En Chile no nos ponemos de acuerdo en nada, pero por la chita que nos gusta transversalmente sustituir una sigla por otra. Esta semana fue el turno del Presidente Boric, quien nos anunció que busca poner fin al financiamiento universitario a través del Crédito con Aval del Estado (CAE) para cambiarlo por el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).
Voces mucho más autorizadas que la mía han levantado rápidamente sus críticas al proyecto desde diversos ángulos, destacándose la de mi colega el rector Peña, quien ha puesto el énfasis en el potencial daño que le provocará al financiamiento de las universidades y cómo el mundo político quedará con el sartén por el mango para influir en su devenir. Por su parte múltiples economistas han señalado la presión fiscal que implicará este proyecto y como los cálculos del Gobierno parecen ser extremadamente optimistas, no sería primera vez.
Hay otros que han señalado que se trata de créditos e impuestos encubiertos, frente a lo cual el ministro Marcel, con ese encanto particular que tienen los tecnócratas, salió a decir que en realidad era un fondo revolvente. Como no entendimos, creo que logró su cometido.
No hay duda de que todos esos temas son relevantes, como también el momento y el orden de prioridades de nuestros gobernantes, pero mi preocupación va por otro lado.
Hay un sistema vigente que cuenta con una serie de protecciones para el deudor, período de gracia, porcentaje máximo del salario a ser pagado, tasa de interés fuertemente subsidiada, entre otras características que lo hacen muy razonable bajo cualquier análisis desapasionado.
No obstante, el CAE ha sido demonizado y buena parte de los profesionales deudores o no pagan o esperan que sus deudas se evaporen por un tema de justicia celestial. Y por lo visto tan errados no están con su comportamiento, por lo menos desde el punto de vista de su interés privado. Otra cosa es el efecto que esto produce en lo público.
Cosas similares están sucediendo en múltiples áreas del acontecer nacional. Las tasas de evasión del Transantiago son vergonzosas y totalmente institucionalizadas, donde las autoridades ya ni siquiera enfrentan el tema. Leemos cada cierto tiempo con estupor las millonarias cifras que significan para la economía nacional el uso y abuso de licencias médicas fraudulentas, y más allá de indignarnos, nada ocurre.
Con la tecnología disponible pareciera ser algo que puede ser abordado con relativa simpleza, pero no pareciera haber mayor interés en el tema. No queremos pagar la educación, no queremos pagar el transporte, no queremos ir a trabajar, pero tampoco queremos pagar el agua potable y alcantarillado, hoy la morosidad supera en más de un 50% los niveles prepandemia.
Sin duda, que el difícil momento económico es parte de la explicación, bajo crecimiento y caída del trabajo formal son parte del cóctel, pero eso no es todo. Hay una actitud hacia cumplir las obligaciones que tiene cualquier ciudadano que se ha debilitado enormemente en los últimos años, lo que pone una pesada carga al Estado y es pasto seco para populismos y clientelismos. Hay que dejar de alimentar el monstruo de la incobrabilidad antes que sea demasiado tarde, el FES no ayuda en nada a ese prioritario objetivo.
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