las inversiones puedan responder a las necesidades de los distintos fondos que se crean en función del perfil y la edad de los afiliados”.
Para el experto, es un tema que debe analizarse, pero de cara al público.
La experiencia de Costa Rica ofrece lecciones valiosas para otros países de América Latina que buscan reformar sus sistemas de pensiones: la necesidad de estudios previos y análisis detallados sobre el impacto de las reformas en las tasas de reemplazo y la sostenibilidad del sistema antes de su implementación; contar con la participación de los actores sociales en el proceso de reforma puede ayudar a identificar preocupaciones y evitar conflictos posteriores; y establecer plazos realistas y estar dispuesto a ajustarlos en función de nuevos hallazgos o necesidades puede mejorar la efectividad de las reformas.
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