Dos documentos ingresados a un tribunal civil de Santiago dan cuenta de que, lejos de amainar, sigue al rojo el conflicto desatado entre Rodrigo Topelberg Kleinkopf y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.
El 25 de enero, Topelberg pedía en tribunales una medida precautoria que en los hechos puso en suspenso la venta de las acciones que ambos hermanos Jalaff -y sociedades relacionadas- tienen en Grupo Patio.
La medida era parte de la estrategia legal de Topelberg destinada a resguardar ese patrimonio para que los Jalaff tengan con qué responderle, pues -a ojos de Topelberg- los hermanos Jalaff fueron partícipes de un mecanismo de financiamiento ilícito, mediante facturas falsas, que arrastró a la sociedad Factop a la insolvencia, y por ende a la ruina del demandante.
Ahora Topelberg concretó el ingreso de la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Son dos documentos -una demanda y luego una modificación de la misma- que en lo medular aterriza su pretensión económica: $ 5.000 millones a él como persona natural, y $ 6.739 millones a la Sociedad de Inversiones Tanuka Limitada.
O sea, el equivalente a unos US$ 12,5 millones, precisándose que la pretensión es que las demandadas sean solidariamente responsables del pago. Pues, tal como la medida precautoria, son cinco los aludidos en esta nueva acción patrocinada por el abogado Alejandro Awad: Inversiones Santa Teresita SpA, Inversiones Patio SpA y Fondo de Inversión Privado 180, además de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff Sanz como personas naturales.
“Inversionistas con plata prestada”
La acción legal de Topelberg, junto con pedir aquella indemnización, precisa que la pretensión es también restitutoria respecto de quienes invoquen -y prueben- no ser autores del ilícito que imputa en su demanda, “como es el aparente caso de Inversiones Santa Teresita SpA, Inversiones Patio SpA y Fondo de Inversión Privado 180”, dice en ella. “Es decir, incluso de estimarse que las mismas no son partícipes-ejecutores de este esquema, deben ser condenadas a restituir a nuestros representados el provecho obtenido del financiamiento ilícito del cual han gozado”, plantea el texto.
Y es que en el documento se dice que fue “la liquidez que proveían los accionistas e inversionistas de Factop SpA -ilícitamente capturada- la que le ha permitido y aún le permite a los demandados ser accionistas de Grupo Patio SpA”.
Como argumento para su tesis, la demanda plantea que al trabarse la bicicleta y cortarse este flujo ilícito de dinero, los demandados tuvieron que salir a vender. “Suprimido el financiamiento ilícito, ni los señores Jalaff, ni Inversiones Santa Teresita SpA, ni FIP 180, ni Inversiones Patio SpA podían ser o mantenerse como accionistas de Patio; son ‘inversionistas con plata prestada’”, invoca la demanda.
En ese orden de ideas, el documento pone números al aumento del valor de Grupo Patio. “El mayor valor adquirido por las inversiones en Grupo Patio SpA de cada una de las demandadas durante el empleo de financiamiento ilícito, constituye una utilidad producto del dolo en el mejor de los casos ajeno”. ¿Cuánto? Dice que esta ganancia es la diferencia entre el valor de la inversión inicial de los demandados en Grupo Patio, tomada al valor del capital de la compañía según datos del Registro de Comercio al 19 de enero de 2015 -$ 27.942 millones-, y su valor actual, a febrero, equivalente a $ 250.244 millones, consigna el texto.
Con estos datos, matemáticamente desglosa lo que estima el mayor valor o utilidad obtenido por cada sociedad, conforme sus respectivas participaciones: Santa Teresita, $ 75.900 millones; FIP 180, $ 13.118 millones; Inversiones Patio SpA, $ 955 millones; Álvaro Jalaff, $ 5.279 millones; y Antonio Jalaff, $ 8.603 millones.
Afecta a terceros “absolutamente ajenos a su conflicto”
Consultado Antonio Jalaff, ante esta nueva arremetida, desde su equipo legal señalaron: “Es sabido que la tesis de Topelberg para eludir sus responsabilidades es tratar de involucrar, entre otros, a los Jalaff en el problema con sus socios. En ese contexto intentó, con éxito hasta ahora, una medida precautoria para impedir la transferencia de acciones de algunas sociedades con participación en el Grupo Patio, afectando a terceros absolutamente ajenos a su conflicto. Se espera que en los próximos días este asunto sea favorablemente resuelto por el Tribunal”.
A su turno, consultado también Álvaro Jalaff, éste no quiso hacer ningún comentario. Pero sí en su momento, cuando Topelberg presentó la medida precautoria, la defensa de este empresario fue categórica en que “no se ha acreditado hecho alguno que sitúe a mi representado en la posición de indemnizar a los solicitantes, sino que (Álvaro Jalaff) es acreedor del señor Rodrigo Topelberg”.
Y entre los varios argumentos que entregó, dijo que Topelberg había omitido informar que ha ejercido como director de Factop, por lo que los hechos narrados al menos debían estar en su conocimiento “resultando responsable de los perjuicios -en tanto resulten ciertos- que él mismo alega y que su dolo o negligencia habrían causado”.
Juan Pablo Hermosilla y la arista con renunciado director de la PDI: “No hay cargos contra Luis (Hermosilla), él tiene sólo la calidad de testigo”
La mañana de este viernes 15 de marzo fue movida, por decir lo menos, para todo el círculo de intervinientes del bullado Caso Audio, luego de que se conociera que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente había dado orden de entrada y registro tanto a la casa como a la oficina del hasta entonces director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz Yáñez.
Y que además éste sería formalizado este martes por el delito de infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción Artículo 246 del Código Penal, normas que aluden al lavado y blanqueo de activos. Todo porque en el marco de las pericias al celular del abogado Luis Hermosilla se había obtenido información de hechos constitutivos de delitos, lo que llevaron a que Muñoz renunciara a su cargo la misma noche del viernes.
Durante ese frenético día los WhatsApp se sucedieron para tratar de entender qué nueva arista se abría para el Caso Audio, en el que los protagonistas, además de Hermosilla, son las familias Sauer, Topelberg, la abogada Leonarda Villalobos y la empresa Factop.
Sin embargo, con el correr de las horas, varias fuentes coinciden en que esto sería como un “spin off” del caso madre Factop, pero que no guardaría ninguna relación con él. Y es que al periciar el teléfono de Luis Hermosilla, habrían llegado a otros hallazgos, vinculados a un hecho totalmente distinto: el caso que enfrenta el ex director de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación de caudales públicos y lavado de activos.
¿El nexo? Luis Hermosilla, quien era precisamente el abogado de este funcionario. Una teoría es que se habría encontrado -en el celular de dicho jurista- que Sergio Muñoz le habría compartido antecedentes en ese contexto.
Hasta ahora, a Hermosilla no le fue solicitada formalización, pues en esta nueva arista está de testigo, y no existiría una contraprestación por aquella entrega de datos por parte del ahora renunciado director de la PDI. ¿Por qué entonces Sergio Muñoz Yáñez le habría entregado antecedentes? Por ayudar a su antecesor en el cargo, Héctor Espinosa.
“Nos hemos enterado hoy (viernes) que el Ministerio Público habría encontrado antecedentes que indicarían que el actual director de la PDI habría proporcionado algún documento que el Ministerio Público estima infringe obligaciones del cargo. No tenemos antecedentes de cuál sería el antecedente que fundamenta esta imputación. El Ministerio Público me ha aclarado que no hay cargos contra Luis y que él tiene solo la calidad de testigo en relación a este caso”, dijo el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien lleva la defensa de su hermano Luis Hermosilla.
Otros conocedores del llamado Caso Audio, refrendan esta tesis de que esta formalización de la renunciada autoridad de la PDI no se vincularía con el caso Factop, porque cronológicamente no coinciden los tiempos. Es decir, a la fecha de destaparse públicamente el Caso Audio el 14 de noviembre del año pasado y ocurrir dos días después la incautación del teléfono de Luis Hermosilla por parte de la fiscalía, no había diligencias de la PDI relacionadas con la corredora STF Capital o Factop, casos que a esa fecha estaban radicados en la CMF y algunas aristas en tribunales civiles.
La familia Sauer también se encargó de separar aguas, y a través de una declaración dijeron:
“El abogado Luis Hermosilla si bien asesoró a la empresa STF, dicha asesoría se dio sólo ante instancias financieras. Nunca el abogado señor Hermosilla ha patrocinado o asesorado a la familia Sauer como alguna de sus empresas relacionadas como Factop o STF en algún litigio en que tenga o haya tenido participación la Policía de Investigaciones. Las aristas penales derivadas de la grabación espuria e ilegal de una reunión privada están siendo patrocinadas por abogados que no tienen relación alguna con el abogado señor Hermosilla. La familia Sauer durante este tiempo se ha concentrado en solucionar cualquier deuda que pudieran tener con los acreedores propios y de sus empresas relacionadas. Finalmente, reiteramos nuestra firme voluntad de colaborar en todas las instancias judiciales a las que se les convoque”.
Leonarda Villalobos y sus hijos también se pronunciaron, en voz de su abogada Alejandra Borda, quien dijo que “hasta la fecha no tenemos ninguna comunicación oficial en que se nos informe de alguna investigación por lavado de dinero relacionada con ‘el caso audios’ ni algún otro. Sin embargo, si así se desprendiese de la investigación que realiza el Ministerio Público, seguiremos cooperando hasta que la verdad se esclarezca”.
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