El acuerdo era el siguiente: UC Christus firmaría un contrato millonario de arriendo de largo plazo para usar las instalaciones de Clínica Las Condes, en Estoril, poniendo su marca y su staff de médicos. Con eso, la clínica del sector oriente se convertía en un gestor inmobiliario, lograba saldar sus deudas y recuperar algo de la inversión que hizo Cecilia Karlezi desde 2008 cuando ingresó a la propiedad y que hoy muestra números rojos.
Por CLC negociaba directamente Alejandro Gil, mientras que por UC Christus, compañía que se formó tras una asociación de la universidad con la estadounidense Christus Health, el negociador era el banco de inversión BTG Pactual Chile. Las conversaciones duraron meses, se había logrado llegar a un número para el acuerdo, estaba casi todo listo, pero en enero CLC cambió de opinión: quería vender todo, o no había deal. Y el trato se cayó.
Hoy, dicen fuentes conocedoras, las conversaciones podrían reactivarse, sobre todo porque a CLC le aqueja una situación financiera desafiante y la marca estaría pasando por bajos niveles de aprobación, luego de que se fueran más de 300 médicos a competidores como Meds, Clínica Alemana y Santa María, y sus pabellones tienen una ocupación de menos del 35%.
Por su parte, para UC Christus la conversación también tiene sentido, porque la ubicación es estratégica para competir en el sector oriente y porque hay tecnología que CLC tiene y que es atractiva para incluir en su oferta de servicios.
En el mercado comentan que Christus no es la única que ha estado en conversaciones. Varios apuntan también a BUPA y Empresas Banmédica como observadores del proceso, pero que no avanzaron en las negociaciones, porque el precio que estarían pidiendo Karlezi y Gil sería demasiado elevado. Sólo como referencia, cuando tomaron el control de la clínica en 2019 lo hicieron pagando $ 40 mil por acción. Hoy el papel está a $ 19 mil.
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Números rojos
Los últimos estados financieros que dio a conocer la clínica, a septiembre de 2023, dieron cuenta de la profunda crisis que atraviesa. Sus ingresos cayeron un 24,4% año contra año y reportó pérdidas por $ 3.471 millones.
La liquidez, también, cae a niveles críticos. La caja total de la empresa se redujo a menos de la mitad, desde $ 19.889 millones a $ 9.528 millones. Y al hacer doble click en esa cifra, se observa que el área de Seguros CLC mostró un alza leve, sin embargo, la caja de “CLC y otras filiales” cayó en casi en un 80%, a los $ 3.000 millones. En esto ha influido particularmente el rechazo de primera instancia a su demanda contra el fisco, lo que aumenta sus estimaciones de deudores incobrables Fonasa Covid, por lo que la firma tuvo que ajustar sus provisiones. La deuda incobrable totaliza $ 12.139,7 millones.
Las consultas médicas cayeron en un 36% y las atenciones de urgencia en un 30%. Y la ocupación de la infraestructura total de camas disponibles fue de sólo un 34%, muy por debajo del 60% que reportaron a septiembre de 2022. “No alcanza los niveles de antes de la ampliación”, dice una persona familiarizada con las operaciones de la clínica.
Y a todo esto, hay que sumar su exclusión temporal de participar en licitaciones públicas por sentencias condenatorias en juicios laborales.
En el mercado creen que los resultados a diciembre podrían ser incluso peores, y sobre todo porque ahora va a tener que reconocer una contingencia con las isapres, así como con proveedores, en nuevos flancos que se han ido abriendo estas semanas.
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Femsa activa acciones
Femsa Salud –filial chilena de la mexicana Femsa, que controla Socofar y Farmacias Cruz Verde en Chile– inició acciones legales en contra de CLC a principios de este año, donde acusan 116 facturas impagas emitidas entre agosto y noviembre de 2023, por una suma total de $ 785,9 millones.
Conocedores de este caso explican que las demoras en los pagos venían de hace un largo tiempo, lo que causó roces entre ambas compañías. Y así, tras una serie de conversaciones con representantes de la clínica, Femsa decidió acudir a la justicia. Las relaciones comerciales entre ambas firmas, vale decir, se acabaron en 2023.
Fuentes cercanas a la CLC contrastan esa versión y dicen que algunas de las facturas en cuestión ya están pagadas y critican que, luego de que los negocios entre ambas empresas terminasen de forma poco cordial, Socofar no los llevó a la justicia directamente, sino que cedió las facturas a Femsa Salud, lo que, a juicio de la clínica, entorpece la discusión legal.
De acuerdo a la última memoria de la CLC (2022), Socofar fue el principal proveedor de la compañía, siendo la única empresa que representó al menos 10% del total de las compras realizadas en el periodo.
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La controversia con isapres
Pero es el conflicto con las isapres lo que tiene más expectante al mercado. Según explicó CLC en sendos hechos esenciales, en abril del año pasado, Alejandro Gil se enteró de que habrían descuentos adicionales a los acordados con las isapres y eso habría afectado patrimonialmente a la empresa.
Casi todas las clínicas firman convenios por volumen con las isapres. Esto por lo general se traduce en que si se cumplen ciertos rangos de gastos en el año, la institución de salud hace un descuento en la factura a las isapres a final de año. Por lo general, esto se adelanta a través de notas de crédito, y las aseguradoras las cobran cuando sobrepasan el monto acordado en el convenio.
CLC hizo eso desde 2012 con casi todas las isapres. Sin embargo, según habría descubierto la administración, se entregaron descuentos extra y fuera del acuerdo.
“La controversia se relaciona con la emisión de notas de crédito por CLC y filiales; instrumentos que habrían rebajado o dejado sin efecto, fuera de los casos contractualmente pactados, facturas correspondientes a prestaciones que las entidades aseguradoras debían enterar a CLC”, dijo en una comunicación el 14 de febrero. Ahí dijo que estaba haciendo una investigación interna además de pedir informes a EY, KPMG y análisis en conjunto con las isapres “que han mostrado disponibilidad”.
El 19 de febrero envió un nuevo hecho esencial dando más antecedentes, a petición de un oficio enviado por la CMF. Ahí explicó que dichos convenios datan de 2012, pero las notas de crédito que están revisadas van desde el 2017 al 2023. CLC emitió notas de crédito que no tienen autorización en los convenios, lo que rebajaba la facturación de CLC “más allá de lo pactado”, acotaron. Y se habrían encontrado problemas con Banmédica, Vida Tres, Cruz Blanca, Colmena, Nueva Masvida y Consalud.
“Frente al escenario actual de incertidumbre que atraviesan las isapres, profundizado por el reciente fallo de la Corte Suprema que paralizó el proceso de reajuste de los planes base que estaba en curso para el periodo 2022-2023, si bien no es posible determinar a esta fecha si el desarrollo de la situación de las isapres afectará la cobrabilidad de estas cuentas; CLC está dando seguimiento al comportamiento de pago y al cumplimiento con los acuerdos suscritos por las Isapres, para monitorear este riesgo”, dijo en sus balances de septiembre del año pasado la Clínica.
Sin embargo, hace un año, cuando CLC comenzó a cuestionar pagos, las isapres Banmédica y Vida Tres tomaron la iniciativa -que representarían los descuentos más cuantiosos-, ficharon a la auditora PwC e hicieron revisar todas y cada una de las facturas y notas de crédito que cuestionaba la clínica. Cuando se convencieron de que todo estaba en orden, decidieron activar una cláusula del acuerdo y llevar a un arbitraje a CLC.
El convencimiento que hay dentro de las isapres controladas por UnitedHealth Group es que no están dispuestos a perder ni un solo peso, sobre todo entendiendo lo ajustados que están los márgenes y la difícil situación que vive el sector. El arbitraje se suspendió durante febrero, pero de acuerdo con los plazos que se manejan, las isapres del grupo Banmédica ya deberían haber ingresado su demanda en enero.
Pero CLC también está segura de que hubo errores y de que esos dineros deben registrarse como un activo contingente en su estado financiero.
Fuentes cercanas a Clínica Las Condes señalaron que se mantiene en contacto permanente con todas las isapres; y se encuentra en proceso de negociación de nuevos convenios y en una relación colaborativa con ellas. En relación con el arbitraje con Banmédica y VidaTres, también se mantienen relaciones con dichas instituciones.
La pregunta que se hace el mercado es cómo se reflejará el conflicto por los descuentos en los estados financieros de la clínica, y se ha generado expectación al respecto. Clave para eso serán las conclusiones a las que lleguen los informes que EY y KMPG -ambas por CLC-, están preparando, y que podrían arrojar una radiografía más clara y acabada de la situación financiera de la empresa.
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El paso de los gerentes
Ahora es Pablo Ortiz Díaz el gerente general interino en CLC. Pero antes de él, y desde que Karlezi tomó el control, han pasado un total de cinco CEO. Ignacio Tapia fue gerente entre julio de 2022 y agosto de 2023; Jerónimo García lo fue entre agosto 2020 y abril 2022; Fredy Jacial estuvo entre mayo y agosto de 2020; Andrés Illanes fue entre febrero y mayo de ese mismo año; Jaime Hagel ocupó el cargo entre agosto 2019 y marzo 2020.
El año pasado también contrataron nuevos gerentes. En Administración y Finanzas, a Joaquín Herrera; en Contabilidad a Ricardo Moreno; y en TI, a John Salvo. El director médico actual es Jorge Rufs, que ocupa el cargo desde octubre del año pasado.
En todo caso, en la clínica creen que la situación va mejorando e incluso algunos médicos que se fueron han vuelto. “La clínica mantiene una posición financiera estable y de constante crecimiento, y sin perjuicio de situaciones particulares, sus pagos a doctores y proveedores no presentan inconvenientes”, recalcan fuentes cercanas a CLC, aunque sus cifras dicen lo contrario.
La apuesta es que los intentos por sacar a la empresa de la UCI van a seguir. Habrá que ver cómo evoluciona.
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