Fue hace dos años. Moisés Pollak, gerente Comercial y Productos de LarrainVial Asset Management, y Francisca Medeiros, gerente de Sostenibilidad y Fundación del banco de inversión, se acercaron al presidente de la entidad, Fernando Larraín, para presentarle un proyecto diferente.
Se trataba de un fondo de inversión con cero comisión, pero enfocado en un contrato social, un modelo de diseño, gestión y evaluación de programas sociales basado en resultados. Es decir, sólo se paga si el proyecto cumple su objetivo. Se trata de un mecanismo que ya funciona en otros países del mundo. En Chile, éste promete ser el primero de muchos, dicen ellos.
A Larraín le gustó la idea. “Fue muy bien recibido. Cuando partimos el fondo me dijo ‘esto no es una colocación más, hay que seguir buscando oportunidades e invitar a nuestros clientes a invertir con impacto”, recuerda Pollak.
El nuevo fondo demoró en estructurarse. Ya existía un piloto en el que había participado la Fundación LarrainVial en 2019 en conjunto con Colunga, Mustakis, Viento Sur y San Carlos de Maipo, además del presidente de Tánica, Cristoph Schiess, pero que cerró antes de tiempo por el estallido social y la pandemia. Entonces demostró que el modelo funcionaba.
Por eso, desde 2020 cuando se creó Bien Público, una agrupación que reúne a 11 organizaciones benéficas, entre ellas las ya mencionadas (Viento Sur ya no está), además de las fundaciones Angelini, Ilumina, Reinaldo Solari, Emprépolis, Olivo, Fundación Luksic y Huella, se empezó a pensar en un segundo intento, pero esta vez con un fondo de inversión detrás.
Ahí fue cuando se conocieron Pollak con Rafael Rodríguez, director ejecutivo y secretario de Bien Público, quien hoy actúa como intermediador de todas las piezas de este puzzle, y empezaron a cranear la idea.
Terremoto educativo
Para todas las fundaciones de Bien Público la educación es un objetivo central, sobre todo tras la crisis post pandemia. Por eso, el fondo invierte en dos programas, Cada Día Cuenta, para aumentar la retención escolar, a cargo de la Fundación Presente, y otro que busca mejorar las habilidades lectoescritoras, que implementan las fundaciones Astoreca, Aptus, Crecer con todos y Educacional Barnechea.
La búsqueda y selección de estas organizaciones es compleja. Deben cumplir con requisitos de experiencia, coherencia y estabilidad financiera. Su capacidad de llevar a cabo los objetivos es clave para que luego las organizaciones pagadoras, en este caso el Gobierno Regional Metropolitano, la Municipalidad de Puente Alto, además de los donantes- las fundaciones que componen Bien Público, además del Colegio Betterland- paguen los montos comprometidos una vez comprobado su éxito.
Si no se cumplen los objetivos pactados, simplemente no hay pago. Son 80 colegios los que serán impactados y un total de 17 mil alumnos. La entidad a cargo de evaluar el cumplimiento es Colegium.
Pero es en el financiamiento inicial de los proyectos que entran los inversionistas del fondo. Por eso Pollak y su equipo trabajaron desde noviembre pasado para convencer a los clientes de su banca privada de aventurarse en este innovador activo. Porque si todo sale bien, los pagadores finales (donantes filantrópicos y entes estatales) pagan una prima extra que asegura, además de la rentabilidad social, una rentabilidad de 8% para los inversores.
Hasta ahora el fondo cuenta con 70 aportantes y un patrimonio de $ 500 millones, pero si entra un tercer programa social, la idea es llevarlo a $ 1000 millones. “Si el Estado encarga la construcción de un puente, éste se va pagando a medida que se construye. Si no se concreta, no se paga. Pero no estamos acostumbrados a que funcione así en programas sociales. Esto busca cambiar eso”, resume Rafael Rodríguez.
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