"No sé quién será la entidad empleadora, lo veo complejo", sostuvo la secretaria administrativa de la Convención Constitucional (CC), Catalina Parot, al ser consultada sobre quién contratará a los asesores de los 155 constituyentes que ya están trabajando con ellos y de paso descartó que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) sea quien asumirá ese rol.
Parot expuso ante la comisión de Presupuestos de la Convención, donde detalló los recursos gastados durante todo el proceso de preparación e instalación de la CC. Fue en ese momento que señaló que ya está todo listo para el depósito de los primeros sueldos de los convencionales y le consultaron por los asesores, dando a entender que debe ser por contratación directa de los convencionales.
Lo anterior generó incertidumbre entre los integrantes de la comisión, incluso el constituyente Bernardo Fontaine indicó que eso puede generar un problema en materia de pago de impuestos, porque del sueldo de los convencionales que ya paga tributo se deberá cancelar a los asesores y eso genera otro pago de impuesto.
Harry Jürgensen acotó que en el caso del parlamento es la Cámara de Diputados o el Senado el que asume el pago de los asesores y se debe buscar un mecanismo para establecer quién contrata y paga a los asesores.
Parot quedó de analizar el tema con el ministro Juan José Ossa y abogados de la Segpres para determinar la forma de relación laboral que debe existir entre los convencionales y sus asesores.
Detalle de recursos ejecutados
La secretaria detalló además la forma en que se han ejecutado los recursos indicando que el presupuesto vigente de 2021 es de $ 8.820 millones. Un 42% fue destinado a remuneraciones de la CC y las secretarías técnica y administrativa ($ 3.753 millones), otro 26% a bienes y servicios de consumo ($ 2.264 millones) y 22% a asignaciones de los CC y a participación ciudadana ($ 1.907 millones). La autoridad advirtió que esos montos no se ejecutan sin reglamento.
A eso se suma otro 10% para transferencias a otras entidades públicas, para la habilitación de espacios en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados ($ 854 millones) y 0,4% en activos no financieros (mobiliario).
Parot reiteró que quedan por ejecutar $ 76 millones en el capítulo de bienes y servicios de consumo; y se comprometió a acudir nuevamente a la comisión con detalles de los contratos y licitaciones que se han ejecutado hasta el momento.
La secretaria afirmo que "todos los contratos se pueden revisar en mercado público, pero todos han sido fundamentales para respaldar el funcionamiento de la Convención". Además dijo que algunos contratos consideran nueve meses, porque esos son los plazos que están pensados originalmente para el funcionamiento de la CC y que hay clausulas por si se alarga el trabajo. Agregó que los contratos de traslados, alojamiento y alimentación son por hasta tres meses, hasta que esté el reglamento definitivo.
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