Cristina Fernández quiere ser socia del club de las petroleras estatales

Aunque no haya anunciado la intervención o la nacionalización de YPF en la apertura de las sesiones legislativas, la presidenta Cristina Fernández no descarta avanzar en el corto plazo sobre la mayor petrolera de Argentina. La reestatización de la empresa de Repsol y el Grupo Petersen continúa en agenda, señalan en despachos oficiales.

La tentación de controlar una importante petrolera, justo cuando los precios internacionales del barril están en torno a US$ 100 y prometen garantizar ingentes ganancias durante los próximos años; la capitalización política a favor del gobierno de una medida que cuenta con el respaldo de gran parte de la sociedad; y la construcción retórica según la cual la intervención de YPF sería el primer paso para revertir la crisis energética que atraviesa el país, acentuada por el aumento de las importaciones de gas y gasoil, figuran entre las razones que baraja el Poder Ejecutivo para presionar hacia una reestatización.

Ahora bien, ¿son exitosos los modelos de petroleras bajo gestión pública que existen en la región? Dar una respuesta unívoca o concluyente es arriesgado. Conviene analizar cada caso en particular.

La trayectoria de Petrobras, abanderada entre las operadoras de capital mixto, es una cita común entre los defensores del modelo de control del Estado, que posee un 51% del paquete accionario de la empresa (el resto está en manos de privados). La petrolera se convirtió en 2011 en una de las 10 compañías de mayor capitalización bursátil del planeta. A partir de un constante esfuerzo en Investigación & Desarrollo y de enormes inversiones en exploración (el presupuesto 2011-2015 es de US$ 274.000 millones), desarrolló tecnología offshore propia -utilizada para perforar campos en aguas ultra profundas- con la que descubrió en los últimos años varios yacimientos gigantes de hidrocarburos.

De ser una petrolera de mediana envergadura en los ‘80, la empresa brasileña pasó a ser un referente de la industria a nivel mundial, con una producción de 2,73 millones de barriles de petróleo equivalente por día (boe/d) y con un horizonte de reservas en la formación conocida como ‘Pre-sal’ para garantizar el abastecimiento energético del país durante las siguientes décadas.

Ecopetrol -la empresa estatal de Colombia- busca seguir un camino similar al trazado por Petrobras. En 2011 alcanzó el récord histórico de producción de crudo con más de 750.000 boe/d, salió al mercado de capitales en 2007 y hoy cotiza en su país y en Nueva York.




100% estatal


A su vez, existen en la región antecedentes de gobiernos que modificaron el marco regulatorio para elevar su participación en la renta del negocio hidrocarburífero. El de Bolivia es el más cercano. Desde el arribo del presidente Evo Morales al poder en 2006, el Estado del país del Altiplano sancionó una nueva Ley de Hidrocarburos, monopolizó la comercialización de petróleo y gas bajo la órbita de YPFB -la petrolera estatal- e incrementó sideralmente la carga fiscal que rige sobre el sector a partir de la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que equivale al 32% de lo facturado por las empresas.

También Ecuador sancionó en 2010 -bajo el mandato del presidente Rafael Correa- una nueva norma de hidrocarburos, que modificó la forma contractual entre el Estado y las operadoras privadas. De contratos de “participación”, en los que las compañías se quedaban con parte del crudo extraído, se pasó a otros de “prestación de servicios”, donde el Estado es dueño del 100% del petróleo y paga a las empresas una tarifa especial definida función de las inversiones realizadas.

Tanto el caso boliviano como el ecuatoriano cuentan similitudes con relación al proceso encarado por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, que en 2007 puso bajo control de PDVSA la operación de la Faja Petrolífera del Orinoco, uno de los mayores reservorios del planeta. La medida desembocó en una serie de juicios ante arbitrajes internacionales de las multinacionales que explotaban crudo en el área.

Para el ex secretario de Energía Alieto Guadagni, sin embargo, el caso argentino difiere de forma sustancial con los tres anteriores. A diferencia de Bolivia, que posee un pequeño mercado interno de hidrocarburos, el parque gasífero local es uno de los más amplios -medido en porcentaje- a nivel mundial. Y Venezuela certificó depósitos por 297 mil millones de barriles de petróleo y amenaza con desplazar a Arabia Saudita de la cima del ranking de los mayores reservorios del planeta. A años luz de lo sucedido en Argentina, donde las reservas de gas se desplomaron 53% desde 2000 y 12% las de petróleo.




Sin precedentes


“No existe país en el mundo que dependa tanto del gas en su matriz energética (superior al 51%) con un horizonte de reservas inferior a los 10 años”, advierte Guadagni. “La situación argentina es única, no dispone de margen de error”, señala el ex funcionario. En ese escenario se enmarcaría una posible intervención o estatización de YPF, de Repsol (57,46% del capital) y el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que con un 25% controla el managment de la compañía. La petrolera aporta un 34% de la oferta de crudo del país, y un 22% del gas. Refina, además, seis de cada 10 litros de combustibles que se consumen en surtidores.

En los despachos oficiales señalan a la operadora como la responsable del incremento exponencial de las importaciones de energía, fundamentalmente de gas, que el año pasado provocó la fuga de US$ 9.396 millones.

Pero algunos analistas eligen otro enfoque: “La inversión fue insuficiente, pero la responsabilidad primaria es de la política energética. Desde la óptica del gobierno, me parece que ahora están buscando un chivo expiatorio, que es YPF”, analiza Jorge Lapeña, otro ex secretario de Energía. El especialista se pregunta, a su vez, cómo obtendría el Estado los fondos, en el caso de una hipotética nacionalización, para financiar el presupuesto de exploración y producción de YPF (el año pasado, la petrolera invirtió US$ 3.300 millones). Ese suele ser, precisamente, el talón de Aquiles de la mayoría de los procesos de estatización del negocio petrolero.