Javiera Martínez
La agenda feminista y medioambiental de la Convención Constitucional
Un reciente informe de Rumbo Colectivo sistematiza las audiencias registradas entre el 2 de noviembre y 2 de diciembre del año pasado en la Convención Constitucional. De las 474 audiencias, 205 de ellas corresponden a presentaciones del ámbito medioambiental y de género. Nada más y nada menos que el 43% del total de audiencias.
A mi juicio, este dato pone en relieve la enorme organización de movimientos feministas y medioambientales que se han organizado a lo largo del país los últimos años, cuyo primeros reflejos ya se dieron en la elección de la Convención dónde fueron electas y electos una cantidad de importante de activistas ligados o identificados con algunas de estas dos causas.
El desafío hoy será poder institucionalizar y acotar la enorme brecha que existe entre la política institucional y la sociedad civil organizada entorno a estas demandas. Si se produce un círculo virtuoso entre las demandas levantadas en estas audiencias y la técnica constitucional, Chile podría ser vanguardia en términos de equidad de género y desarrollo sostenible.
Se puede acceder al informe completo en la web de Rumbo Colectivo, dónde además se analizan en particular las presentaciones asociadas a democracia paritaria, trabajo de cuidados, derechos a la naturaleza y bienes comunes.
Autoridades con pertinencia
“Cliffhanger” es un término utilizado para ilustrar giros o finales inesperados en las series de televisión. Como si fuera el último capítulo de la primera temporada, la elección de la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional es un buen ejemplo de lo anterior.
Para quienes extrañaremos el liderazgo de Elisa Loncon y Jaime Bassa, la nueva dupla Quinteros-Dominguez nos llena de optimismo y con ganas de ver la segunda y última temporada de la Convención. Según sus pares, se trata de personas articuladoras y con capacidad de diálogo para llegar a buen puerto este proceso. La dupla es reflejo también de nuevos rostros para el escenario político del país.
Alejadas del centro político, sus trayectorias de vida aportan pertinencia y experiencia real en al menos dos de las demandas más sentidas de la discusión constitucional: el derecho a la salud y la descentralización del país.
Este punto no dejará de ser importante si queremos comprender las claves del nuevo ciclo político, dónde esperamos ver autoridades y representantes que sean reflejo de la diversidad de Chile en términos de género, socioeconómico y geográfico.
Responsabilidad fiscal y pensiones
Esta semana el Consejo Fiscal Autónomo ratificó las dudas existentes sobre la manera de financiar la Pensión Garantizada Universal propuesta por el gobierno.
El informe revisa aspectos relativos a la proyección del beneficio todavía no han sido despejados, la desincronización de la temporalidad del financiamiento vía reducción de exenciones y la falta de información con respecto a la proyección de la provisión PGU y reasignaciones necesarias contenidas en la estimación de gastos comprometidos, entre otros.
Esta situación nos lleva nuevamente al escenario dónde Congreso y Ejecutivo se ven enfrentados en la tramitación de un proyecto previsional. Si bien este cuenta con respaldo transversal, existe evidencia contundente para afirmar que el financiamiento del proyecto debe ser mejorado. Afortunadamente para Chile, hay alternativas en la mesa largamente discutidas por el Congreso y especialistas, que, con ajustes, podrían solucionar el problema y, por el bien de nuestras finanzas públicas, financiar este gasto permanente con ingreso permanente.
Una primera opción, es ampliar el conjunto de exenciones presentadas por el Ejecutivo en línea con lo propuesto por la Comisión Tributaria para el crecimiento y la equidad, encabezada por este mismo gobierno en la época dónde Ignacio Briones fue Ministro de Hacienda.
Una segunda opción en la mesa, es el impuesto a los altos patrimonios y/o de sobretasa territorial que la oposición ha trabajado y perfeccionado los últimos meses a raíz de la campaña presidencial. Una tercera opción es el royalty minero que también se encuentra en discusión en el Senado, y que desde la oposición han trabajado para mejorar los aspectos complejos que fueron aprobados en la Cámara de Diputados.
Un punto relevante a señalar sobre este último, es que la evidencia comparada señala que, al menos para países en vías de desarrollo, es necesario evitar que las rentas obtenidas de los recursos naturales se utilicen en consumo, es decir en transferencias y otros bonos o subsidios que van directamente al bolsillo de las personas.
Por el contrario, las rentas deben ser utilizadas en inversión pública en infraestructura (caminos, puertos u otros que permitan el desarrollo de otras actividades económicas), salud, educación, seguridad social (construcción de hospitales, compra de activos no financieros, etc) y creación de conocimiento (inversión en educación superior e instituciones científicas). En otras palabras, se debería invertir en activos físicos y capital humano.
Aún con esta prevención, el gobierno tiene un abanico de opciones para salir de este entuerto, esperamos que con voluntad, diálogo y trabajo se pueda solucionar y así avanzar en la urgente demanda de la Pensión Garantizada Universal.
Sebastián Izquierdo
La carrera por la reforma de pensiones
El Presidente le ha puesto las zapatillas de clavo al proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), y lo mandó a correr lo más rápido posible.
Su insistencia en centrar la reforma del sistema de pensiones en solo los seis puntos adicionales de cotización y la mezquindad de la oposición en no querer entregar esa bandera al Ejecutivo, hicieron que su poco audaz intento fracasara. Ahora, sin embargo, a semanas del fin de su gobierno, abrió las puertas a un verdadero cambio.
Pero no nos engañemos. Si bien la posible legalización de este complemento universal a las jubilaciones, equivalente a $ 185.000 mensuales para todas las personas mayores de 65 años (excluyendo al 10% más rico), podría ser un “triunfo” para el actual gobierno, no es más que una vuelta a la cancha sin llegar aún a la meta.
La carrera por reformar el sistema de pensiones aún no termina. Ahora tenemos que esperar con qué nos sorprenderá el próximo gobierno. Seguramente debemos cruzar los dedos para que sus integrantes mantengan su repentina preocupación por el gasto fiscal, después de haber promovido el descontrol de éste durante la pandemia.
Tengo mis dudas al respecto, pues ya el actual Congreso propuso obtener parte del financiamiento vía el fracasado y añejo impuesto a los “súper ricos”. Y para rematar, el Consejo Fiscal Autónomo echó por la borda la viabilidad de la PGU, los costos son aún mayores que las proyecciones oficialistas.
Litio estatal
Recientemente la jefa de campaña del futuro mandatario, Izkia Siches, se reunió con el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, para conversar sobre la aún inexplicable preocupación que tiene la próxima administración respecto de la licitación del litio. ¿Cuál podría ser la razón para frenar lo que es una tremenda oportunidad para el desarrollo del país? ¿Es una legítima inquietud por mejorar la licitación o solo se trata de cálculo político?
No se logra entender cómo afectaría esta licitación al anhelo del gobierno entrante de crear una empresa nacional a cargo de la administración del recurso, cuando la adjudicación corresponde a solo el 4% de las reservas conocidas en Chile. En otras palabras, aún tendrían sobre el 96% de esta para llevar a cabo sus planes.
Por lo demás, ellos tampoco han hecho mucho por hacer explícita su oposición a esta política, ni tampoco han mostrado la conveniencia de la alternativa que proponen: la Empresa Nacional del Litio. Cuesta creer que será una buena idea, pues buscan desarrollar un proyecto estatal sobre el cual no hay claridad suficiente, y que requiere una discusión nacional para proyectarla.
Ojalá no se siga profundizando la baja que ya nos está afectando respecto nuestra posición líder en este importante recurso. No vaya a ser que nos pase lo mismo que sucedió con la llegada del salitre sintético.
Cocinando la presidencia de la Convención
Se cayó el telón de la cocina y pudimos ver cómo el Frente Amplio y el Partido Socialista pusieron manos a la obra para elegir a la nueva cabeza de la Convención. Pese a haber articulado el proceso, ambos terminaron en la mesa del pellejo.
Primero intentaron presentar a la ex alcaldesa PS de Paillaco, Ramona Reyes, quien, luego de la presión de las redes sociales por sus eventuales irregularidades y faltas a la probidad como alcaldesa, fue desechada por el FA y el PS sin mayor drama.
Después de algunas rondas de votación en la “elección papal”, su designada fue Cristina Dorador. Sin embargo, tras no llegar a consenso al interior de la Convención, fue la negociación entre un amplio grupo de independientes de izquierda y el colectivo de Independientes No Neutrales (INN), la que terminó -por fin- por dar frutos en favor de María Elisa Quinteros.
Éstos lograron obtener la vicepresidencia con Gaspar Domínguez (INN). ¿Y que pasó con el eje articulador entre la izquierda y parte de la derecha? El FA y el PS fueron meros testigos. ¿y la derecha?
Y voilá… así nació la nueva directiva.
Regreso a clases incierto
Cuando pensábamos que ya nada más podía pasar en relación con el Covid-19, llega ómicron a Chile y nos recuerda que esta pandemia está lejos de acabar. Si bien algunos datos sugieren que la nueva variante sería más contagiosa, pero con una menor tasa de mortalidad, igualmente surgen dudas sobre cómo afectará esta nueva ola a la educación de nuestro país.
Tristemente, esta nueva ola probablemente será la excusa perfecta para los “terraplanistas” que se rehúsan a regresar a clases presenciales. Pareciera ser que a pesar de que estemos en un punto en que la vacunación es casi total y que Chile sea considerado el mejor país del mundo para vivir durante esta pandemia, el delirio de estos negacionistas no tiene cura.
Es en gran parte por culpa de ellos que, lamentablemente, llevemos el récord en la baja de matrículas de niños en jardines infantiles y salas cuna, y que menos de la mitad de los escolares asistieran a clases presenciales el año pasado. Estos hechos están directamente relacionados con los problemas de salud mental y con la pérdida de aprendizajes de miles de niñas, niños y jóvenes. ¡Esa sí que es una pandemia!
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