En Estados Unidos, un sweetheart deal describe una negociación cerrada entre pocos, en la que una de las partes obtiene términos inusualmente favorables. Es una expresión cargada: sugiere privilegios, asimetría, omisiones. En 2008, por ejemplo, el acuerdo legal que permitió al magnate Jeffrey Epstein evitar cargos federales por abuso sexual fue catalogado de ese modo por distintos comentaristas. Hoy, esa misma figura reaparece -con otro contexto y distintos protagonistas- en el centro de una demanda civil presentada en la Corte Suprema de Nueva York.
La ofensiva judicial está encabezada por un grupo de fondos internacionales, entre ellos seis vehículos de Moneda, uno de los gestores más influyentes del Cono Sur y parte del holding brasileño Patria Investments, que administra activos por más de US$ 31.800 millones.
Entre los demandantes también figuran la aseguradora Cigna Health y la gestora Redwood. Todos acusan a Bradesco -el segundo mayor banco privado de Brasil- de haber ocultado un acuerdo que, según alegan, modificó sustancialmente el riesgo de una emisión de bonos por US$ 750 millones estructurada en 2014 para InterCement. La compañía, controlada por el holding Camargo Corrêa (hoy rebautizado como Mover), ha atravesado años de problemas financieros y legales: fiscales brasileños la han vinculado a esquemas de soborno y colusión que derivaron en condenas contra tres de sus ejecutivos y sanciones por montos millonarios. En diciembre de 2024, tras no concretar la venta de activos estratégicos, InterCement se acogió a la ley de quiebras.
Antes de eso, en noviembre de 2024, varios vehículos ligados a Moneda -entre ellos Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión (ver recuadro), Moneda Latam High Yield Credit Fund PLC y Moneda Latin American Corporate Debt- llevaron el conflicto a la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Presentaron una demanda de 32 páginas contra Bradesco por dos cargos: estafa y competencia desleal.
El libelo, redactado por el estudio neoyorquino Wilk Auslander LLP, especializado en litigios financieros, sostiene que los demandantes fueron “defraudados en un esquema” diseñado por Bradesco. Según el escrito, el banco no sólo participó en la estructuración del bono, sino que también omitió revelar un acuerdo que le permitía desprenderse de su participación accionaria en InterCement bajo condiciones preferentes.
Todos los demandantes integran el denominado grupo “Ad Hoc”, una asociación creada tras el deterioro financiero de InterCement. La componen vehículos con posiciones relevantes en la emisión de bonos de 2014 y opera bajo una figura común en procesos de reestructuración de deuda. “En la actualidad, el grupo Ad Hoc posee colectivamente aproximadamente el 62,1% de la deuda pendiente de los bonos de 2014, que asciende a unos US$ 351 millones”, sostiene la demanda.
La historia
Todo comenzó en 2013, cuando InterCement enfrentaba problemas de liquidez. Como ya había ocurrido en el pasado, describe la acción judicial, recurrió a Bradesco en busca de alternativas para inyectar capital. Primero evaluaron una apertura en bolsa, pero esa vía no avanzó. Luego, apareció una nueva fórmula: emitir un bono en los mercados internacionales.
Antes de avanzar con la emisión, explica la demanda, Bradesco adquirió acciones preferentes en InterCement Participações S.A., subsidiaria de Camargo Corrêa. Además, firmaron un acuerdo (Option Agreement) que presuntamente no fue divulgado en el proceso de colocación del bono, y que le otorgaba al banco el derecho contractual de vender -bajo condiciones específicas- sus acciones preferentes de vuelta a Mover, el holding controlador de la cementera.
Bradesco, además de ser uno de los cinco colocadores del bono —junto a BTG Pactual, Citi, HSBC e Itaú—, se comprometió a adquirir, según el libelo, US$ 150 millones en notas de InterCement, que solo podía revender a inversionistas institucionales calificados.
Según los demandantes, Bradesco nunca reveló el conflicto de interés que mantenía con InterCement al momento de distribuir los papeles. “Si los inversores, incluidos los miembros del grupo Ad Hoc, hubieran sido conscientes de ello, la demanda y el precio de los bonos 2014 habrían sido mucho más bajos, y las condiciones habrían sido más favorables para los compradores”, sostiene la demanda.
El Option Agreement, según el escrito judicial, le entregaba a Bradesco “una cobertura oculta sustancial en caso de insolvencia futura de InterCement”. Esa cláusula -agregan los demandantes- “entraba en conflicto directo con los intereses de los tenedores de bonos de 2014”, porque Bradesco “era en realidad un acreedor principal que podría, y en última instancia lo haría, posicionarse para desviar cientos de millones de dólares de valor adeudado a los tenedores de los bonos de 2014”.
Y agregaron: “No fue hasta que InterCement Participações estuvo al borde de la quiebra cuando salió a la luz la verdad de que Bradesco no sólo era accionista preferente de InterCement Participações, sino que tenía un acuerdo especial (ocultado durante años) con la matriz del garante, Mover, que le permitiría protegerse en detrimento de los titulares de los bonos de 2014, incluidos los demandantes”.
La respuesta
Bradesco está representado por Sullivan & Cromwell, uno de los estudios jurídicos más influyentes de Estados Unidos. En el último tiempo, el bufete ha sido objeto de cuestionamientos por su rol en la quiebra de FTX -la plataforma de criptomonedas fundada por Sam Bankman-Fried- y por su participación en causas relacionadas con Donald Trump. A eso se suman críticas recientes por una política interna que contempla revisar la participación de postulantes en protestas universitarias como parte de sus procesos de selección.
En marzo, Bradesco respondió a la acción legal con un escrito de 29 páginas. Allí sostuvo que el acuerdo firmado con InterCement en 2013 no guarda relación con la emisión de bonos realizada al año siguiente. También desestimó las acusaciones por estafa, argumentando que “la demanda no alega hechos que demuestren que BBI tuviera un deber de divulgación para con los demandantes”. Sobre el cargo de competencia desleal, la postura fue similar: los demandantes, dijeron, son acreedores no garantizados y, por lo tanto, “no tienen derechos de propiedad susceptibles de apropiación indebida”.
El eje de la defensa, sin embargo, se centra en una objeción de jurisdicción. Bradesco sostiene que el lugar apropiado para litigar el caso no es Nueva York, sino Brasil. A su juicio, las reclamaciones carecen de vínculo con el estado norteamericano. “Todos o la mayoría de los documentos y testigos relevantes, incluida la prueba aportada por terceros, se encuentran en Brasil. Brasil es también la ubicación del procedimiento de quiebra de InterCement en curso, que es fundamental para la teoría del perjuicio de la demanda”, explican en la contestación.
Pero los demandantes rebaten esa interpretación. En un escrito presentado a inicios de mayo, sostienen que existen varios elementos que fundamentan la conexión del caso con la jurisdicción neoyorquina. “Las reclamaciones están innegablemente vinculadas a Nueva York: surgen de la ocultación por parte de Bradesco del Option Agreement en relación con su comercialización y venta de bonos en Nueva York, que Bradesco vendió a través de su agente con sede en Nueva York. Además, los bonos y su contrato contienen cláusulas de elección de ley y de elección de foro de Nueva York; el fideicomisario de los bonos estaba ubicado en Nueva York; el lugar designado para el pago de todos los intereses de cupones y del principal de los bonos era Nueva York; y el tenedor registrado de los bonos era una empresa de Nueva York”.
Ya sea en Nueva York, São Paulo o cualquier otra jurisdicción, el caso sigue en una etapa preliminar. Han pasado seis meses desde que se presentó la demanda en la corte neoyorquina y, hasta ahora, los avances se concentran en los escritos que cruzan estudios jurídicos a ambos lados del continente. El último documento ingresó el 6 de mayo: fue una declaración jurada firmada por el abogado brasileño Eduardo Augusto Mattar, socio de Padis Mattar Advogados, en la que cuestiona directamente el argumento de Bradesco respecto a una supuesta renuncia al plan de reestructuración extrajudicial en Brasil.
La última palabra, por ahora, la tiene la jueza Melissa Crane.
Moneda Deuda Latinoamericana: el fondo insignia
Lanzado en 2000, Moneda Deuda Latinoamericana fue uno de los primeros fondos dedicados a bonos corporativos en la región. Hoy gestiona cerca de
US$ 4.000 millones, forma parte de Patria Investments y ha invertido en más de 200 compañías latinoamericanas. Hasta septiembre de 2024, registraba un retorno anual en dólares de 11,2%. Su portafolio está concentrado en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Quienes conocen el modelo explican que su desempeño se basa en una estrategia de negociación anticipada que busca minimizar riesgos y asegurar retornos, incluso en escenarios complejos.
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