Ariadna Chuaqui, investigadora del área de opinión pública del CEP
Purgatorio
Al volver al mundo luminoso y dejar atrás el camino infernal, navegando hacia la orilla del monte Purgatorio junto a su guía Virgilio, Dante narra lo siguiente: “Para navegar mejores aguas, iza las velas ahora la navecilla de mi ingenio, que deja atrás mar tan cruel, y cantaré de aquel segundo reino donde se purifica el espíritu humano para hacerse digno de subir al cielo.”
Estos meses de tránsito entre gobiernos marcan un momento clave para la puesta en marcha de los siguientes cuatro años. Tal como Dante, el presidente electo Gabriel Boric se enfrenta a una trayectoria de paso, un limbo entre el día de su elección y el próximo 11 de marzo, que permite reflexionar sobre el pasado y la forma en que este puede incidir en el futuro.
Un primer indicio se dio en la elección de su nuevo gabinete, a través del cual los últimos 30 años fueron reconocidos y validados de manera fuerte y clara. Pero los efectos reales de este nombramiento se verán en el mediano plazo, una vez que inicie el nuevo gobierno. Ahí se podrá concluir con mayor certeza si los “30 años” van a tomar el rol de guía, tal como Virgilio lo fue con Dante, y si se navegarán mejores aguas.
Decidir
En el libro Choosing in Groups (2015), Munger & Munger analizan cómo grandes grupos de personas pueden ponerse de acuerdo a través de acciones colectivas que sean beneficiosas para todos. Uno de los análisis cruciales que los autores establecen es la identificación de tres niveles o jerarquías de decisión que están presentes en las democracias modernas: (1) decidir (¿cuáles serán nuestras decisiones políticas diarias?); (2) decidir cómo decidir (¿qué regla(s) de decisión vamos a usar); y (3) decidir cómo decidir cómo decidir (¿cómo nos vamos a constituir?).
Decidir cómo decidir
Esta semana comenzó la votación de normas en la comisión de sistema político de la Convención Constitucional. Un elemento clave e indispensable para el devenir de nuestra democracia es el sistema a través del cual vamos a elegir a las y los miembros de nuestro Congreso. En este momento la Convención tiene un rol fundamental en decidir cómo (y si es que) se define el mecanismo de participación electoral en el nuevo texto constitucional.
Muchas de las propuestas de las y los convencionales, al igual que algunas Iniciativas Populares de Norma, definen qué tipo de sistema electoral regirá, y por consiguiente la forma en que las decisiones individuales de los ciudadanos, a través de una votación, serán agregadas e interpretadas. El sistema electoral es parte indispensable en el funcionamiento del Poder Legislativo ya que, bajo los procedimientos adecuados de elección, se puede conformar un Congreso representativo, coherente y adverso a la fragmentación. Fijar el sistema en la Constitución como lo establecen en distinta medida las propuestas dificulta enormemente la posibilidad de ajustar la fórmula electoral para adecuarla de mejor manera a la cambiante demografía de la sociedad. Es más, se puede argumentar que una sociedad que establece en su texto constitucional el sistema electoral es menos democrática que una que lo deja a discreción de la ley, ya que restringe la posibilidad de ajustar su mecanismo al momento de enfrentarse a los potenciales resultados impredecibles en la elección de las y los legisladores.
Así, es del todo razonable establecer los principios básicos en el texto constitucional y dejar aquellos en que existe un debate democrático razonable a criterio de la ley para responder adecuadamente a condiciones cambiantes.
Decidir cómo decidir cómo decidir
La Convención tiene en sus manos el poder de decisión máximo, especialmente en materia de sistema político: lo que se establezca en la Comisión N° 1 de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral determinará el marco general que (potencialmente) restringirá de una manera u otra nuestra potestad de decisión individual al igual que la toma de decisiones a nivel legislativo, sujeto a los tratados internacionales suscritos.
En este sentido, el Poder Constitucional–del cual gozan legítimamente las y los convencionales–es una suerte de “supra poder” que puede establecer las reglas que limitan el quehacer del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Es por esto que las decisiones tomadas al interior de la Comisión N° 1 de la Convención no sólo establecerán el diseño del sistema de gobierno, pero también marcarán las reglas del juego fundamentales que nos permitirán establecer acuerdos legítimos y consensuados en todo ámbito político. Las decisiones tomadas deberán considerar al sistema de gobierno como un todo, en el que cada parte toma un rol único pero dependiente del resto.
Diego Vela, director ejecutivo de Rumbo Colectivo
Será bastante más que Ley
La comisión de derechos fundamentales de la Convención Constitucional discutió la primera Iniciativa Popular de Norma en alcanzar las 15 mil firmas, "Será Ley" presentada por la Asamblea Permanente por el Aborto, y la Iniciativa de Norma Constituyente sobre reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos, patrocinada por 16 constituyentes y respaldada por todas las feministas de la Convención.
Las propuestas incluyen el acceso y garantía a anticoncepción, salud sexual y educación; autodeterminación sexual y reproductiva y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta aborda a los derechos sexuales y reproductivos no sólo en sí mismos, sino que también sus vinculaciones con las áreas de la salud, del trabajo y de la educación
El álgido debate se centró principalmente en el aborto, con posiciones contrapuestas entre quienes defienden la autonomía y el derecho a decidir, y quienes reiteran la argumentación de la vida del que está por nacer, como una más relevante que la de mujeres y personas gestantes.
De aprobarse la Iniciativa Popular de Norma, Chile sería un país líder en constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo en particular (más información consultar la Minuta de Derechos Sexuales y Reproductivos de Rumbo Colectivo).
Cabildos Ciudadanos en centros penitenciarios
Esta semana se firmó un convenio entre la Convención Constitucional, Gendarmería y el Ministerio de Justicia para que las personas privadas de libertad puedan participar del proceso constituyente en 38 cabildos ciudadanos que se desarrollarán en los centros penitenciarios.
Este convenio fue resultado del fruto del trabajo de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con población privada de libertad y Convencionales Constitucionales organizados por los derechos de personas privadas de libertad, junto a la colaboración de Gendarmería y el Ministerio de Justicia.
Personas que tienen condenas o están acusadas por delitos con penas menores a 3 años y un día, se les ha privado su derecho a voto por lo cual este convenio es una avance importante y es de esperar se proyecte en asegurar su participación en el plebiscito ratificatorio para la nueva Constitución.
El Poder Judicial y Organismos Internacionales en reiteradas ocasiones han determinado que en Chile a las personas privadas de libertad se les vulnera sus derechos humanos y se les limita el ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Como plantaba Nelson Mandela, “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”, es de esperar que en este nuevo Chile aseguremos dignidad y respeto a todas y todos.
Sacrificio e indiferencia
Esta semana Ciper publicó un reportaje en el cual se muestra que la fundición de ENAMI en Paipote (Copiapó) rebasó en casi 500% la norma de calidad del aire, con una alta concentración dióxido de azufre, sumado a la denuncia de adulteración de datos enviados por la compañía a autoridades de Salud y Medio Ambiente.
Esto es similar e incluso más contaminante que las nubes tóxicas ocurridas en 2011 y 2018 en la bahía de Puchuncaví-Quintero, provocando la intoxicación de niños y niñas.
Comunidades científicas han mostrado como estos índices de contaminación pueden provocar crisis respiratorias agudas en los niñas y niños y en el mediano plazo significan una mayor presencia de cáncer y riesgo de Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Como planteaba Gabriela Mistral “el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde.” Requerimos con urgencia que la nueva Constitución, Gobierno y Empresas contaminantes asuman el desafío de las zonas de sacrificio como una primera prioridad, asegurando una transición justa para que los territorios y trabajadores no sean quienes asuman el costo de posibles reconversiones y se reparen de manera integral los impactos acumulativos en dichos territorios.
Impuestos justos para el Chile que viene
La política tributaria vive una revitalización inédita. A nivel internacional el paradigma está cambiando y en vez de pensar los impuestos desde la competencia, hoy se intenta enmarcarlos dentro de la colaboración global. Por ejemplo, a partir de 2023 se va a implemente el impuesto mínimo global para que ninguna empresa pague una tasa menor a 15% en impuestos corporativos.
Creo que es importante pensar los cambios en los impuestos desde una perspectiva de un pacto fiscal y no solo como reformas técnicas. Hoy se acrecientan las voces que inciden en la discusión tributaria. Y está bien que así sea porque al final el rol que juega el Estado y cómo se financia es una pregunta política y no exclusivamente técnica.
El proceso constituyente y la discusión tributaria que ha planteado abrir el gobierno entrante es una oportunidad histórica que tenemos para avanzar en esto. Un libro interesante y que recomiendo sobre el pacto tributario en Chile y los desafíos que se vienen es “Impuestos justos para el Chile que viene” del Fondo de Cultura Económica, editado por Jorge Atria y Cristóbal Otero. Pueden revisar más sobre el libro en impuestosjustos.io.
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