Editorial

Combate a la delincuencia: más que subir las penas

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Nuestra portada de ayer ofreció una suerte de radiografía al severo impacto que los delitos están teniendo en una muestra -parcial, por cierto- de siete sectores de actividad: energía, minería, comercio, construcción, puertos, forestal y telecomunicaciones. Si bien la atención pública suele enfocarse con más intensidad, comprensiblemente, en los delitos contra las personas -cuya mayor gravedad y frecuencia es dolorosamente evidente-, aquellos que se cometen contra empresas o incluso industrias enteras no pueden ser pasados por alto en los esfuerzos por enfrentar la delincuencia.

La agenda anti delincuencia de 31 proyectos de ley anunciada en abril -que por cierto no avanza con la celeridad comprometida entonces- pone su principal énfasis en el aumento de penas para diversos delitos. Sin embargo, ese tipo de respuesta legislativa es casi automática cuando la delincuencia llega a punto de crisis y con alta visibilidad pública, pero no representa una solución de largo plazo.

La promesa de “mano dura” arriesga no tener más que un impacto comunicacional, pero casi nulo en la capacidad de acción de las organizaciones criminales.

Delitos que afectan a todo un sector económico -como el minero, portuario o forestal, por ejemplo- requieren de una compleja respuesta de prevención y control que sólo puede ser institucional y que va más allá de elevar las penas, porque detrás de ellos hay niveles de organización y planificación propios de mafias profesionales, que hoy además cuentan con un poder de fuego que no se conocía.

Enfrentarlas demanda, por ende, capacidades más sofisticadas y recursos mucho mayores, tanto en el trabajo policial como en el judicial. Una reacción que sólo promete “mano dura” arriesga no tener más que un impacto comunicacional a nivel de opinión pública, pero casi nulo en la capacidad de acción de las organizaciones criminales.

Esto casi con seguridad exige cambios importantes en instituciones como Carabineros, la PDI y la Fiscalía Nacional, que a su vez dependen de contar con un diagnóstico compartido -y el consiguiente apoyo- a nivel político. Un buen punto de partida es la disposición de la autoridad a hacer cumplir la ley, antes que a dictar nuevas leyes, y a no legitimar acciones que la ponen en entredicho, dos cosas que se han echado en falta de un tiempo a esta parte.

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