El Gobierno de Gustavo Petro en Colombia dio pie atrás a un proyecto de ley que había impulsado con la idea de fortalecer el control sobre los servicios de transporte digital, endureciendo sanciones para las empresas que prestan el servicio, para los conductores de los autos que no cumplieran con todos los requisitos formales, y hasta para los usuarios.
Presentado por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, el proyecto pretendía ampliar de forma significativa la responsabilidad de los propietarios de vehículos, usuarios y terceros.
Entre las medidas contempladas se incluían la suspensión inmediata de operaciones sin decisión judicial de fondo, la retención del auto por hasta 120 días y la aplicación de multas que podían llegar a los 4,7 millones de pesos colombianos (US$ 1.289) por cada viaje.
La propuesta fue interpretada por plataformas y gremios como una medida que podría hacer ilegales los servicios y afectarlos económicamente, lo que activó un rechazo generalizado que derivó en el retiro temporal del debate para ajustes.
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La voz de las empresas
Las compañías calificaron de “retroceso” y de “criminalización” la normativa, asegurando que trasladaba el debate regulatorio al ámbito punitivo, poniendo en riesgo la operación del sector.
Desde Alianza In Colombia -gremio que agrupa aplicaciones de reparto y transporte en el país- señalaron que la iniciativa representaba una “amenaza directa para el ecosistema digital y para las cientos de miles de familias que generan ingresos a través de plataformas de movilidad”.
A juicio del gremio, de haberse aprobado, habría significado el fin de las apps con vehículos particulares, pues se pasaba de una situación de indefinición regulatoria a la ilegalidad explícita.
“Se trata de un esquema de persecución contra conductores, usuarios y empresas, justo cuando el mundo avanza hacia regulaciones inteligentes y modernas”, afirmó el presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, José Daniel López.
En la misma línea, desde Uber Colombia cuestionaron el enfoque del proyecto y sostuvieron que “usar la tecnología no es un delito”.
Para la compañía, la iniciativa confundía la innovación con una amenaza y trasladaba a la fuerza pública un debate que debería darse “en el marco del diálogo, el sentido común y una visión de futuro para la economía y la movilidad del país”.
Uber advirtió que criminalizar el uso de una aplicación no protegía a los ciudadanos, sino que ponía en riesgo la seguridad y estabilidad de millones de usuarios y conductores, así como la tranquilidad de sus familias.
Por su parte, inDrive Colombia expresó su respaldo a Alianza In y reiteró “su compromiso con una movilidad moderna que respete la capacidad de elección, promueva la innovación y proteja las oportunidades de quienes encuentran en la tecnología una alternativa para generar ingresos”.
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Proyecto en pausa
Tras la polémica generada, el Ejecutivo retiró el proyecto de ley para someterlo a ajustes.
“El Gobierno nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmita mayor claridad a la opinión pública”, señaló el jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, Luis Gabriel Serna, en entrevistas a medios locales.
En ese contexto, desde Alianza In Colombia valoraron positivamente la decisión, considerando que constituye “una señal de apertura al diálogo y de reconocimiento de que el país no puede avanzar hacia esquemas regulatorios punitivos y regresivos que desconozcan la innovación y las nuevas formas de movilidad”.
“El retiro de este proyecto debe marcar el inicio de una conversación seria y responsable, a la altura de los desafíos de la movilidad, la innovación y el trabajo en el siglo XXI”, dijo López.
Recordó los compromisos asumidos en 2023 para que cualquier iniciativa sobre el régimen sancionatorio del transporte sea construida de manera concertada y participativa con todos los actores involucrados.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha anunciado una nueva fecha para la presentación del proyecto ajustado. Sin embargo, las autoridades aseguraron que mantendrán la conversación con los distintos actores del sector para construir una propuesta que combine control efectivo con seguridad jurídica para las plataformas de transporte y sus usuarios.
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