Valeria Lübbert
Traspaso de gobierno sin transparencia
Esta semana que pasó comenzó el traspaso de gobierno y las reuniones entre autoridades salientes y las que están por asumir el 11 de marzo. La información a entregar, su detalle y la forma no se encuentra regulado en la ley, y en la práctica depende de la “buena voluntad” de cada gobierno determinar cómo lo harán.
El primer traspaso de gobierno, al retorno a la democracia, fue de enorme caos, sin voluntad de entregar información al gobierno que comenzaba y sin estándar de transparencia alguno. Los traspasos siguientes, entre gobiernos continuadores de las políticas del anterior, no presentan mayores problemas, pero los que se dan entre rivales políticos tienen cierta complejidad.
Las autoridades entrantes necesitan contar con información actualizada de los temas centrales de sus carteras, pero también la ciudadanía merece conocer con oportunidad el estado de las carteras que se traspasan.
Por eso, en 2017 se desarrolló una plataforma que permitía que el traspaso fuera en línea, con total transparencia (http://traspaso.digital.gob.cl/ en este momento sin acceso al público), sin perjuicio de las reuniones bilaterales complementarias que pudieran realizarse entre autoridades. Hoy no se está utilizando, o al menos no es público su uso, plataforma alguna, ni se conocen los criterios de información a entregar. Este es un lamentable retroceso en estándares de transparencia y amistad cívica.
El plebiscito de salida a la vuelta de la esquina
Aún no sabemos si será necesario que el Congreso Nacional otorgue una prórroga extraordinaria a la Convención Constitucional para cumplir su tarea, pero lo cierto es los convencionales están haciendo enormes esfuerzos por cumplir con el plazo dado. También se han hecho ajustes reglamentarios para llevar las discusiones en atención al tiempo.
En este contexto, cuidemos la especulación sobre los resultados del plebiscito de salida, especialmente cuando estamos en medio de la discusión de contenido de la nueva Constitución. Algunos parecen apuntar a levantar el fantasma del Rechazo para temperar las discusiones que se están dando, lo que no aporta a la calidad de los debates y pasa por alto que se trata de acuerdos que deben contar con 2/3 de los convencionales.
Con todo, es interesante el resultado del último Barómetro Laboral: un 67% de los consultados votaría Apruebo en el plebiscito de salida, para tenerlo presente a la hora de levantar los fantasmas del Rechazo en negociaciones que deben ser sinceras.
Adiós, Senado. Bienvenido, Consejo Territorial
La Convención Constitucional ha estado discutiendo por varias semanas la forma que tendrá el Congreso Nacional en la Constitución. Debates entre bicameralismo y unicameralismo esta semana decantaron en un acuerdo transversal que podrá llegar al texto de la nueva Constitución. Se trata de una solución de compromiso (bicameralismo asimétrico o unicameralismo corregido), en que un Consejo Territorial participará en la formación de leyes que digan relación exclusiva con las regiones. “Las personas pasan, pero las instituciones quedan” es una frase tan repetida como equivocada.
El proceso constituyente nos recuerda que las instituciones están al servicio de las personas, y por ende están sujetas a los cambios que el pueblo soberano determine. La forma institucional del Poder Legislativo no es la excepción.
Ojo con la desinformación
Durante el proceso constituyente hay mucha información que se está generando minuto a minuto. En este contexto, en que además necesitamos estar informados, es importante combatir la desinformación, así como evitar difundir noticias falsas. Por lo mismo, recomiendo estar atentos al fact checking que hace @ContextoFactual y sumarse a su boletín informativo de WhatsApp. De forma cómoda, rápida y clara es posible estar el día de lo que va pasando en la Convención.
Juan Luis Ossa
Una comprensión maniquea de la historia se toma la Convención Constitucional
Lo que comenzó como reivindicaciones atendibles para lograr que la Constitución no solo los reconociera como pueblos originarios (PPOO) sino que además les entregara mayores grados de representación, ha derivado en demandas que, bajo el concepto de “autonomía”, buscan en realidad una forma de separatismo.
El argumento es simple, pero maniqueo: la historia política y económica del país sería una sumatoria de despojos y arbitrariedades perpetradas por una elite colonialista, extractivista y patriarcal. De ello se seguiría la necesidad de resarcir a los abusados (los “buenos”) y castigar a los abusadores (los “malos”) mediante una política de redistribución de tierras y otros bienes.
¿Cómo se ha justificado lo anterior? A través de un discurso historiográfico plagado de falacias, en el cual, además del maniqueísmo, resaltan una perspectiva monolítica de la historia (nada habría cambiado entre, digamos, 1810 y hoy) y la idea de que todas las comunidades indígenas pensarían y actuarían igual. Además de ser políticamente ingenua, aquel acercamiento es empíricamente insostenible: ¿o acaso los PPOO están por sobre los intereses y las agendas que, bien lo sabemos, mueven a todos los seres humanos desde que el mundo es mundo?
Algo más sobre los debates historiográficos en juego
Vale la pena recordarlo: lo que se discute en la CC no dice tanto relación con el presente y el futuro del país, cuanto con el pasado, la tradición y la historia. Los PPOO y otros sectores de izquierda se han comprado una tesis sociológica e historiográfica (i.e. Mignolo, Santos y otros) que, como toda propuesta académica, está sujeta a ser revisada, criticada y desmontada.
Paradójicamente, dicha tesis incurre en el viejo argumento esencialista defendido por los nacionalistas de tinte conservador e hispanista, ya que entiende a la nación como una entelequia cultural descontextualizada de la política contingente. No sólo eso: asume que la oposición común a un otro (ej. al conquistador español, a la república decimonónica, a las forestales) es suficiente para formar una “nación”. Si ese fuera el caso, entonces cada región o comunidad local podría arrogarse un territorio determinado y, a partir de ahí, conformar su propia “nacionalidad”. Lo que, por supuesto, sería un abuso no solo político, sino sobre todo conceptual: bien sabemos que, para ser funcionales, los conceptos deben discriminar. Los intelectuales indigenistas no harían mal en recordarlo.
El despliegue amarillista, o cómo enfurecer a la izquierda
Hace tiempo que una declaración pública no incomodaba tanto a la izquierda radical: los “Amarillos por Chile”, un grupo de centroizquierdistas liderados por Cristián Warnken, alertaron sobre el impulso refundacional que pesa sobre la mayoría de los convencionales, desatando la rabia de quienes creen tener un mandato originario para hacer y deshacer con la institucionalidad conocida.
Se podrá criticar la precariedad digital del movimiento amarillista, así como que la lista de firmantes esté monopolizada por personeros de la ex Concertación, sin abrirse a otras generaciones y tendencias políticas. Pero de ahí a motejarlos de privilegiados y obtusos enemigos de la CC hay una vida de distancia. Porque, al menos que sus críticos sean intelectualmente deshonestos, lo cierto es que lo planteado en la declaración no pasa de ser una advertencia sobre el rumbo a todas luces desacertado que podría seguir teniendo la discusión constitucional si es que no se pone freno a la arrogancia de los convencionales.
Ninguno de los amarillos ha llamado, que se sepa, a votar rechazo en el plebiscito de salida; simplemente están dejando por escrito lo que todos aceptamos en privado, pero muchos no se atreven a decir en público: una Constitución revanchista es pan para hoy y hambre para mañana. Basta recordar el revanchismo de la Constitución de 1980.
La imaginación “destituyente”
El octubrismo tiene mucho de imaginación: sus cultores imaginaron el fin de la institucionalidad desde el minuto que comenzó a arder el Metro. Imaginaron que las cientos de miles de personas que marcharon pacíficamente por las calles eran sus aliados irrestrictos. Imaginaron, en fin, que Chile necesitaba comenzar de cero para alcanzar el desarrollo.
El problema con esta visión es que descansa en una reflexión muy pobre sobre una realidad que se resiste a ser encasillada bajo el rótulo de los románticos revolucionarios. ¿No estarán pecando los octubristas de un romanticismo simplón cuando a la “revuelta” la envuelven de la retórica “destituyente”, esa que cree, como un mantra, que basta con decretar algo en una Constitución para que las condiciones materiales cambien? Lo peor es que, más de dos años después, los convencionales vuelven por sus fueros y, con la imaginación a cuestas, hacen desaparecer al poder Judicial, al Estado unitario y al Senado. Y todo en menos de tres semanas.
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