Con amenazas de querellas, una denuncia del gobierno ante la fiscalía y una solicitud de sus accionistas minoritarios para que convoque a un directorio extraordinario, “dada la gravedad de los hechos” se salda hasta ahora la decisión del presidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil de vacunarse por tercera vez contra el Covid-19, fuera de toda norma.
El escándalo producido tras la denuncia de las enfermeras y el despido de una de ellas hizo que la polémica volviera a instalarse en el centro médico que desde 2019 controla el grupo Auguri con el 50,05% de la propiedad. Aunque en verdad, las aguas al interior del recinto llevan varios meses agitadas, abonando el conflicto.
Esta semana, mientras los sindicatos anunciaban que “defenderán” a los trabajadores de la firma en caso de nuevos despidos por denuncias de irregularidades, algunos accionistas minoritarios -y que no forman parte del pacto controlador- estuvieron analizando sus próximas movidas, luego de haber acudido el jueves ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF) para pedirle que invoque el artículo 47 de la Ley de Valores y obligue a realizar un directorio extraordinario.
Su solicitud se vio fortalecida la tarde del viernes luego de que el Gobierno denunciara ante la Fiscalía una eventual “apropiación indebida” de la tercera dosis que Gil se hizo inocular el pasado sábado 3 de julio. En el escrito -firmado por las subsecretarias de Salud, Paula Daza, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell- se asegura que el empresario, quien presentó un certificado médico fechado dos días después de la vacuna, habría realizado “acciones directas destinadas a asegurar la impunidad en su actuar”.
“Estudios de textos bíblicos”
La solictud de que la CMF obligue a realizar un directorio extraordinario es algo prácticamente inédito en el país, y permite al regulador obligar al directorio a pronunciarse sobre las materias que le indique. Los accionistas minoritarios exigen conocer las razones de las tercera dosis de Gil y el plan para enfrentar la ola de querellas, sanciones y multas que se esperan tras esa polémica inoculación.
Ello, debido a la preocupación de los accionistas -varios médicos entre ellos- de que su inversión se desvalorice aún más por el impacto reputacional del caso: según explica un profesional de la firma, hoy la participación de cada doctor vale lo mismo que hace 10 años, lo que golpea el patrimonio de varios de quienes se han dedicado solo a ejercer la medicina y habían destinado esos papeles para mejorar su jubilación.
Ello, pese a que los números de la sociedad son positivos. A marzo de 2021, CLC presenta ganancias por $ 7.714 millones, gracias a mayores hospitalizaciones, la telemedicina y una caída de 11,2% en los costos.
El problema es que las gestiones para llegar a esos números son muy cuestionadas: trabajadores de diversos estamentos denuncian más de 200 despidos, problemas en las mantenciones de equipos, no pagos de horas extraordinarias, cambios de funciones, recortes en materiales, particiones de remedios, etc. Solo en los tribunales laborales de Santiago hay 27 querellas en contra de la Clínica por despidos injustificados, malos tratos o poner en riesgo al personal y los pacientes en ambulancias con neumáticos recauchados.
Los minoritarios le pidieron a la CMF que invoque el art. 47 de la Ley de Valores para forzar la realización de un directorio extraordinario de CLC
Eso sin contar la renuncia o despido de varios médicos emblemáticos de la entidad, quienes resaltan que el 15 de diciembre 2020 pasó casi desapercibida la decisión del directorio de concentrar todas las decisiones en un grupo cercano a los controladores: el propio Gil (presidente), Juan José Suban (director CLC), Carlos Lizana (director CLC), Jonás Gómez (director CLC); Paola Bruzzone (vicepresidenta CLC), Renata Harasic (directora CLC), Ignacio Tapia (gerente de Finanzas CLC); Rene Tejías (director médico CLC), Jerónimo García Bacchiega (gerente general CLC); Christian Bezzenberger (gerente comercial CLC), María Eugenia Mettifogo (gerente de operaciones) y Claudia Tapia (exgerenta de Personas). No están ahí Juan Enrique Allard ni Christian Traeger, directores de los accionistas no controladores.
Ese cambio ha sido sumamente criticado por los médicos y el personal de CLC ya que implicó modificar para siempre una serie de criterios que van desde las rutinas de trabajo hasta la incorporación de nuevos profesionales. “Antes, había un reglamento y protocolo en base a los años de experiencia, títulos, investigaciones y premios. Llegar a CLC era como un punto importante en la carrera”, sostiene un doctor, quien reclama por el exceso de controles, cortapisas y precios. Y que los nuevos médicos están llegando sin los poderes, ni propiedad de antes. Hoy son empleados de la institución.
Hasta hubo un grupo de WhatsApp que se llamaba “Estudios de textos bíblicos” donde los profesionales hablaban medio en clave y broma de todo lo que estaba pasando. Dicen que le pusieron ese nombre, para evitar sospechas.
Golpe patrimonial
“Estamos monitoreando la situación”, dicen escuetamente en un fondo de inversión que tiene acciones de CLC, las que en lo que va de año caen más de 10%.
Se trata de un papel poco líquido, pero atractivo, que entrega dividendos, pero cuyo riesgo ha seguido subiendo, debido a la multiplicidad de flancos abiertos, explican en el mercado. Los inversionistas temen que el sumario sanitario iniciado esta semana por la Seremi de Salud Metropolitana y la investigación en la Fiscalía seann el inicio de varios golpes de la autoridad. En el gobierno, si bien reconocen el rol del centro asistencial en la pandemia, lamentan que la firma reclame porque debe recibirlos a un costo que no cubriría todos sus gastos, como si este esfuerzo no lo estuviera haciendo todo el sector sanitario del país.
CLC incluso demandó a su ex gerente general, Fredy Jacial Ellis, porque no le habría comunicado al directorio que los pacientes Fonasa pagaban la mitad por sus atenciones COVID-19, pese a que está en juego la vida de éstos. Y porque sobrepasarían el límite impuesto por la autoridad sanitaria, algo por lo que el gobierno ni siquiera les habría llamado la atención. El directorio de CLC acusa a su ex gerente de haberle provocado un perjuicio económico de al menos $ 8.598 millones. La abogada de Jacial, Trinidad Luengo, declinó referirse al caso.
Pero entre los accionistas contactados por DF MAS hay desazón por lo que llaman un “problema de gobierno corporativo”. La declaración pública que este viernes dio a conocer la Asociación de Clínicas con una dura crítica a la vacunación al presidente de CLC fue considerada otro espaldarazo a las acciones legales que se avecinan. “Repudiamos lo ocurrido y apoyamos la investigación del Minsal”, sostuvo el principal referente gremial del sector prestador privado que reúne a 41 instituciones de salud. CLC no forma parte de este gremio, que acusó el fuerte golpe en la imagen del sector privado de salud por culpa de Gil.
La ola de críticas a la conducta del principal representante de los controladores de CLC no ha cesado. Al gobierno, el Colegio Médico y amplios sectores de opinión pública se sumaron ex representantes de la misma firma como la expresidenta de la Asociación Médica, Viviana Herskovic, quien se declaró “ consternada y avergonzada” en una carta donde también comunicó su renuncia inmediata. “Lamentablemente siento que se ha instalado y normalizado un clima hostil, de inseguridad y amedrentamiento”, agregó en la misiva que ha circulado por varias cadenas de mensajería instantánea.
Herskovic había sido clave en descomprimir el mal ambiente que se generó a mediados del año pasado, cuando más de 100 médicos de la clínica recurrieron de protección por los cambios de contratos de arriendo de espacios para consultas y el aumento en las comisiones que cobra la administración por usar esa infraestructura.
La salida de médicos que ayudaron a bajar la temperatura a los enfrentamientos desde que llegó el grupo Auguri ha marcado varios capítulos. La semana pasada, Andrés Larach, un ex director de gran raigambre en la entidad (es sobrino nieto de Alejandro Larach, uno de los fundadores de la institución) supo que desde septiembre no tendrá espacio para arrendar una consulta por lo cual deberá irse, siguiendo el mismo camino de otros facultativos históricos. “El problema de esto es que cada uno se va con sus clientes. A profesionales de más de 20 años de ejercicio no les va a costar mucho encontrar otro lugar”, advierte un doctor.
Trabajadores en “alerta”
El otro flanco son los sindicatos. Las seis ramas que suman casi 2.000 afiliados se declararon en estado de “alerta”, tras el despido de la enfermera Carla Garrido (la cual se oficializó este miércoles) y la renuncia de la jefa de los Servicios Ambulatorios, Leticia Ortiz por hacerle ver a Gil que se estaba saltando el Protocolo Nacional de Inmunización
Garrido y su abogado se encuentran preparando una demanda por despido injustificado y en los tribunales laborales los sindicatos han denunciado graves problemas de seguridad, maltrato y hostigamiento. Aseguran que por el control de costos, las ambulancias no son reparadas y que hasta se realizó un reunión de urgencia entre los coordinadores de Rescate, Urgencias, Prevención de Riesgos y la gerencia de Personas para solucionarlo.
"...el presidente del directorio de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, se apersona en el patio de ambulancias donde en definitiva, en lugar de preocuparse por el estado físico y de salud de los trabajadores y aludiendo experiencia en materias de mecánica, hace su propio análisis, sin más prueba que la pericia que él asegura tener, adelantando un juicio respecto a la causa del accidente al referir que todo se debió a la baja presión de aire de los neumáticos y responsabiliza de los hechos ocurridos”, se puede leer en la querella.
El rol de Ducci
El empresario Alejandro Gil (73) ha protagonizado desde su llegada a CLC varios conflictos. A mediados de junio en una entrevista por escrito con El Mercurio lamentó la cobertura periodística del caso, asegurando que “este escenario ha sido creado artificialmente a través de la prensa por antiguos administradores de la clínica, y lamentablemente unos pocos médicos se han hecho eco”.
Aseguró haber entablado “una excelente relación con las doctoras Viviana Herskovic y Ximena Katz, que encabezan el Cuerpo Médico” y valoró el trabajo de los médicos, anunciando la creación de una Gerencia de Experiencia al Paciente a cargo del doctor Héctor Ducci, quien reconoció ante la Seremi Metropolitana haber recomendado la tercera dosis a su jefe.
“Le recomendé que reforzar la vacunación previa (doble dosis con CoronaVac) para crear inmunidad y no contagiarse”, dijo en declaraciones a TVN. Según el médico, Gil no había conseguido inmunidad con sus dos dosis.
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