La Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente una emergencia económica declarada por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro para recaudar 11 billones de pesos colombianos (US$ 3.000 millones) y financiar parte de su presupuesto de 2026.
De acuerdo a lo informado por el tribunal, la decisión suspende temporalmente el decreto de emergencia económica impidiendo al Gobierno aplicar las medidas extraordinarias, mientras se toma un fallo definitivo.
Y es que a fines del año pasado, Petro declaró la emergencia económica después de que el Congreso rechazó un proyecto de reforma fiscal para conseguir 16,3 billones de pesos colombianos (US$ 4.446 millones), en una derrota para el Gobierno en el legislativo en medio del deterioro fiscal del país sudamericano.
El Congreso aprobó un presupuesto de gastos para 2026 por 546,9 billones de pesos colombianos (US$ 149.182,8 millones), insuficiente para cubrir las necesidades fiscales, lo que llevó al Gobierno a declarar la emergencia económica ante la negativa el legislativo a aprobar una reforma para aumentar algunos impuestos.
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"Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo", advirtió Petro en su cuenta de X.
La cuarta economía de América Latina atraviesa un deterioro de sus cuentas fiscales, algo que obligó al Gobierno en junio a suspender una regla fiscal, bajo la que el Ministerio de Hacienda elevó la meta de déficit fiscal para 2025 a un 7,1% del PIB, desde una original de 5,1%.
Esa situación provocó que las agencias Moody´s, S&P y Fitch redujeran la calificación soberana al país.
Antes de la decisión de la Corte Constitucional, Petro advirtió que la suspensión de la emergencia económica provocará un encarecimiento de la deuda del país.
La emergencia económica, un estado de excepción que le permite al Gobierno tomar por decreto decisiones sin la previa autorización del Congreso, contempla aumentos de los gravámenes al licor, a los cigarrillos, a la extracción de petróleo y carbón, a los juegos de suerte y azar, además de un incremento al impuesto al patrimonio para las personas más ricas.
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