Son miles los chilenos que pasados 10 días siguen sin suministro eléctrico en lo que constituye un desastre por donde se le mire. No es fácil evaluar desapasionadamente la respuesta de las distribuidoras Enel y CGE desde un punto de vista técnico, pues no han hecho mayor esfuerzo en hacernos saber cuál era y es la situación real que dejaron los ventarrones que alcanzaron los 120 kilómetros por hora.
La tarea sin duda era cuesta arriba dada la magnitud de los daños a la infraestructura, eso lo reconoce hasta el más enrabiado, pero la paupérrima gestión comunicacional es toda de ellos. En todos estos días nunca han sido capaces de dar respuestas confiables a una población desesperada. Plazos que se incumplieron uno tras otro, bots que contestaban frases hechas que en nada ayudaban, servicio al cliente colapsado y sin información y por sobre todo la total ausencia de una vocería que entregara calma y se hiciese responsable. En resumen, una debacle comunicacional al nivel de la catástrofe física propiamente tal.
El Gobierno tampoco ha estado a la altura. Durante varios días estuvo en el papel que le sale natural frente a las crisis: el de comentarista de noticias. Un espectador más que salvo algunos “hay que” poco hizo por colaborar. Tardíamente se dispuso que las Fuerzas Armadas salieran a colaborar en el esfuerzo que significa sacar árboles caídos, instalar postes y recoger cableado que cayó al suelo. Produce frustración la falta de puentes que hemos visto tenderse entre el mundo público y privado para que la luz vuelva pronto a los hogares; como si fuese más importante estar desde el púlpito llamándole la atención a las empresas que orientar las energías a la solución del problema.
Por supuesto, el oficialismo no desperdició la oportunidad de arremeter contra las empresas de distribución y poner en duda el rol de los privados en la provisión de un servicio básico como la electricidad. Surgieron rápidamente ensoñaciones y añoranzas de una Chilectra estatal supuestamente sin problema alguno en su cometido de antaño.
Si hay algo que el mundo privado no puede olvidar es que frente a cualquier problema grave surge en Chile con mucha rapidez y con amplia aceptación dentro de la ciudadanía una mirada ingenua del Estado como un gran solucionador de problemas.
Ese Estado que no es capaz de resguardar sus fronteras frente a la inmigración ilegal, ese Estado que distribuye los útiles escolares en agosto a los niños del país, ese Estado donde las listas de espera para atenderse en los hospitales públicos crecen exponencialmente, ese Estado que no es capaz de reconstruir viviendas siniestradas en plazos decentes, ese Estado que entrega una educación pública paupérrima, es en ese mismo Estado donde la población pone sus esperanzas frente a la inoperancia de los privados, en este caso dos compañías eléctricas. Sólo imaginar lo que sería una administración estatal de una compañía de distribución de energía da tiritones, pero para evitar pensamientos sombríos como ese partamos por dejar de dar razones para ello.
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