Elisa Walker
Se rechaza la designación de un juez por un plazo determinado por ley
El pitazo inicial de la votación en general de la Convención Constitucional obligó a los y las constituyentes a debatir y votar sobre las normas que conforman la propuesta del sistema de justicia.
Durante la discusión en la comisión se generó una intensa polémica por una propuesta que quería restringir la duración en sus cargos de los jueces y juezas de primera y segunda instancia por un plazo de ocho años.
Muchos señalamos que esa propuesta no fortalece el Estado de Derecho sino que, por muy el contrario, puede dejar a quienes resuelven las causas a merced de presiones externas con tal de ser reconfirmados en sus puestos, afectando la necesaria imparcialidad que deben tener frente a un conflicto jurídico.
Felizmente la norma que fue finalmente aprobada en la comisión y que señalaba que los jueces y juezas cesan en sus cargos por cumplir la duración prevista en el mismo, fue rechazada al no obtener la aprobación de 2/3.
Esto no quiere decir que la norma sea totalmente descartada, ya que ese rechazo implica que la comisión la puede revisar y volver a proponer, pero por lo menos la discusión parte con el pie derecho, promoviendo y no debilitando la inamovilidad de los jueces y juezas.
Vuelta al colegio (presencial)
Febrero es un mes que funciona en modo vacaciones, ya sea porque algunas personas están descansando o porque el descanso de otros hace que el trabajo baje de intensidad. A pesar de lo anterior, marzo está a la vuelta de la esquina y eso implica que pronto se volverán a abrir las puertas de los colegios.
Esta semana el alcalde de Recoleta ha puesto en duda el retorno a clases presenciales diciendo que no están garantizadas las condiciones de seguridad. A pesar de que cada día que pasa estas posturas son más aisladas, la verdad es que no dejan de sorprender.
A casi dos años del inicio de la pandemia, las autoridades de nuestro país deberían estar haciendo los máximos esfuerzos para garantizar la vuelta a clases, entendiendo que la misma es una prioridad indiscutible. Es extremandamente grave constatar la brecha que se ha generado entre los niños y niñas que han perdido la posibilidad de aprender en forma presencial y de sociabilizar a través de su participación en comunidades educativas con los que han tenido educación presencial.
El compromiso con la igualdad, la libertad y el desarrollo de las personas exige priorizar esta actividad en vez de anunciar sus dificultades. Mal que mal, las condiciones ideales no van a existir por mucho tiempo. Por lo mismo, eso no puede ser razón para seguir aislando y paralizando el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Asimismo, podemos insistir incansablemente en que la falta de presencialidad en los colegios ha generado una imposibilidad para las mujeres de trabajar, haciendo más precaria aún su autonomía económica y generándoles problemas de salud mental por las altas exigencias a las que han sido sometidas.
Principio de pluralismo jurídico en la nueva Constitución
Se aprueban en general temas interesantes en la Convención Constitucional, pero hay que tener atención en cómo se regulan los detalles. Un ejemplo de lo anterior es el pluralismo jurídico.
El principio de pluralismo jurídico no es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico ya que actualmente está contemplado en el Convenio 169, y el artículo 5 inciso segundo de la Constitución establece que es deber de los órganos del Estado respetar los tratados internacionales ratificados por Chile. En este sentido, lo innovador es que se incorpore en forma expresa en el texto constitucional. Por lo demás, otras constituciones del derecho comparado hacen mención al mismo.
A pesar de lo anterior, es importante mirar con cautela la redacción propuesta. Por ejemplo, el Convenio 169 es muy claro en señalar que el principio de pluralismo debe ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Por el contrario, en la norma propuesta se limita el respeto a estándares internacionales de derechos humanos a un asunto que se debe considerar en el rol de coordinación que debe realizar el Estado entre el Sistema Nacional de Justicia y el Sistema Jurídico Indígena. Es decir, no se exige que la forma en que funciona el Sistema Jurídico Indígena respete los derechos humanos. Es fundamental la revisión de esta redacción.
Asimismo, la norma aprobada en general señala que el Sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad, con el Sistema Jurídico Indígena. La mención al plano de igualdad genera confusión en su aplicación.
Por ejemplo, se podría interpretar en el sentido de que a ambos sistemas se les tienen que asignar los mismos recursos o infraestructura para su funcionamiento. O que ambos sistemas tienen que ver todas las materias de litigios, cuando en el derecho comparado se suele limitar el alcance del sistema jurídico indígena a ciertas materias específicas y solo cuando el conflicto es entre personas del mismo pueblo.
Tomando en cuenta lo recién señalado, sería razonable eliminar esa idea de que ambos sistemas funcionan en un plano de igualdad.
Jorge Selume
La firma de Gabriel Boric
El acuerdo del 15 de noviembre trae la firma de Boric, al igual que la nueva Constitución, que también llevará su rúbrica. No caben dos interpretaciones: su gobierno comparte destino con la Convención Constituyente.
Nadie discute que ambos poderes son autónomos e independientes, pero asimismo, nadie puede omitir el hecho de que Gabriel Boric lidera el FA, coalición que junto al PS, tienen la manija del proceso constitucional. Una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía es la demanda por mayor gobernabilidad. Esa es la responsabilidad del Presidente, no de otra autoridad. En el caso de Boric, gran parte de su gobernabilidad se pasea por los pasillos del Palacio Pereira.
El miedo y la esperanza en la Convención Constitucional
La Convención Constituyente se encuentra atravesada por dos emociones: el miedo y la esperanza. Las mismas emociones que tiñeron la elección presidencial, donde finalmente la esperanza se impuso. En esta ocasión, sin embargo, el miedo no solo corroe a los simpatizantes de la derecha tradicional, sino que se extiende más allá, pasando por el centro y llegando hasta la centroizquierda.
No son pocos quienes votaron a favor del Apruebo y que hoy están, por decirlo de forma contenida, dudosos respecto a su voto. Son varios los que derechamente, y en privado, se arrepienten. Pocos llamarán a votar Rechazo, y está bien que así sea, por el momento, pues falta mucho por correr en esta maratón y marzo no es el minuto para llamar a definir el voto, sino que es el instante en que se debe llamar a legislar de mejor forma.
¿De qué forma? Dialogando con quienes piensan distinto, abriendo espacios para el debate y construyendo un texto que identifique a gran parte de la población y no que sea un check list de las demandas de los diversos grupos de interés que imponen sus creencias a rajatabla. Suena ingenuo, porque la mayoría circunstancial da muestras de no querer dar su brazo a torcer, pero, si la Convención sigue trabajando como hasta ahora, enfrentará un duro plebiscito.
Hoy, lo más probable, es que el Apruebo gane a todo evento. Pero, en política, importa más el cómo que el qué. Es decir, prevalece el carácter simbólico por sobre el técnico. Entonces, la pregunta clave es ¿Cómo ganará el Apruebo? Si la magnitud del triunfo es inferior a las expectativas, si un número importante de chilenos manifiestan rechazo al texto, entonces es muy probable que la nueva Constitución adolezca del mismo déficit de legitimidad que su antecesora y tenga corta vida.
Las democracias sanas cuentan con constituciones donde las minorías circunstanciales no son excluidas, sino que incluidas en el debate, y por eso sus cartas magnas son de larga data. Si queremos que Chile sea un país más democrático, entonces debemos -y no hay otra alternativa- redactar una Constitución que no sea solo de la mayoría ocasional, sino que de todos, los menos y los más, reunidos y reflejados de igual forma a ojos de la ley.
Cloaca virtual
En las últimas 48 hrs fue noticia en Twitter la foto que le sacaron al Senador Pizarro y la visita de Izkia Siches a comprar al Mall Casa Costanera. Ambos son botones de muestra que nos recuerdan que, lamentablemente, la virtuosa plaza pública que alguna vez nos prometió ser Twitter, está resultando ser todo lo contrario: una cloaca virtual.
En el primer caso, la futura ministra del Interior tiene, como todo el mundo, la libertad de comprar lo que se le plazca, donde se le plazca, con el dinero que honestamente gana. El hecho de que pueda hacerlo, nos demuestra que culturalmente Chile es un país liberal. El hecho de que se le cuestione, nos demuestra que políticamente Chile se está transformando en un país con visos de totalitarismo producto de su furibunda intolerancia.
En el segundo caso, el senador, como cualquier mortal, tiene la libertad de hacer lo que guste dentro de su morada, siempre y cuando no dañe a terceros. Cuando esa facultad se ve vulnerada, no queda duda de que nos enfrentamos a la violación de un derecho fundamental: la privacidad.
El hecho de que esa violación sea motivo de celebración en Twitter no viene sino a demostrarnos, una vez más, que en la hoguera virtual las desgracias de unos son risas de otros. Esto sucede en la misma semana en que fue tendencia el #NoMásBullying, como respuesta al suicidio de un menor de 12 años. Un botón de muestra más del contexto disociado en que habitamos.
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