La exministra de Transporte y consejera constitucional por el partido Evolución Política (Evópoli), Gloria Hutt, ve el nuevo proceso constitucional con bastante optimismo y cree que, tal como ha ocurrido hasta ahora, va a funcionar adecuadamente.
“Todas las etapas se han ido cumpliendo rigurosamente. Se ha cumplido el plazo, el contenido, el perfil de las personas que esperábamos que conformaran los distintos grupos y el tono de la conversación”, destacó la representante de Evópoli por la Región Metropolitana, agregando que espera cumplir con el encargo ciudadano de redactar un texto aprobado mayoritariamente.
La ingeniera civil además recalcó que como coalición esperan ser el punto de encuentro entre la derecha más conservadora y la izquierda más radical, teniendo un rol de puente y facilitador en este nuevo proceso que comenzará el próximo 7 de junio.
"La Constitución tiene que ser válida para futuros gobiernos, que pueden ser de izquierda, centro o derecha, no puede tener un sesgo".
-¿Por qué cree que el Partido Republicano triunfó el domingo?
-Las razones son bien complejas y diversas. Yo creo que ellos hicieron un muy buen despliegue territorial y tenían amplia presencia en el país. Eso significa que tuvieron un trabajo previo importante, sintonizado de manera muy eficaz con la preocupación principal de los ciudadanos, que es la seguridad pública, y con un mensaje muy claro que las personas entendieron rápidamente. Pero creo que todavía hay una cantidad importante de información por analizar para entender bien lo que pasó el domingo. Como en cualquier elección, la sintonía con los votantes es la variable más importante.
-¿Cree que en el proceso se respeten las 12 bases constitucionales?
-Tienen que respetarse porque son las reglas del juego. Es obligatorio respetarlas y el Comité Técnico de Admisibilidad tiene como tarea justamente resguardar el cumplimiento de las 12 bases.
-¿Qué temas estima que hay que mirar con más profundidad?
-Yo siempre he dicho que el problema es lo que no dice la Constitución, más de lo que dice. Entonces hay temas que hay que agregar o profundizar. Por ejemplo, el desarrollo sustentable, la igualdad de género, la descentralización y la participación ciudadana. Pero yo creo que hay tres ejes que son los que, por lo menos a mí, me motivan. Uno es el resguardo de la libertad de las personas para decidir sobre cualquier cosa que afecte su vida. El otro es el sistema político, que sin duda, tiene que tener una mejora o una reforma de mejor representatividad de los partidos. El tercero son los derechos sociales, que han sido un tema de discusión desde hace ya un par de años.
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Materias constitucionales
-¿Qué están buscando como coalición en materia de seguridad social? Como en las pensiones, educación y salud.
En todos esos casos buscamos una combinación entre provisión de los servicios por parte del Estado, especialmente focalizado en aquellos que requieren más apoyo para reducir brechas, y generar una plataforma de seguridades para las personas. Queremos que la plataforma de seguridades pueda ser provista tanto por empresas públicas como privadas, y que sean las personas las que decidan a qué prestador van a encomendar la provisión de estos derechos sociales.
Ahí también se instala la visión de la protección de la libertad de las personas para elegir. Y esa libertad tiene que ser real y eficaz. No es una libertad solo declarativa, tiene que haber posibilidad real de elegir. Eso implica reducir la brecha para que haya una capa básica en la cual todos podamos tomar decisiones. La prestación puede ser pública o puede ser privada, pero compitiendo en igualdad de condiciones.
-¿Cree que algunos aspectos del Estado social y democrático de derecho deberían estar establecidos en la nueva Constitución? Y si es así, ¿qué aspectos?
Sí, es parte de lo que tenemos que cumplir porque está en la fase de diseño. En esa definición, la diferencia que va a haber entre distintos sectores tiene que ver con el alcance y en algunos casos, por ejemplo, más hacia la izquierda, se ve la provisión de los servicios a través del Estado y este como prestador único. Hacia la derecha, en cambio, hay participación pública y participación privada. Yo creo que sí es posible establecer un Estado social de derecho, resguardando, como digo, la libertad de elegir de las personas.
-¿Y usted cree que el Estado social y democrático de derecho se contrapone con el Estado subsidiario, o son dos modelos que se pueden, a un futuro, mezclar?
Yo creo que pueden converger perfectamente bien, porque el Estado subsidiario puede intervenir mucho más allá de lo que a veces se entiende. Puede, por ejemplo, actuar cada vez que es necesario en defensa del interés de la persona. A mí me correspondió como ministra de Transporte hacer cambios en los contratos del transporte público que le dieron más facultades al Estado, habiendo privados que proveen los servicios. El rol del Estado o la intervención del Estado tiene que priorizarse en términos de la protección del interés ciudadano. Eso creo que converge muy bien tanto en la definición del Estado social como de la subsidiariedad activa, que es el Estado, como lo dice el hombre, activamente interviniendo cada vez que es necesario para proteger a las personas.
-En relación a esta materia, ¿qué opina usted de la nueva Estrategia Nacional del litio?
En general creemos que es importante que los recursos naturales puedan explotarse por el beneficio que generan para la ciudadanía. Las diferencias que hay tienen que ver con quién se hace cargo mayoritariamente, cómo se reparten los riesgos y cuán atractivo puede ser, por ejemplo, para empresas privadas invertir y tomar los riesgos si no tienen una participación mayoritaria. Así que es una discusión que tiene que ver con el modelo de negocio. Pero en esos casos, en general, la mejor prueba es la blancura de hacer, por ejemplo, invitaciones y ver si hay empresas que están dispuestas al modelo que se propone. Así se puede ver si un modelo es viable, y si no, hay que hacer ajustes.
-A su juicio, ¿la responsabilidad fiscal es una materia que la Constitución debería tocar?
-Sí, en general también está planteado así. Incluso la definición de la prohibición de los derechos sociales se indica que es sujeto a la responsabilidad fiscal y al equilibrio fiscal. Es muy necesario, por razones obvias, porque es responsabilidad del Estado mantener ese equilibrio para también garantizar la estabilidad del país.
-En materia medio ambiental, ¿qué aspectos se deben considerar en la nueva Constitución?
-El rol del Estado, el criterio de entrega y asignación de los bienes nacionales de uso público. Por último, sanciones muy duras a los que rompan las reglas de protección ambiental.
-¿Usted cree que va a ser difícil llegar a acuerdos entre la izquierda y el Partido Republicano?
Yo tengo confianza de que todos los que vamos a formar parte del Consejo vamos con la mejor disposición para hacer bien nuestro trabajo. Todos los partidos nos preocupamos de proponer personas que hayan tenido una experiencia que les permita hacer aportes a la discusión, y por lo menos las opiniones que yo he visto, me muestran una disposición muy positiva y favorable al diálogo. Eso también ha ocurrido con las primeras declaraciones de los distintos partidos.
Yo espero que seamos capaces de mantener separada la discusión política coyuntural que se da en el Congreso, por ejemplo, del avance del Consejo. La Constitución tiene que ser válida para futuros gobiernos, que pueden ser de izquierda, centro o derecha, no puede tener un sesgo. No necesariamente tiene que ser neutra, tiene que tener una visión de país. Pero esa visión de país tiene que ser consensuada. Entonces, cuando lleguemos deberíamos generar algunas dinámicas que nos permitan asegurar la discusión de todos los temas en profundidad y ojalá tener votaciones mayoritarias a lo largo del proceso. Mayoritarias no solo con el mínimo para ganar, si no más.
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